En el Boletin Oficial de hoy se publicará el decreto reglamentario de la nueva Oficina de Sumarios, que se dedicará a investigar la actuación de los empleados de toda la administración pública. En esa oficina se desempeñarán cinco abogados sumariantes y un jefe o coordinador. Según el subsecretario de Gestión Pública Ulpiano Suárez, todos los profesionales son actualmente empleados de planta, por lo que no habrán contrataciones para crear la dependencia.
Otra novedad del decreto es que los expedientes en trámite deberán resolverse en el término de 150 días corridos; en caso de que los sumariantes no cumplan este plazo, serán sancionados.
El nuevo Régimen General Disciplinario desató una fuerte polémica en los gremios estatales. Quién avanzó más en las críticas fue el secretario general de ATE Roberto Macho, quien se presentó ante la Suprema Corte mendocina para pedir la inconstitucionalidad de la ley 9.103 sancionada en octubre pasado. De esa presentación no hay resolución aún, aunque el nuevo régimen disciplinario aún no se aplica.
En aquellos días Macho indicaba que se modificó el Estatuto del empleado público y que "es una flagelación al derecho de defensa de los trabajadores frente a las sanciones de la patronal de turno".
El nuevo régimen puede aplicarse a las pesquisas que estaban en trámite al momento de la sanción de la ley, en caso de que la nueva norma sea más beneficiosa que el régimen anterior.
La Oficina de Sumarios es uno de los puntos del nuevo Régimen General Disciplinario establecido en la ley 9.103 sancionada el 10 de octubre del año pasado y publicada el 16 de octubre. Esa última fecha es clave: Todos los sumarios iniciados después se instruirán bajo el nuevo sistema en la nueva oficina.
Todos los empleados sumariados con el nuevo régimen, deben fijar una dirección de correo electrónico para recibir las notificaciones. Todas las actuaciones se llevarán adelante bajo la modalidad oral y expedientes sin papel.
En la reglamentación también se dispone la creación de un registro. Se inicia el expediente y cuando haya resolución se carga la sanción o la decisión de archivar. La idea es saber cuántos empleados son investigados y cuántos reciben una sanción o no y así generar estadísticas.
Suárez dice que la duración promedio de los sumarios es de cinco años y que la expectativa es que el nuevo sistema reduzca esos tiempos. "Actualmente no tenemos un registro actualizado de sumarios y de qué manera se resuelven", dijo el subsecretario de Gestión.
Hasta ahora cada pesquisa se instruye en el área legal de cada ministerio y los abogados sumariantes dividen su tiempo entre la investigación de las faltas supuestamente cometidas por los empleados y otras tareas de la gestión. El nuevo sistema centraliza la realización de todos las investigaciones de la Administración Pública en una oficina.
La Oficina de Sumarios debe elevar dictamen a la Junta de Disciplina (con representación de empleados), que debe sugerir la sanción correspondiente y será el funcionario político el que definirá el castigo a aplicar.
Al momento de llegar a la Gobernación Alfredo Cornejo, se realizó un relevamiento de los sumarios administrativos abiertos y sin resolución. Cuando se debatió la modificación del régimen disciplinario, surgió que en octubre de 2018 habían 974 sumarios sin resolver, de los cuáles 345 se habían iniciado durante la administración de Celso Jaque (2007-2011), 313 en la era Francisco Pérez (2011-2015) y 316 de la gestión Cornejo.
En aquel momento se informó que hasta octubre de 2018, se habían definido en el actual gobierno 293 cesantías.
En el Gobierno indican que si se tiene en cuenta que actualmente hay algo más de 95 mil empleados, los estatales sumariados rondan el 1% del total. "La gran mayoría de los estatales cumplen con su tarea; pero si hay uno que comete una falta, tiene que ser investigado de manera ágil y si cometió una falta tiene que ser sancionado, porque no da lo mismo ser bueno o mal empleado" dice Suárez.
El subsecretario dice ahora que “no se vulnera el derecho de defensa de los trabajadores que van a ser sometidos a investigación. Se incorporó con la ley una etapa presumarial, para que se determine si hay elementos para iniciar un sumario”.
Claves
Nuevo sistema. A partir de hoy entra en vigencia el nuevo Régimen General Disciplinario para empleados públicos.
Dedicación exclusiva. La Oficina de Sumarios centraliza se dedicará exclusivamente a investigar las faltas de empleados estatales.
La previa. Se establece una etapa presumarial de un mes para determinar si hay elementos para abrir un sumario.
La misma escala. Las sanciones son las mismas que estaban previstas originalmente: apercibimiento, suspensión, cesantía y exoneración.
Trámite veloz. Se busca mayor celeridad en el procedimiento, que actualmente demora cinco años en promedio.
