El juez Juan Manuel Pina aceptó la apelación que presentó el Servicio Penitenciario y ordenó suspender la polémica resolución de Sarmiento.
Penal San Felipe. Archivo
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La polémica por la tenencia de celulares en las cárceles volvió a foja cero este lunes. Luego de que el Gobierno provincial arremetiera contra el freno del retiro de dispositivos que ordenó el juez Sebastián Sarmiento, esta mañana el magistrado se inhibió de la causa y su reemplazante decidió dar marcha atrás con su resolución.
El juez Juan Manuel Pina aceptó un recurso de apelación presentado por el Servicio Penitenciario de Mendoza y a la vez, suspendió lo dispuesto por Sarmiento: se reanudará el operativo de secuestro en los complejos San Felipe y Bolougne Sur Mer.
En el fallo de este lunes, el juez de Ejecución en turno dictó haber "recibido en tiempo y forma el escrito de apelación interpuesto por el Director General del Servicio Penitenciario de la Provincia de Mendoza, por correo electrónico en fecha 16/04/2025".
Se trata del recurso de apelación presentado un día después de que Sarmiento ordenara el freno del retiro de celulares en las cárceles de San Felipe y Bolougne Sur Mer, aduciendo que no se cumplían determinadas condiciones, como un teléfono celular disponible cada 200 internos.
Esta mañana, Sarmiento decidió inhibirse de la causa y el juez Pina lo reemplazó, revirtiendo inmediatamente la medida que había impuesto. "Atento a la inhibición del Dr. Sebastián Sarmiento, CONCÉDASE el recurso de apelación interpuesto en tiempo y forma por el Director del Servicio Penitenciario de la Provincia de Mendoza, contra el auto dictado en fecha 15/04/2025. (art. 466 Ley 6730, t.o. 7007 y cctes. del C.P.P.) y SUSPENDASE lo ordenado mediante resolución de fecha 15 de abril de 2.025 en lo que resulta objeto del presente recurso, y hasta tanto quede firme la misma", resolvió el juez Pina.
El martes pasado el juez de Ejecución Penal, Sebastián Sarmiento, resolvió suspender el retiro de celulares en los complejos penitenciarios de San Felipe y Bolougne Sur Mer, después de hacer lugar a un hábeas corpus colectivo presentado por un grupo de internos.
El juez entendió que el Servicio Penitenciario no cumplió con la "proporción mínima exigida de un dispositivo tecnológico por cada 200 personas privadas de libertad" en esos dos complejos y agregó que "ni se verifica" que los dispositivos disponibles "reúnan las condiciones técnicas mínimas exigidas en cuanto a privacidad, funcionalidad, accesibilidad y disponibilidad".
Por lo tanto ordenó la "suspensión transitoria de la aplicación y ejecución" del secuestro de celulares y además intimó al Servicio Penitenciario a que, en un plazo de 20 días hábiles, presente un nuevo informe sobre los dispositivos tecnológicos disponibles en esas unidades.
Ante esto, la ministra Mercedes Rus respondió un día después con un recurso de apelación contra el fallo, por "intromisión en las funciones propias de la administración".
La funcionaria advirtió que el magistrado excedió su facultad jurisdiccional y además hizo caso omiso a una sentencia de la Corte, como máximo órgano judicial de la provincial.
La ministra cuestionó que el habeas corpus fue presentado por un grupo de internos estudiantes de la UNCuyo y el juez decidió ampliar el alcance del mismo a toda la población carcelaria de ambos complejos, tomándose atribuciones que le corresponden al Servicio Penitenciario Provincial como autoridad, según establece la Ley Orgánica que fue modificada el año pasado.
Desde el Gobierno provincial también advirtieron que evalúan presentar un Jury de Enjuiciamiento contra el juez no solo por haberse extralimitado, sino también apalancándose en otros fallos polémicos que tiene en su haber, como el caso de Héctor Pelayes que fue asesinado en 2024 por un hombre condenado por homicidio que salió antes de la cárcel por disposición de Sarmiento. Este lunes, el juez decidió apartarse de la causa y su resolución quedó suspendida por un colega suyo.
