El jefe de fiscales, Alejandro Gullé, se refirió a la polémica desatada por el fallo del juez Sebastián Sarmiento que fue apelado por el Ministerio de Seguridad.
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El Procurador de la Corte, Alejandro Gullé, se refirió este viernes a la polémica desatada por el retiro de celulares que ordenó frenar el juez de Ejecución Penal, Sebastián Sarmiento, en los penales de San Felipe y Bolougne Sur Mer. El Ministerio de Seguridad y Justicia apeló la resolución del magistrado y no descartan ir por un Jury de Enjuiciamiento.
El jefe de los fiscales advirtió que el juez Sarmiento argumentó la suspensión del proceso, a través de condiciones que no forman parte del fallo de la Suprema Corte de Justicia, al momento de habilitar el retiro de los celulares en octubre pasado.
Gullé señaló concretamente que la "proporción mínima exigida de un dispositivo tecnológico por cada 200 personas privadas de libertad" que el juez citó en su fallo, no se condice con lo resuelto por el máximo tribunal. "Eso no surge de la resolución de la Corte", aseguró en contacto con Radio Nihuil.
El Procurador comentó que las condiciones para el retiro "deben ser posibles y realizables" para el Servicio Penitenciario provincial, considerando que atraviesan un proceso de compra de dispositivos antivandálicos, pero el juez no ha tenido en cuenta a la hora de fallar.
"No tengo dudas de que quieren instalar teléfonos, pero la factibilidad no siempre la tenemos a pedir de boca. Entonces, no es tan fácil poner un teléfono cada 200 personas, se pondrán los que se puedan en base a las posibilidades materiales que existen. Esto no nos puede limitar o llevar a suspender una medida ordenada por la Corte", sostuvo.
En octubre pasado, la Suprema Corte de Justicia resolvió habilitar la quita de celulares de las cárceles en un plazo no menor de 6 meses. El conflicto había escalado hasta el máximo tribunal porque el juez Sarmiento solicitaba como condición para el retiro, la instalación de teléfonos públicos en los pabellones y el Ministerio Público Fiscal lo apeló.
Entonces, la Corte resolvió aprobar la apelación que el MPF había interpuesto sobre este punto y las condiciones que se establecieron, fue volver a un esquema de visitas semanales (un procedimiento que se está cumpliendo) y otorgarle el acceso de celulares solamente a las internas que tienen hijos.
En ese momento, el presidente de la Corte, Dalmiro Garay, explicó que el Servicio Penitenciario podrá regular la comunicación para internos, “por celular, computadora o algún mecanismo alternativo”, en los casos en que “deban hacerse un tratamiento médico de forma remota o deban estudiar”, por ejemplo. Pero “no con la posibilidad de tener cada uno su propio celular”, aclaró.
"El agravio estaba esencialmente puesto en un punto, en el que se condicionaba la posibilidad de retiro de los celulares a que el Servicio Penitenciario pusiera teléfonos públicos o semipúblicos en los pabellones o en los lugares que así disponía el juez", sostuvo el magistrado.
"Nosotros entendimos, haciendo lugar a la apelación del MPF, es que esa condición establecida por el juez está fuera de la ley, porque ninguna norma exige eso y en segundo lugar porque hay informes en el mismo expediente que determinan que ese tipo de servicio de telefonía no se puede prestar en los complejos de Mendoza”, completó Garay.
Por otro lado, Alejandro Gullé explicó los riesgos que representa que los internos tengan acceso libre a los teléfonos celulares y afirmó que tienen "varias causas" en investigación en el Ministerio Público Fiscal.
"Lo que pasa es que hay que geolocalizar el teléfono y es un procedimiento bastante problemático descubrir de dónde viene la estafa. Suelen operar en redes sociales, ofrecen artículos para la compra y los venden a un precio más barato que se consigue en plaza. Entonces se contactan con gente interesada y les dicen que los esperan en tal lugar", narró Gullé.
"Ellos se comunican con algunos cómplices que tienen afuera y los otros los esperan. Esto ha pasado mucho y no es un capricho sacar el teléfono para castigar", postuló el jefe de fiscales.
Si bien reconoció que la comunicación telefónica "es una manera de resocializar, pero cuando utilizan la tecnología para delinquir, estamos hablando de otra cosa. Creo que hay que medirlo".
En marzo pasado el Ministerio de Seguridad y Justicia inició la tercera etapa del retiro de celulares, que consiste en la requisa a los internos, para lograr secuestrar 2.800 dispositivos que aún quedaban en sus manos.
El martes pasado el juez de Ejecución Penal, Sebastián Sarmiento, resolvió suspender el procedimiento en los complejos penitenciarios de San Felipe y Bolougne Sur Mer, después de hacer lugar a un hábeas corpus colectivo presentado por un grupo de internos.
El juez entendió que el Servicio Penitenciario no cumplió con la "proporción mínima exigida de un dispositivo tecnológico por cada 200 personas privadas de libertad" en esos dos complejos y agregó que "ni se verifica" que los dispositivos disponibles "reúnan las condiciones técnicas mínimas exigidas en cuanto a privacidad, funcionalidad, accesibilidad y disponibilidad".
Por lo tanto ordenó la "suspensión transitoria de la aplicación y ejecución" del secuestro de celulares y además intimó al Servicio Penitenciario a que, en un plazo de 20 días hábiles, presente un nuevo informe sobre los dispositivos tecnológicos disponibles en esas unidades.
Ante esto, la ministra Mercedes Rus respondió un día después con un recurso de apelación contra el fallo, por "intromisión en las funciones propias de la administración", pudo averiguar este diario.
La funcionaria advirtió que el magistrado excedió su facultad jurisdiccional y además hizo caso omiso a una sentencia de la Corte, como máximo órgano judicial de la provincial. El recurso fue presentado en la segunda instancia, que es el Tribunal Penal Colegiado, pero recién el lunes se sabrá que jueces le darán tratamiento.
La ministra cuestionó que el habeas corpus fue presentado por un grupo de internos estudiantes de la UNCuyo y el juez decidió ampliar el alcance del mismo a toda la población carcelaria de ambos complejos, tomándose atribuciones que le corresponden al Servicio Penitenciario Provincial como autoridad, según establece la Ley Orgánica que fue modificada el año pasado.
Además, este jueves la vicegobernadora Hebe Casado anunció que podrían solicitar un proceso de Jury de Enjuiciamiento contra el juez Sarmiento por haberse extralimitado de sus funciones. "Lo estamos analizando con el equipo de abogados", confió a Los Andes.
