En el mundo de los juicios laborales por accidentes de trabajo se da una paradoja que tiene que ver con el alza de los litigios por este motivo al mismo tiempo que decrecen los accidentes laborales. Así lo dio a conocer la estadística que elabora la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART). Solo durante el primer trimestre del 2025 se registraron 25.621 nuevos juicios. En esta línea y si todo sigue con dicha tendencia este año se alcanzaría la cifra récord de 132.100 casos. Esto implica un incremento de cerca del 70% respecto de la cantidad de juicios de 2018, cuando se registraron menos de 80.000 demandas y de 4,76% en comparación con 2024 que cerró con 126.077 casos.
“La ecuación pone en situación de máxima tensión a un sistema que otorga cobertura de calidad a más de 10 millones de trabajadores en todo el país”, expresaron en el informe de UART. En este punto, quienes trabajaron en la conformación de este documento, explicitaron que Mendoza se encuentra cuarta en el ranking de litigiosidad laboral por accidentes de trabajo. La provincia se ubica detrás de Buenos Aires, CABA y Santa Fe. Y agregaron: “En los últimos doce meses acumula casi 10.000 juicios”, precisaron.
Para comprender la cifra es preciso ponerla en contexto con otros países con sistemas similares. Según el informe de UART dos sistemas similares son los de Chile y España con prestaciones menores que las que existen acá y menor cantidad de juicios. Así, en Chile se registran 5,8 juicios por cada 10.000 trabajadores mientras que en España son 8,5 juicios en función de la misma proporción. En Argentina el salto es alto ya que se contabilizan 114 juicios por cada 10.000 trabajadores. Esto, según los expertos, se debe a que el sistema actual no favorece las pericias objetivas sino que son de parte. Aunque se pueden apelar, lo cierto es que es una situación compleja.
Cómo funciona el sistema
El incremento sostenido de la litigiosidad va a contramano de una disminución sistemática en la cantidad de accidentes. Según el informe de la UART esto posee un impacto directo sobre toda la estructura productiva argentina, afecta la empleabilidad, incrementa los costos de producción y, por ende, la competitividad del sector privado. “No es lógico que esto suceda y la diferencia entre Argentina con otros países muestra la ineficacia del sistema”, explicaron desde UART. Incluso dentro del país hay desigualdades con relación a este tema. Es porque a diferencia de los juicios laborales comunes por desvinculaciones y motivos similares, para los relacionados con accidentes no es necesario modificar la ley.
De hecho, en 2017 el Congreso votó una nueva norma -la 27348- que fue aprobada por la mayoría de las legislaturas provinciales. El tema es que la aplicación debe hacerla el poder Judicial de cada distrito, algo que ha sido implementado de manera despareja y se nota en la cantidad de juicios. Fuentes del sector explicaron que el principal problema es que los peritos de los juicios laborales no forman parte de staff de la Justicia como sí lo hacen los médicos forenses en casos penales o los peritos contables en delitos económicos.
En este sentido, son procesos que dependen de las pericias de los peritos de parte. De hecho, la ley nacional promueve que los peritos en este tipo de juicios sean: Médicos especialistas seleccionados por concurso y que utilicen adecuadamente el Baremo y el LEP (Ley de Excedencia Proporcional) para valorar los daños y calcular la indemnización. Además, deben tener honorarios desanclados del resultado del proceso (es decir no cobrar un porcentaje en función de lo obtenido por la sentencia) y con intervención en todos los casos. Esta situación provoca un impacto en la cantidad de juicios que se llevan adelante.
El informe de la UART que habla de la “paradoja” muestra la efectividad del cambio con datos de dos provincias similares. Una, Salta, donde se aplica el sistema que promueve la ley y otra, Jujuy, en la que no. Los índices de judicialidad de ambas regiones están en las antípodas con 3% para la primera y 114% para la segunda. En Mendoza tampoco se aplica la ley de manera directa, pero sí existe un sistema intermedio en el que el Estado revisa la pericia realizada. Esto, no obstante, no ha bajado las tasas judiciales tanto como en las provincias donde si se aplica la Ley 27348.
Costos laborales en alza
“El sistema está en riesgo producto del exacerbado crecimiento de la litigiosidad y un esquema de actualización de los montos de indemnizaciones que no responde a la normativa vigente”, sostuvo Mara Bettiol, presidenta de la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART). Es que si bien los juicios son contra las aseguradoras, la tensión que implica el exceso de planteos en la Justicia, implican un incremento de este costo laboral. Se trata de uno más de los que suelen plantear las empresas cuando hablan del alto costo argentino en donde estas situaciones atentan, muchas veces, contra la supervivencia de las compañías.
En este sentido, Adrián Alín, presidente de la Cámara Empresaria de Comercio, Industria, Turismo y Servicios (Cecitys), comentó que para una pyme con dos o tres empleados un juicio en contra puede implicar su cierre debido a los altas costas y sentencias. Alín agregó, sin embargo, que las principales dificultades hoy en torno a cuestiones de salud tienen que ver con los certificados psiquiátricos. Aunque no son casos que lleguen a las ART, la falta de control de este tipo de situaciones incita a abusos en muchos casos.
“Para un comercio es complejo porque ese empleado no se puede reemplazar y muchas veces son casos difíciles de probar”, comentó Alín quien agregó que es una situación adversa para ambas partes. Es porque muchas veces las personas realmente tienen el problema y al final tienden a pagar justos por pecadores. Más allá de esta situación específica, lo cierto es que el sector empresario pide desde hace tiempo un cambio en las normas que tiendan a reducir la litigiosidad, algo que implica altas erogaciones de recursos y tiempo.
En este sentido, Mario Bustos Carra, presidente de la Cámara de Comercio Exterior de Cuyo, observó que las leyes laborales deben actualizarse con el fin de minimizar la litiogisidad. “No se trata de perjudicar a nadie, pero este sistema favorece la industria del juicio y es una espada de Damocles que pende sobre cualquiera que decida contratar a alguien”, explicó Bustos Carra. En general, el sector empresario aduce que tanto este como otros costos laborales, atentan contra el empleo en blanco y la mejora de salarios.
