El gobierno provincial sigue dispuesto a establecer reformas de fondo a leyes para buscar un Estado más ordenado y eficiente. Al proceso de modernización, el régimen de concursos, la ley de Procedimientos Administrativos y el ítem aula en docentes, entre otros, ahora se sumará la ley del Escalafón del Empleado Público, que prevé modificaciones que afectarán a los estatales, en principio de la Administración Central y órganos descentralizados.
En los próximos días el ministro de Gobierno, Dalmiro Garay abrirá la convocatoria a todos los gremios, como la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE); la Unión Personal Civil de la Nación (UPCN) y el Sindicato de Trabajadores Estatales Autoconvocados (SITEA), para sentarse a discutir las reformas en la Subsecretaría de Trabajo.
Principalmente las modificaciones se centrarán en mejorar la productividad de los estatales, incentivándolos a que "hagan carrera" con ascensos por concursos y promesa de mejoras salariales. Para esto es necesario actualizar la ley 5.126, que ha sufrido varios parches desde su sanción en 1986; así como también el Estatuto del Empleado Público, decreto del año 1976.
Según confirmaron desde Casa de Gobierno, se reordenará todo el escalafón y mejorará la carrera de los estatales, ya que no hay prácticamente incentivos para que un trabajador del Estado busque ascender o capacitarse en su trabajo; no solamente para mejorar el servicio que brinda, sino además para mejorar su salario.
Sobre esto Garay indicó que es necesario "tener otra visión del empleo público porque no hay motivación para ascender. Venimos de 10 años de pauperización del trabajador estatal, en el cual hemos visto un achatamiento de la pirámide salarial".
Los datos están a la vista con los concursos que se abrieron en esta gestión. Hubo cerca de 30.000 postulantes para ingresar en el Estado, con 51 cargos disponibles; pero solamente se registraron 700 para concursar por los 61 ascensos en juego.
De esta manera, las reformas apuntarán a revisar todas las clases (de la 1 a la 13) y redefinir una estructura que refleje un plan de carrera y "expectativas para capacitarse y tener ascensos".
Sin embargo, también se estima que se intentará optimizar el ingreso al Estado, en base a concursos, y de esta manera terminar con las pujas de los gremios para que se dé lugar a todos los contratos de locación de servicios, como suele ocurrir cada año en paritarias.
Inequidades
Con respecto al achatamiento de la pirámide salarial, los mismos referentes de gremios indicaron que actualmente no le conviene a un trabajador aspirar a un ascenso.
Roberto Macho, secretario general de ATE, sostuvo que dicho ascenso "viene acompañado de mayores responsabilidades y trabajo, pero el sueldo es prácticamente el mismo, solamente mejora en unos 300 o 400 pesos. No sirve", destacó.
Según explicó Garay, en los últimos años los aumentos se dieron "sobre todas las clases, pero con mayor monto económico para las clases más bajas con ítems en negro, por lo que se fueron acercando salarialmente estas clases". De hecho, la clase 1 y 2 prácticamente desaparecieron, ya que no había diferencia salarial, por lo que la inicial pasó a ser la 3.
Otro de los puntos que se intentará resolver es establecer nuevos agrupamientos según la tarea. Como por ejemplo el rubro de los técnicos informáticos, o de los especialistas en estadísticas, que no están contemplados en la normativa que con el paso de los años y con el advenimiento de las nuevas tecnologías han quedado obsoletas.
“Los parches en todos los rubros y ocupaciones se fueron saldando en paritarias con ítems y más ítems, muchos en negro, para intentar compensar un trabajo más específico e ir salvando las inequidades”, especificaron.
En tanto, muchos trabajadores estatales han intentado en los últimos años cambiar de órbita o de dependencia, para poder recibir esos adicionales que en su ministerio no los otorgaban.
Por otro lado, también intentarán terminar con las desigualdades que existen en diferentes ministerios. "Un administrativo en la secretaría de Cultura cobra unos 4.000 pesos menos que un administrativo de Rentas, con la misma carga horaria y el mismo trabajo. Eso es lo que queremos que se termine", destacó Macho.
Por esto, el Ministerio armará en las próximas semanas una comisión de trabajo con participación de los gremios, especialistas de universidades y abogados de derecho público para armar un proyecto de modificación de la Ley "que sirva para los próximos 20 años".
Apoyo y resistencia de los gremios
La reforma de la ley del Escalafón del Empleado Público y del Estatuto, provocó en un sector sindical el apoyo a esta nueva discusión, pero también se despertaron "luces de alarma" en otros gremios, sobre la estabilidad de los trabajadores estatales.
Este último fue el caso del gremio Sitea, en el cual su secretario general, Federico Lorite, acusó al gobierno de Alfredo Cornejo de querer "achicar" la planta de estatales. "Lo que busca es atentar contra la estabilidad de los empleados públicos y poder hacer cambios para disminuir la cantidad de trabajadores", indicó.
Además denunció que el Ejecutivo "está negociando a espaldas del pueblo con ATE y UPCN, quienes firmaron paritarias en baja de un 15,7 por ciento –con cláusula gatillo-, con una inflación que va a ser mucho más alta". En tanto, indicó que cuando vean el borrador realizarán los aportes para mejorar las condiciones de los empleados.
En disidencia se mostró Roberto Macho, de ATE, quien expresó que "las desigualdades de categorización y salario son terroríficas porque tenemos compañeros que cobran un 100% de su sueldo en adicionales", aclaró.
Además insistió en las diferencias entre personas que realizan el mismo trabajo pero en diferentes dependencias. "Un clase 9 en rentas cobra 25.000 pesos, pero un clase 9 del Registro Civil recibe 14.000 pesos. Tenemos que equiparar hacia arriba", aseguró, y dio también el ejemplo de los trabajadores de Hidráulica, quienes "tiene un 70% de su salario en viáticos en negro".
