Bloquear una actividad lícita -que además se adapta a la Ley N 7722- en tiempos donde el cuidado del medio ambiente requiere la transición a energías limpias que se nutren de minerales como el cobre o el litio, es empujar a Mendoza a una senda más cercana al a la pobreza que al desarrollo.
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La semana pasada salieron a la luz dos temas que, a primera vista, podrían parecer inconexos, pero que en realidad están profundamente vinculados: el ranking de exportadores nacionales y la visita al proyecto minero San Jorge, que podría ingresar en su fase de explotación.
Veamos: en un contexto de repunte de las exportaciones argentinas, Mendoza logró en 2024 un desempeño levemente superior al promedio nacional. Con un crecimiento del 22% en el valor exportado —alcanzando los 1.600 millones de dólares—, la provincia apenas superó el promedio general del país, que fue del 20%, según un informe del IERAL elaborado por el economista Jorge Day. En contraste, San Juan creció más del 60%, encabezando el ranking nacional, un salto que se explica casi exclusivamente por el impacto de la minería.
Cuando una provincia despliega su potencial exportador, el impacto va mucho más allá de las estadísticas del comercio exterior. Se generan empleos directos e indirectos, se dinamizan sectores clave como el transporte, la logística, los servicios y se impulsa la inversión en tecnología e infraestructura. A su vez, el efecto multiplicador alcanza al comercio y a otras actividades que se benefician del mayor movimiento económico.
Aquí radica un punto crucial que invita a una reflexión estratégica: mientras San Juan avanza a ritmo acelerado gracias a la extracción de minerales, Mendoza sostiene su expansión comercial sobre una matriz productiva más diversa. El incremento en sus exportaciones proviene de productos primarios y agroindustriales —como el vino, el ajo, las frutas y los jugos concentrados— que, en su conjunto, construyen un modelo con múltiples patas. Esta diversificación ofrece ventajas en términos de resiliencia frente a shocks externos, pero también plantea límites concretos de escala y rentabilidad.
Solían decir que Mendoza no puede darse el lujo de perder un jugador, porque la economía nuestra no tiene al Messi Soja, al Messi Vaca Muerta o al Messi Litio. O, al menos, no los tiene tan desarrollados ni tan atractivos como en otras provincias.
San Jorge es un hecho. La compañía, Zonda Metals GmBH (Suiza) y Alberdi Energy (Argentina) organizó una recorrida para la prensa por la estancia Yalguaraz, donde se mostraron los avances geológicos tras más de 30 años de exploración. Aseguraron que el proyecto, que contempla la extracción de 40 mil toneladas anuales de cobre fino, incorpora nuevas tecnologías, estándares internacionales y procesos compatibles con la ley 7.722.
Si bien antes de comenzar la construcción, se llevará a cabo un estudio de factibilidad del modelo económico-financiero, que tomará aproximadamente un año desde la obtención de los permisos. Según explicaron desde la empresa, una vez superada esa etapa, se iniciará la construcción de la planta, con un plazo estimado de entre 18 y 24 meses, una inversión de US$ 559 millones y la generación 3.900 puestos de trabajo. La vida útil inicial de la mina se proyecta en 16 años, con un costo operativo anual de US$ 120 millones. Sin embargo, se prevé realizar nuevas exploraciones una vez que el proyecto esté en funcionamiento, lo que podría extender su horizonte productivo.
En ese marco , cabe preguntarse si Mendoza está dispuesta a seguir postergando, la posibilidad de sumar una industria de alto valor estratégico y potencial impacto económico. Trabajo calificado y registrado con salarios por encima de la media provincial y una actividad que tributa impuestos en toda su cadena de valor. Un nuevo pilar para robustecer la base exportadora de la provincia.
La minería, bien gestionada y auditada, representa mucho más que un conflicto ambiental, hay ejemplos en todo el mundo. Todas las actividades productivas dejan su impacto en el ambiente. Ya nadie discute que el control ambiental debe ser riguroso, ni que la sociedad mendocina deba ser parte no solo del debate, sino también del control.
Bloquear una actividad lícita -que además se adapta a la Ley N 7722- en tiempos donde el cuidado del medio ambiente requiere la transición a energías limpias que se nutren de minerales como el cobre o el litio, es empujar a Mendoza a una senda más cercana al a la pobreza que al desarrollo.
Mientras San Juan avanza a paso firme y conviven agricultura y minería con agendas conjuntas, Mendoza sigue atrapada entre el orgullo de mantener su tradicional matriz productiva y el temor a discutir en serio su futuro minero. Es hora de preguntarse si alcanza con lo que tenemos, si les alcanzará a nuestros hijos, o si, en cambio, estamos dejando pasar una oportunidad que podría cambiar el perfil económico de la provincia.
* La autora es periodista. [email protected]
