El Servicio Penitenciario avanza en la segunda etapa de la quita de celulares a los internos, después del proceso de retiro voluntario.
Cárcel Almafuerte I
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Archivo Los Andes Seis meses después de que la Suprema Corte de Justicia resolviera habilitar la quita de los teléfonos celulares de las cárceles de Mendoza, aún quedan 2.800 dispositivos en manos de los internos y el Servicio Penitenciario procederá a su secuestro, a través de requisas.
Se trata de la segunda etapa del protocolo de retiro que elaboró el Ministerio de Seguridad y Justicia, a cargo de Mercedes Rus, para cumplir con la Ley 8.465, que en su artículo 98, Inciso V, prohíbe a los internos "utilizar y/o poseer teléfonos celulares y/o terminales móviles de comunicación".
La primera etapa se ejecutó a partir de mediados de enero y consistió en la entrega voluntaria de celulares. Este procedimiento ocurrió durante un plazo de 45 días, apelando al diálogo para que los internos les otorguen sus teléfonos al personal penitenciario para su baja y posterior devolución a familiares.
Según contó la ministra Rus a Los Andes, los resultados no fueron los esperados y se entregaron muy pocos teléfonos. En ese contexto, apuntó a que hay abogados que están "incitando a que no los entreguen", al punto que debieron presentar una denuncia contra uno de ellos, particularmente ante el Colegio de Abogados.
Lo cierto es que, ahora se pondrá en marcha el secuestro de dispositivos durante requisas reglamentarias y su eventual devolución a familiares, ya que el protocolo establece avanzar hacia esta instancia, pasados los 45 días del inicio del proceso.
Mientras que, 180 días después del comienzo del protocolo (6 meses), se considerará a los teléfonos como "elementos no permitidos" y se aplicarán sanciones disciplinarias a quienes los sigan teniendo bajo su poder, informaron desde la cartera.
Más allá de estos procedimientos, Rus aclaró que desde enero de 2024 dejaron de aceptar el ingreso de teléfonos celulares en las cárceles y con esa metodología se secuestraron 3.350 aparatos. "A pesar de la cautelar, como disposición interna y por razones de seguridad, no aceptamos el ingreso de ningún celular más", sostuvo la ministra.
Según datos de la cartera, desde 2020 cuando el juez Sebastián Sarmiento autorizó la tenencia de los teléfonos a las personas privadas de la libertad por la emergencia sanitaria por la pandemia, se registró el ingreso de unos 18.763 dispositivos al sistema penitenciario.
Cabe decir que se trató, en muchos casos, de internos que cursaron condenas cortas (entran y salen), ya que la población carcelaria se ubica en 6 mil personas apróximadamente.
A partir de la resolución de la Suprema Corte, el Servicio Penitenciario retomó el sistema de visitas semanales a los internos, lo que significó redoblar esfuerzos de control, explicaron. Hasta el año pasado solo podían asistir los familiares cada 15 días.
También se garantizó el transporte para aquellos familiares que requieren visitar a detenidos en las cárceles más alejadas, como Almafuerte I y Almafuerte II, en Cacheuta.
Mientras avanza el proceso de retiro de celulares, el Ministerio de Seguridad busca instalar durante este semestre un sistema de comunicación telular en las cárceles, a través de la compra de 50 de estos dispositivos y un convenio que está en vías de sellarse con Telefónica.
El sistema telular es un servicio similar a la telefonía fija, pero a través de dispositivos inalámbricos, que permitirán un mejor control de las comunicaciones de los internos con el exterior. Se distribuirán en los establecimientos más importantes y se elaborará un estricto protocolo para su uso.