La solicitud fue aprobada en forma unánime por la comisión de Derechos y Garantías. El diputado José Luis Ramón cuestionó a los fiscales Ticheli e Iturbide.
Hay críticas en la Legislatura por la imputación de los directivos de Fecovita.
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La comisión de Derechos y Garantías de la Cámara de Diputados aprobó este jueves, por unanimidad, un pedido de información al Ministerio Público Fiscal con el objetivo de que conocer detalles sobre la imputación penal efectuada a los directivos y exdirectivos de Fecovita.
"Solicitar información al Ministerio Público Fiscal sobre el estado actual y general de la causa, acciones judiciales y actos útiles del Expte. P-17.924/2023 radicado en la Fiscalía de Delitos Económicos N° 7, a cargo del Fiscal Juan Tichelli y cuyo Fiscal en Jefe es Alejandro Iturbide. En especial informe, sobre la imputación penal realizada en los mismos", se lee en la solicitud.
El pedido requiere la aprobación del pleno de la Cámara Baja, que lo tratará el miércoles próximo, junto a una propuesta de acumulación de expedientes para que los consulten tanto los legisladores como los fiscales.
El impulsor de la solicitud fue el legislador de Protectora José Luis Ramón, quien afirmó que en la lectura del expediente “se observa que las pruebas existentes para imputar un delito penal, no resultan claras".
Ramón consideró que el conflicto entre Fecovita e Iberte "es comercial y está muy lejos de la comisión de un delito". Y sentenció, ante la consulta de Los Andes: "algo huele muy feo, está seriamente comprometida la versión del Ministerio Público".
Para el diputado provincial, los fiscales han sucumbido a una operación de "lobby empresario" y sentenció que "si estos fiscales están de la manera que fuera actuando como no corresponde, se abre la posibilidad de pedirle una investigación al Jury".
De esta manera Ramón hizo referencia al Jury de Enjuiciamiento de la provincia, órgano que controla a los magistrados y autoridades de los organismos de control. El Jury está compuesto por 14 legisladores de todos los partidos y los siete ministros de la Corte provincial. Entre sus facultades figuran las de investigar a los magistrados y someterlos eventualmente a juicio por mal desempeño, lo cual puede desembocar en la suspensión y la destitución de ellos.
Por lo pronto, solamente hay revuelo en la Legislatura y búsqueda de datos. En este caso, el pedido de información al MPF impulsado por Ramón fue avalado en la comisión de Derechos y Garantías por los radicales César Cattaneo, Cecilia Rodríguez y Franco Ambrosini, así como por los justicialistas Julio Villafañe y Valentina Morán y el legislador monobloquista Mauro Giambastiani.
Sin embargo, vale aclarar que no es el primer pedido de este tipo que se le realiza a la Justicia provincial por esta causa. El pedido de información se diferencia técnicamente del pedido de informes, que tiene como destino el Poder Ejecutivo y debe ser respondido. En este caso no hay obligación de la Justicia de contestar, aunque "la Justicia siempre responde", afirmó Cattaneo.
El diputado radical informó que el acompañamiento dado al pedido de Ramón no refleja que el oficialismo tenga una posición tomada sobre los fiscales. "Acompañamos porque es un procedimiento válido. Podría también hacerse una nota directa de la comisión al Ministerio Público sin necesidad de sacar un despacho. Lo cierto es que esto se va a debatir en el recinto y mantiene activo el tema", explicó Cattaneo.
En el peronismo aclararon también que el voto de Valentina Morán responde a que ella "vota a favor de todos los pedidos de informes que realizan al Poder Ejecutivo los diputados de distintos partidos políticos" y dijeron que esto no significa adherir a las sospechas de Ramón.
El pedido de información surgió poco después de que Rubén Panella, Jorge Irañeta y Juan Angel Rodríguez, actuales directivos de Fecovita y Eduardo Sancho, expresidente de la federación, fueron formalmente imputados por estafa en la Fiscalía Nº7 de la Unidad Fiscal de Delitos Económicos del Ministerio Público Fiscal de Mendoza.
La causa se enmarca en el conflicto que Fecovita enfrenta con su exsocia Iberte, del español Juan José Retamero, que ha presentado múltiples denuncias tanto en el fuero comercial como en el penal.
Ambas compañías habían conformado la sociedad exportadora Evisa, con el objetivo de comercializar vino y mosto en Europa del Este. Sin embargo, la asociación sufrió desacuerdos que derivaron en una fuerte disputa judicial.
Carlos Aguinaga, abogado de Iberte afirmó tras la imputación que esto “es un buen paso de la Justicia de Mendoza, que demuestra que está dispuesta a investigar a los poderosos".
Pero desde la federación reaccionaron con dureza y recusaron al fiscal Ticheli. "Contra toda evidencia, el fiscal Juan Ticheli y su jefe Alejandro Iturbide mantienen su postura, no sabemos si existen intenciones no claras, reciben órdenes, lo hacen por desconocimiento o simplemente por inoperancia e incapacidad", señaló Fecovita en un comunicado.
En tanto, el presidente de Fecovita, Rubén Panella, cuestionó la imputación en su contra y denunció irregularidades en el proceso judicial. "Nosotros vemos que hay muchísimas irregularidades, como afirmar que Fecovita es claramente deudor, cuando ni la jueza de primera instancia ni el fiscal anterior pudieron determinarlo a simple vista", sostuvo.
Desde Fecovita indicaron que hace más de un año la jueza Gloria Cortez, en una sentencia de primera instancia, estableció que determinar quién es el acreedor y quién el deudor en el conflicto de Fecovita e Iberte resulta complejo debido a la naturaleza de los contratos. También remarcaron que esta postura fue ratificada por el fiscal Flavio D’Amore.
Adujeron por otro lado que la prohibición para salir del país de los directivos imputados le está haciendo un daño comercial a la federación, ya que impide sellar acuerdos con empresas en el exterior.
El diputado Ramón está completamente de acuerdo con lo que plantean los directivos de Fecovita y por ello impulsó el pedido de información.
"La causa principal es un desbalance de la empresa Iberte con Fecovita que se trata en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. Ahí no avanza el caso, es un tema comercial. Como no avanza, Retamero, con un estudio jurídico contable, está poniendo en jaque a 5.000 productores de la provincia", afirmó Ramón.
El legislador aseguró que "al meter denuncias penales degradan institucionalmente a una asociación de productores que representa una parte fuerte de la economía de Mendoza". Recalcó además que las 29 cooperativas que integran Fecovita "han aprobado los balances de los últimos años por unanimidad".
E insistió: "Mandamos un veedor de la comisión a la reunión donde aprueban balances y literalmente se hizo con normalidad. Huele muy feo la actuación del Ministerio Público Fiscal".