La Justicia Federal avanzó ayer en la investigación sobre los presuntos aportantes truchos a la campaña del oficialismo en la provincia de Buenos Aires en las pasadas elecciones legislativas en una causa que podría terminar por implicar a la gobernadora María Eugenia Vidal.
El impulso a esta investigación que puede afectar la popularidad política del máximo referente de Cambiemos después del presidente Mauricio Macri, acaece en simultáneo con el avance de la megacausa sobre el presunto pago de coimas durante los gobiernos kirchneristas por parte de empresarios a cambio de la realización de obras públicas.
Ayer, ante la demora de la Anses (Administración Nacional de la Seguridad Social) en responder al requerimiento que le hizo la semana pasada, el juez federal penal de La Plata, Ernesto Kreplak, les dio 72 horas al Ministerio de Desarrollo Social que encabeza Carolina Stanley, a la Afip (Administración Federal de Ingresos Públicos) y a la Justicia federal con competencia electoral para que informen sobre 30 personas que denunciaron la presunta utilización ilegal de sus nombres para justificar aportes de dinero a la campaña electoral bonaerense de Cambiemos en 2017.
La medida apunta a determinar si los denunciantes ante la Justicia federal figuran como aportantes a la campaña electoral; si cobran planes sociales (los denunciantes dijeron ser beneficiarios de los planes Ellas Hacen, Argentina Trabaja y Hacemos Futuro); si se conoce su situación fiscal; si son afiliados a algún partido político; en este último asuntos el juez le pidió el padrón de afiliados al Pro bonaerense, que preside la gobernadora Vidal, secundada por María Fernanda Inza, la contadora general de la gobernación que fue echada apenas el caso empezó a tomar dimensión política.
En esta denuncia, el juez Kreplak investiga los presuntos delitos penales de lavado de dinero, por el origen de los fondos para financiar la campaña; falsificación de instrumento privado, por afiliaciones apócrifas al Pro bonaerense; y robo de identidad, por la sustracción de datos personales de bases de organismo oficiales, como la Anses y Desarrollo Social.
Con la presunción de haber cometido esos delitos, el 20 de julio pasado se presentó ante el juez Kreplak un grupo de trece habitantes de barrios pobres de Bernal, municipio de Quilmes, al que le pidieron que investigue a Vidal como "corresponsable o encubridora".
Todos denunciaron que pese a sus precarias condiciones de vida y de ser beneficiarios de alguno de aquellos planes sociales, aparecen como aportantes de entre 1.400 y 2.800 pesos a la campaña de Cambiemos y aseguraron no ser afiliados del Pro.
“Yo no me ocupé de la rendición de fondos. Yo no fui candidata”, se defendió el miércoles en declaraciones periodísticas Vidal, gobernadora a la vez que titular del Pro bonaerense.
