Un diputado nacional presentó una iniciativa que deroga la ley de creación de la Coviar, por considerar que no deben fijarse aportes obligatorios a la industria.
La existencia de la Corporación Vitivinícola Argentina divide las aguas del sector desde hace años. Esta semana, el enfrentamiento se avivó, con la presentación del diputado nacional Damián Arabia (PRO), de un proyecto de ley que deroga la 25.849, que creó la Coviar. Las entidades que están a favor y en contra del sostenimiento de la entidad se expresaron estos días, aunque todo parece indicar que la disputa se resolverá en el Congreso.
Arabia anunció la presentación de su iniciativa en redes sociales y planteó que “tenemos que terminar con los aportes compulsivos a cámaras, gremios o asociaciones. La asociación es un derecho, no una obligación”. Recordó que la Coviar se financia con aportes obligatorios de todos los establecimientos vitivinícolas, estén o no asociados, y añadió que se debe “trabajar por una agenda de modernización, simplificación y desregulación. La Argentina necesita ganar competitividad bajando costos y permitiendo la libre asociación entre privados”.
El proyecto va en línea con lo establecido por un decreto del Gobierno nacional, de fines de febrero. La normativa fijó que las convenciones colectivas de trabajo no pueden imponer “aportes, contribuciones o cualquier otro tipo de carga económica en beneficio de las cámaras, asociaciones o agrupaciones de empleadores a cargo de no asociados o afiliados a dichas entidades, salvo que estos últimos las acepten voluntariamente”.
La medida apuntó de modo directo a la contribución que deben realizar en forma obligatoria todos los negocios a la CAC (Cámara Argentina de Comercio y Servicios) por cada uno de sus empleados, monto que se calcula supera los $5 mil millones mensuales y que la entidad destina a capacitación.
Sin embargo, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, aclaró, en una publicación en la red X, que “la creación de cargas patrimoniales sólo puede surgir de una norma con rango de ley”, con lo cual la Coviar había quedado excluida. El proyecto de Arabia apunta a modificar esto.
Esta semana se difundieron comunicados de diversas entidades del sector vitivinícola y de otros, como el turístico, a favor y en contra de la iniciativa del diputado nacional. El principal punto de divergencia es si la contribución que las bodegas deben realizar por cada litro de vino o mosto que elaboran tiene que seguir siendo obligatoria o no, pero también se cruzan otras cuestiones, como la intromisión del sector público en el privado y aspectos del funcionamiento de la Coviar.
Treinta entidades de diversas partes del país catalogaron la propuesta del diputado Arabia de “un nuevo ataque del centralismo porteño” y subrayaron que la Coviar no es una cámara empresaria ni un sindicato, sino una institución que surgió por iniciativa del sector privado para definir e implementar una estrategia común de desarrollo, que se plasmó en el Plan Estratégico Vitivinícola (PEVI).
Los firmantes indicaron que el aporte representa un 0,019% del precio del vino y consideraron que la discusión no gira en torno a los costos ni la competitividad, ya que, de ser así, “se abriría un debate real en torno a la excesiva presión impositiva que significa más de un 58,3% de los ingresos de las empresas y que pesa sobre una actividad productiva de alto valor agregado, distribución territorial y mano de obra intensiva como es la vitivinicultura”.
Sergio Villanueva, gerente de la Unión Vitivinícola Argentina, planteó que lo que subyace es una discusión de la gobernanza del sector, que es muy antigua y comienza en los ‘80 con la lucha por lograr el fraccionamiento en origen, en Mendoza en lugar de Buenos Aires; y que ha ido tomando diversas formas en el tiempo.
El Plan Estratégico Vitivinícola, sumó, nació como un intento de transversalizar las decisiones y de que se sentaran a la mesa los gobiernos y el INTA, además de entidades que representan desde las grandes empresas hasta los productores independientes y los cooperativistas. “En el fondo, hay una discusión de quién debe manejar la industria y qué modelo aplicar”, opinó.
Consultado sobre qué sucedería con Coviar si se deroga la ley, Villanueva señaló que desaparece, porque no es una cámara. Y sumó que habrá muy poco dinero para promoción en los mercados y cada uno tomará su propio camino, sin una mesa común.
"El diputado por la provincia de Buenos Aires, con un total desconocimiento, ha presentado un proyecto de ley con solo dos artículos y con absolutamente nada de fundamentos ni de conocimiento", planteó el presidente de Coviar, Mario González, en Radio Aconcagua y agregó que la vitivinicultura es una actividad que se concentra en Mendoza (en más de un 70%).
En febrero de 2020, Bodegas de Argentina y el Centro de Viñateros y Bodegueros del Este manifestaron que iban a dejar de enviar representantes a las reuniones de la Coviar, como un modo de expresar la ruptura definitiva con la corporación, luego de acumularse diferencias. En ese momento, cuestionaron el uso "arbitrario" de los fondos y la utilización de la corporación como una cámara de segundo grado. Esto no los eximió de seguir realizando los aportes fijados por ley.
Mauro Sosa, gerente del Centro de Viñateros y Bodegueros del Este, expresó que consideran que la contribución debe ser voluntaria y recordó que, por este motivo, la entidad se retiró de la Coviar en 2014 y del Fondo Vitivinícola, que es la unidad ejecutora de la corporación, en 2009.
Resaltó que el centro es una de las entidades fundadoras de la Coviar, pero que no se alcanzaron los resultados que se habían fijado en el Plan Estratégico Vitivinícola y, “no obstante esa experiencia fallida, el PEVI se extendió diez años más, en forma forzosa, por resolución”.
“En nuestra opinión, debe derogarse la ley que la crea”, manifestó Milton Kuret, director ejecutivo de Bodegas de Argentina. “Coviar nace en el año 2004, en un contexto totalmente diferente al actual, para gestionar y coordinar la implementación del denominado Plan Estratégico Argentina Vitivinícola 2020, con objetivos muy claros. Estamos en el año 2025 y los objetivos del plan no se cumplieron”, planteó.
Y recordó que, desde el 2020, algunas de las instituciones citadas en la ley (como entidades fundadoras) vienen pidiendo expresamente el cese de sus funciones. “Por eso, apoyamos el proyecto de ley del diputado Damián Arabia, firmado por otros 10 diputados nacionales”, señaló.
