En la actualidad, se han desactivado programas nacionales que solapaban funciones con las provincias. Si bien esta medida mejora la gestión educativa, se ha reintroducido la paritaria nacional para fijar el salario docente que deben abonar las provincias. La educación básica es una responsabilidad provincial, según lo establece el artículo 5° de la Constitución Nacional, donde las provincias, a través de sus propias constituciones, han reafirmado su autonomía en la gestión de la educación inicial, primaria y secundaria.
A pesar de ello, a finales de los años 90 se creó el Fondo Nacional de Incentivo Docente y, en 2005, el Fondo de Compensación Salarial Docente. El objetivo de estos mecanismos era que el Estado nacional cubriera una porción marginal del salario docente. En ese mismo año, se estableció que una paritaria nacional fijaría un salario mínimo docente para todas las provincias. En 2024, ambos fondos fueron eliminados. A pesar de ello, en 2025, se decidió restablecer la paritaria nacional.
Si observamos el salario de un maestro de primaria con 10 años de antigüedad en comparación con el salario promedio del sector privado, encontramos que en las provincias del centro los docentes cobran un 14% más que en las provincias del norte, mientras que los trabajadores del sector privado ganan un 24% más. En las provincias del sur, en tanto, los docentes perciben remuneraciones 49% superiores a las del norte, mientras que en el sector privado la diferencia asciende al 107%.
En otras palabras, aunque existen diferencias salariales importantes entre regiones, la brecha entre los salarios docentes es significativamente menor que la observada en el sector privado.
El costo de vida y los niveles de desarrollo explican estas disparidades. Intentar nivelar los salarios docentes a través de una paritaria nacional es una medida ineficaz y contraproducente. Si una provincia paga salarios bajos, es porque administra mal sus recursos o no cuenta con un nivel de desarrollo suficiente.
La solución pasa por incentivar una mejor gestión y promover el desarrollo económico. La paritaria centralizada no resuelve ninguno de estos problemas. Como resultado, el ciclo lectivo se iniciará con conflictos y paros docentes, originados por una paritaria nacional que, en realidad, no es competencia del Estado nacional.
Al centrar la discusión exclusivamente en la cuestión salarial, se deja de lado un problema aún más grave: la crisis de calidad educativa. La deficiente gestión del sistema, el alto ausentismo docente y la falta de incentivos adecuados son factores determinantes de los bajos niveles de aprendizaje. El sistema educativo argentino funciona mal, lo que se traduce en una elevada deserción escolar y en un alarmante número de egresados con conocimientos insuficientes.
En definitiva, para revertir esta situación es fundamental ordenar las competencias educativas. La gestión y el financiamiento deben ser una responsabilidad exclusiva de las provincias, mientras que el Estado nacional debe enfocarse en medir resultados educativos. A través del Consejo Federal de Educación, las provincias deben consensuar políticas educativas comunes, sin interferencias que distorsionen su capacidad de administración.
*El autor es profesor de la Universidad del CEMA
