Los incentivos contribuyen a reducir la presión impositiva sobre las Pequeñas y Medianas Empresas, mejorar su competitividad y minimizar las tensiones sobre el empleo y la producción que pudieran derivarse del programa de estabilización económica.
Hay altas expectativas en las Pymes por el Proyecto de Ley de Promoción de Inversiones y Empleo.
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El 1° de marzo marcó el inicio de un nuevo período de sesiones ordinarias en el Congreso Nacional, y entre las iniciativas aún pendientes de tratamiento, se destaca el "Proyecto de Ley de Promoción de Inversiones y Empleo". Este régimen de incentivos para medianas inversiones (RIMI) se erige como una pieza clave para el sector productivo, especialmente para las pequeñas y medianas empresas.
A mediados del año pasado el Congreso aprobó el RIGI(Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones), una herramienta que ofrece incentivos fiscales y jurídicos a proyectos de inversión, mayores a USD 200 millones. El RIMI es el complemento del RIGI para PyMEs. Mendoza ya tuvo el primer RIGI del país y puede tener una elevada cantidad de proyectos RIMI.
Si bien el 2024 mostró resultados macroeconómicos positivos, con una notable reducción de la inflación, el 2025 plantea desafíos significativos. Es necesario avanzar con más reformas estructurales para impactar positivamente en la competitividad de Argentina y Mendoza, especialmente ante el aumento de los costos en dólares y la elevada presión tributaria sobre las PyMEs.
En la Ciudad de Mendoza, venimos aplicando desde hace años políticas de eliminación y reducción de tasas, creando ambientes favorables a la mayor actividad económica. El mismo comportamiento ha tenido la Provincia de Mendoza con el principal impuesto recaudado, Ingresos Brutos, el cual ha caído constantemente desde 2017 hasta 2024 (desde 3,6% a 2,9% del PBG). La Provincia y el Municipio seguramente continuarán en esta tendencia. Sin embargo, actualmente casi el 80% de la presión tributaria agregada (sin considerar el ya eliminado Impuesto País) corresponde a impuestos nacionales.
En este contexto, el Proyecto de Ley de Promoción de Inversiones y Empleo, presentado el 28 de noviembre de 2024 en la Cámara de Diputados, cobra especial relevancia. La iniciativa, que consta de tres títulos principales (reformas laborales, incentivos al empleo y régimen de inversiones productivas para PyMEs), busca fortalecer la competitividad y promover la inversión a mediano y largo plazo.
El proyecto contempla beneficios fiscales y aduaneros, como amortizaciones aceleradas de inversiones, devoluciones anticipadas de IVA, reducciones de IVA para energía eléctrica en sistemas de riego agroindustrial, exención de derechos de exportación para PyMEs, bonos de crédito fiscal para los nuevos empleos generados, entre otros.
Estos incentivos contribuyen a reducir la presión impositiva sobre las PyMEs, mejorar su competitividad y minimizar las tensiones sobre el empleo y la producción que pudieran derivarse del programa de estabilización económica.
Mendoza, con 24.000 empresas privadas que emplean a 252.000 trabajadores registrados, tiene en las PyMEs un motor fundamental de su economía. El 98% de las empresas y el 70% del empleo se generan en establecimientos con menos de 200 empleados, lo que evidencia el impacto potencial del RIMI en el tejido productivo local.
Es crucial que el Congreso priorice el tratamiento de este proyecto y lo enriquezca con las mejoras que considere necesarias. No podemos dilatar más la implementación de reformas que ayuden a impulsar mayor productividad y sienten las bases para el crecimiento de numerosas empresas mendocinas.
*El autor es intendente de la Ciudad de Mendoza