En pleno año electoral y con grandes obras provinciales iniciadas, el Gobierno prendió la alarma ante la baja recaudación, que viene en caída desde mayo del año pasado y se pronunció desde diciembre y los doce primeros meses del año. Esto contrasta con la inflación, que no cede y obligará al Ejecutivo a usar más fondos en gastos corrientes para cumplir con los acuerdos paritarios que incluyen cláusula gatillo.
La preocupante situación de las cuentas de Mendoza fue reconocida por la ministra de Hacienda y Finanzas, Paula Allasino. "La recaudación viene mal, es una realidad a nivel nacional y a nivel provincial. No está cubriendo en igual medida la inflación en términos reales, lo que produce un desfasaje en las arcas de la provincia que no teníamos tan previsto", dijo en una improvisada rueda de prensa a la salida de un acto oficial en el hotel Intercontinental.
La caída de la actividad económica de 2018 y sus repercusiones en la recaudación ya habían sido reconocidas en enero por la propia Allasino, que señaló en ese momento al comercio y la industria como los sectores más afectados. Ahora no detalló cifras -aún no están cerrados los números de febrero- pero confirmó que hubo otra caída. "En términos reales y con la inflación que fue anunciada (4%) está bastante baja: más del 10%", dijo.
Lo cierto es que hasta enero, según el cálculo de Los Andes en base a los números que han difundido la ATM y la DEIE, la caída en cifras reales de la recaudación anual fue de 17%. Un número superior al 6% que se registró durante todo 2018 (de enero a diciembre). La merma fue impulsada por la baja en Ingresos Brutos que representan el 75 por ciento de los ingresos de la provincia.
Pero como se dijo, los ingresos tributarios en Mendoza vienen cayendo sin pausa desde junio del año pasado y esa situación fue empeorando con el correr de los meses. El rojo empezó con -0,8%, llegó a -8,5% en noviembre y saltó a los dos dígitos estrepitosamente en diciembre con -19,9%. Como los números finos de febrero no están publicados, Allasino prefirió guardar silencio.
Esta situación la reconocieron desde el Gobierno recién en enero porque durante todo 2018 sostuvieron que los números negativos en Ingresos Brutos estaban relacionados con el programa de reducción plurianual de alícuotas que le permitió a varios sectores pagar menos.
Los sueldos
Desde la Casa de Gobierno se jactaron en diciembre de terminar el año con todas las paritarias cerradas.
El detalle: todos los gremios acordaron un aumento de 23% con cláusula gatillo o una suba mensualizada según la inflación del Indec Zona Cuyo o la DEIE provincial. De esta forma, los trabajadores se aseguraron no perder salario real frente a la inflación.
Ahora, el Gobierno debe hacer frente a estos aumentos mensuales a pesar de que la recaudación va por debajo de la inflación.
Ante este panorama, Allasino llevó tranquilidad a los estatales: "Vamos a hacer todo lo posible para pagar. La cláusula está garantizada. Nosotros hemos cumplido con todos los compromisos que hemos hecho en todos los niveles sociales, tanto con los empleados públicos como con los proveedores".
Y agregó: "Estamos haciendo reuniones constantes y proyecciones diarias para analizar qué se deja de hacer para cubrir los salarios de todos los empleados". La baja en la recaudación y la inflación creciente -que el año pasado cerró en 53,7% y superó la media nacional- obligaron al Gobierno a tomar medidas concretas de ajuste y control de las cuentas públicas.
En resumen, la austeridad de la que Cornejo hace uso en su discurso desde que era intendente de Godoy Cruz. Para achicar los gastos, este año publicó -al igual que los años anteriores- un decreto que congeló las contrataciones de personal. De esta forma, se asegura no comprar de más y ajustarse a lo necesario. Y así tener un control de los gastos para ir midiendo la ejecución de recursos con la recaudación que le permita cumplir con las obligaciones.
La mira en la obra pública
El Presupuesto 2019 estipula un ambicioso plan de obras públicas que alcanza el 10% del total. La primera vez que se pusieron en jaque estos fondos fue cuando la oposición se negó a aprobar el roll-over. En esa oportunidad, la ministra de Hacienda dijo que para pagar la refinanciación de la deuda deberían ajustar algunos gastos.
Por lo tanto, el proyecto definitivo fue con mermas en el dinero destinado a hospitales, centros de salud y comisarías. Además, Allasino indicó que obras grandes como la ampliación del hospital Schestakow de San Rafael iban a quedar resentidas y los tiempos de ejecución librados a la recaudación, que por ahora viene en baja.
