La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) confirmó ayer que 264 personas han muerto en Nicaragua hasta el 11 de julio por la crisis sociopolítica que vive este país centroamericano, lo que fue rechazado frontalmente por el Gobierno de Daniel Ortega.
"Desde el comienzo de las protestas (en abril) hasta la fecha de hoy, 264 personas han perdido su vida y más de 1.800 han resultado heridas", aseguró el secretario ejecutivo de la CIDH, el brasileño Paulo Abrao, durante una intervención ante el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA), con sede en Washington.
Según datos de organizaciones humanitarias locales, al menos 351 personas han fallecido en Nicaragua en los últimos tres meses.
Sin embargo, el canciller de Nicaragua, Denis Moncada Colindres, acusó, durante la sesión en la OEA, a la Comisión de no ser objetiva en la elaboración de ese análisis, en el que la CIDH también denunció malos tratos a los detenidos por las autoridades locales.
"Es un informe apresurado y carente de objetividad. Se requiere de tiempo, imparcialidad y de una actitud profesional para informar con aproximación a la verdad de lo que realmente ocurre en Nicaragua", sentenció Moncada Colindres minutos después de la presentación de Abrao.
Durante su exposición, el secretario de la CIDH explicó que, desde la llegada del Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (Meseni) al territorio nicaragüense el pasado 30 de junio, 52 personas han perecido "de forma violenta provocada por el contexto de las protestas".
“En la segunda semana de nuestra visita a Nicaragua, constatamos la profundización de las formas de represión contra los manifestantes”, apuntó.
Además, Abrao denunció que las personas detenidas por las autoridades nicaragüenses a raíz de las protestas han sido víctimas de "violencia, malos tratos e incluso tortura antes de ser trasladadas a la sede de la Policía Nacional".
A ese respecto, Moncada Colindres quiso "reafirmar el compromiso sostenido" del Gobierno de Ortega con el respeto y protección de los derechos humanos de los habitantes de Nicaragua. Agencias
