El PJ y la UCR, los partidos mayoritarios de la provincia, se enfrentan por ahora no en las urnas sino en la Justicia. La decisión del gobernador Alfredo Cornejo de promulgar la enmienda que limita la reelección de los intendentes provocó que cuatro caciques peronistas presentaran un pedido de inconstitucionalidad de la misma, pero también una medida cautelar para que rápidamente se suspenda dicho decreto mientras se analiza el tema de fondo. Esta pelea judicial deberá resolverla en pocos días la Suprema Corte.
Ayer, la Asesoría de Gobierno que encabeza Ricardo Canet presentó los fundamentos por los cuales el Ejecutivo sostiene que es legal el decreto y recusó a uno de los jueces de la Corte que tiene que fallar en el tema, Mario Adaro, debido a que era ministro de Gobierno del peronista Celso Jaque cuando se realizó el referéndum que habilitó la enmienda en 2009.
De esta manera, ahora Adaro deberá defenderse de la recusación o apartarse. En caso de que crea que debe seguir interviniendo en el tema, su recusación será analizada por los otros miembros de la Sala II, José Valerio y Omar Palermo, más otro de la Sala I. Si se lo termina apartando, un juez de esta sala deberá suplirlo.
Desde el entorno del ex funcionario peronista indicaron que primero leerá la recusación hecha por Canet, para luego decidir qué hacer.
Recordemos que el PJ también hizo una recusación, en este caso de Dalmiro Garay, porque fue ministro de Gobierno de Cornejo antes de convertirse en juez.
Si Garay es apartado, y lo mismo ocurre con Adaro, ninguno de los dos podrá participar del caso, tanto de la cautelar como del pedido de inconstitucionalidad.
Se estima que sobre esta última medida de fondo la decisión de los jueces demorará varios meses. Sin embargo, con la cautelar deben fallar rápido, ya que los intendentes entienden que se verán perjudicados si no pueden presentarse en las elecciones sin el dictamen final de la Corte.
Con el decreto de Cornejo, los cuatro intendentes del PJ que fueron a la Justicia (Emir Félix, de San Rafael; Martín Aveiro, de Tunuyán; Jorge Giménez, de San Martín; y Roberto Righi, de Lavalle) se ven imposibilitados de postularse a la reelección ya que tienen más de un mandato consecutivo como jefes comunales.
Sin embargo, ellos consideran que la decisión de Cornejo es inconstitucional porque el referéndum de 2009 no alcanzó la mitad más uno de los votos del padrón electoral, como establece el fallo Kemelmajer de la misma Corte de 1989.
“Picardías” en el proceso
Tras la intervención de Asesoría de Gobierno ahora llega el turno de Fiscalía de Estado. Este organismo tendrá dos días hábiles para opinar sobre la medida cautelar y luego la enviará a la Sala II de la Corte, que tendrá cinco días para resolver. Es decir que la decisión final estará la semana próxima.
Más allá de esto, todos los involucrados en la causa advierten -y admiten- que el proceso está viciado de "picardías". En primer lugar, por la fecha elegida por Cornejo para promulgar la enmienda, a pocos meses de las elecciones. Después llegó la "respuesta" de los cuatro intendentes, que adelantar los comicios en sus departamentos y complicaron el proceso que terminó inevitablemente en la Justicia.
"Los tiempos apremian", sostuvo el titular de la Corte, Jorge Nanclares, quien admitió que hay que "tener la decisión tomada por lo menos en la (medida) cautelar para comenzar el proceso electoral. Tenemos que saber si los que impugnaron el decreto se pueden presentar o no".
Uno de los actores que participa activamente en este proceso confió en primer lugar que inevitablemente la Corte en pleno deberá resolver la cuestión de fondo, para "zanjar y despejar todo tipo de dudas" sobre el fallo Kemelmajer, ya que hace varios años que se da vueltas sobre el mismo tema.
Además, diferenció la cautelar sobre el pedido de inconstitucionalidad, teniendo en cuenta que el fallo sobre la primera implicará “analizar fino” sobre si puede haber un daño grave o irreparable sobre, en este caso, los intendentes, por su imposibilidad de poder participar en las elecciones de manera activa.
“Sin dudas sería irreparable si no pueden presentarse en las elecciones los intendentes y luego la Corte falla a favor de ellos. El daño ya se habrá hecho”, analizó.
El quid de la cuestión
En este sentido, ya analizando la cuestión de fondo (la inconstitucionalidad o no del decreto), la fuente indicó que es necesario que se revea el fallo Kemelmajer para tener una postura firme y fuera de polémicas frente a los intentos de enmiendas a la Constitución.
Hay antecedentes, sobre todo en la Corte Nacional, de revisiones de fallos que han hecho los propios ministros. Un ejemplo es el del límite de edad de los magistrados para ejercer la función judicial. En 1999, el ex juez Carlos Fayt declaró inconstitucional el artículo 99 de la reforma de la Constitución de 1994, que ponía el límite de 75 años de edad para permanecer en el cargo de juez federal, y así él pudo seguir hasta los 97 años.
No obstante, Héctor Schiffrin, camarista federal, realizó una demanda por este caso y finalmente la Corte Suprema falló a favor y cambió la jurisprudencia que se había sentado en el "fallo Fayt", al reestablecer el límite de edad de 75 años.
Aquel decreto fallido de Celso Jaque
Habían pasado menos de dos meses de las elecciones del 2009, en las que el referéndum para modificar el artículo 198 había dejado dudas al Ejecutivo: tenía un 82% de votos positivos para limitar las reelecciones de los intendentes, pero no se había llegado a la mitad más uno de votos del padrón electoral.
En ese entonces, el gobernador Celso Jaque publicó el 31 de agosto el decreto 2118, en el que facultó al hoy ex Asesor de Gobierno, César Mosso Giannini, para que pidiera a la Suprema Corte una "declaración de certeza" sobre el artículo 223 de la Constitución, que establece las pautas de las enmiendas constitucionales.
"No existiendo certeza acerca de la aplicabilidad al caso concreto se estima oportuno, conveniente y ajustado a derecho solicitar a la Suprema Corte de Justicia que disipe ese estado de incertidumbre", señalaba el fundamento del decreto de Jaque.
Sin embargo, la Asesoría de Gobierno nunca formuló ese pedido por "razones y presiones políticas", indicó una fuente que fue testigo de esos días.
Emir Félix pide “independencia”
Durante la cena de la Cámara empresaria de San Rafael, uno de los intendentes afectados directamente por el decreto de Cornejo, Emir Félix, habló con Los Andes y pidió "independencia" en la Justicia.
"Creo que la justicia debe ser independiente y uno no debe violar eso. El tema lo llevan los abogados. No hice ningún tipo de consultas porque de alguna manera cuando se hacen consultas puede ser que uno quiera generar tendencia", dijo el sanrafaelino.
Félix aseguró que la presentación del PJ cumplió con todos los requerimientos legales e insistió: "Creo que necesitamos una justicia independiente que pueda resolver la situación con total independencia".
