Premonitorio: víctimas del Próvolo habían pedido embargo para evitar la venta del edificio

Como si lo hubiesen visto venir, en octubre del año pasado -y en el contexto de la causa penal que investiga la presunta comisión de abusos sexuales a chicos sordos en el instituto religioso Antonio Próvolo (Luján); los abogados de las víctimas habían solicitado a la Justicia que se embargue el edificio del instituto. El mismo que fue recientemente adquirido por la Municipalidad de Luján de Cuyo y donde la comuna planea mudarse e inaugurar su propio parque cívico antes de la Vendimia del año próximo.

Amparándose en el artículo 23 del Código Penal y el 539 del Código Procesal Penal; los abogados Sergio Salinas y Juan Dantiacq -quienes integran la querella en representación de los denunciantes en la causa penal- solicitaron hace 11 meses al Ministerio Público Fiscal que "inste el embargo de los bienes pertenecientes a los imputados -o la inhibición de los mismos para el caso de que no posean bienes-; como así también del inmueble perteneciente al instituto Antonio Próvolo".

Entre los fundamentos, los abogados esgrimían la necesidad de garantizar los derechos de reparación de las víctimas por el daño sufrido "conforme la manda del artículo 108 del Código Procesal Penal". Además, sostenían "la existencia de un peligro cierto que pueda frustrarlos"; según se lee en la solicitud del embargo con fecha del 26 de octubre del 2017. Si bien el fiscal Gustavo Stroppiana había hecho lugar a la solicitud, la Justicia de Garantías lo hizo parcialmente. Es decir, ordenarlo para hacer frente a las costas del proceso; pero no así para futuras indemnizaciones. Por tal razón, lo reiteraron en las últimas horas.

En tanto, durante la mañana de hoy, el concejal lujanino por el FIT, Nicolás Córdoba, la ex diputada nacional de esa fuerza, Soledad Sosa y el abogado Carlos Lombardi -miembro de la Red de Sobrevivientes de Abuso Eclesiástico- fueron recibidos el Fiscal de Estado, Fernando Simón y se acordó revisar la legalidad del procedimiento de la ordenanza y el valor de la compra que hizo Luján del inmueble.

En la misma sintonía, esta tarde el diputado provincial, Jorge Tanús y la concejal de Luján de Cuyo, Paloma Scalco -ambos de Unidad Ciudadana- , brindarán detalles sobre las presuntas irregularidades en la compra del predio.

A las 16, en tanto, en San Martín y Peatonal se manifestarán las víctimas y familiares repudiando la operación acordada entre Luján de Cuyo y la Asociación Obra San José

En su pedido de octubre del año pasado, los abogados Salinas y Dantiacq citaban el mencionado artículo 23 que expresa que "en el caso de condena impuesta por alguno de los delitos previstos por los artículos 125, 125 bis, 127, 140, 142 bis, 145 bis, 145 ter y 170 del Código Penal, queda comprendido entre los bienes a decomisar la cosa mueble o inmueble donde se mantuviera a la víctima privada de su libertad u objeto de explotación. Los bienes decomisados con motivo de tales delitos, según los términos del presente artículo, y el producido de las multas que se impongan serán afectados a programas de asistencia a la víctima".

Incluso, destacan la modificación a ese artículo -dentro de la ley 26.842- que faculta al decomiso de modo definitivo, sin necesidad de condena penal en determinadas situaciones.

"El juez podrá adoptar desde el inicio de las actuaciones judiciales las medidas cautelares suficientes para asegurar el decomiso del o de los inmuebles (...) y todo otro bien o derecho patrimonial sobre los que, por tratarse de instrumentos o efectos relacionados con el o los delitos que se investigan, el decomiso presumiblemente pueda recaer", argumentaron.

En el escrito, los denunciantes argumentaron un evidente peligro de que la reparación se vea frustrada. "Creemos oportuno destacar que existen evidentes intereses de desafectar el bien inmueble a dicho fin, lo que ha quedado en evidencia a partir de los dichos vertidos públicamente por el interventor del instituto, quien ha reclamado la restitución del bien en cuestión", destacaban los letrados, citando una nota de Los Andes donde el propio Alberto Bochatey insistía en que se concrete la devolución del edificio.

También Salinas y Dantiacq alegaban que ya existían dos juicios laborales iniciados por ex trabajadores del instituto -uno de ellos protagonizado por Jorge Bordón, uno de los ex administrativos denunciado como autor de algunos abusos, imputado y detenido-.

Oportunamente, y pese a que Stroppiana había aceptado el pedido, la Justicia de Garantías hizo lugar a medias y consideró que la voluntad de la Obra San José -ex dueña del edificio- y de acuerdo a lo manifestado públicamente, era continuar con las actividades y que no corría peligro perder ese predio.

El intendente de Luján, Omar De Marchi confirmó ayer la compra del establecimiento a cambio de casi 154.000.000 pesos, a pagar en 5 cuotas. La primera fue pagada ayer mismo -60.500.000 pesos-, mientras que las restantes se pagarán durante los próximos 4 años y serán de unos 638.000 dólares anuales,

La decisión fue cuestionada por las víctimas y sus abogados -quienes ya han presentado demandas civiles contra la Asociación Obra San José y contra el Arzobispado-. Es que si bien el acuerdo de compra - venta establece que el dinero vaya a parar a un fideicomiso disponible para el resarcimiento de víctimas y ex trabajadores, la principal crítica es que se vendió en casi 154.000.000 pesos un bien que está valuado en más de 600.000.000 pesos.

Durante el anuncio de la compra realizado en las propias instalaciones de Boedo 385 (Carrodilla), De Marchi fue increpado por familiares y víctimas de los abusos denunciados.

Lo llamativo de la transacción es el tiempo récord en que se concretó, más si se tiene en cuenta que fue el propio Bochatey quien la ofreció a la Municipalidad el 31 de agosto. Es decir; en sólo 12 días se hizo el ofrecimiento, se acordaron montos y forma de pago, se presentó el proyecto y se aprobó la ordenanza municipal (13.252/18).

En el ofrecimiento propuesto a De Marchi por Bochatey, con fecha del 31 de agosto, el sacerdote  manifiesta "la seria y formal intención de vender el inmueble".

"Motiva esta decisión la falta de recursos económicos con los que se sostenían todas las tareas de la obra y en Inmueble, que es de gran valor", detallaba Bochatey.

"Queremos manifestarle que es nuestro interés que el inmueble pueda brindar servicios a los ciudadanos y a la comunidad toda. Entendemos que la Municipalidad de Luján de Cuyo es el ámbito público por excelencia de la localidad donde se erige el edificio que ofrecemos en venta, por lo tanto entendemos que sería de interés para usted como autoridad, para los vecinos como destinatarios y para nosotros como Asociación que dicho predio tenga una finalidad pública", sentenciaba Bochatey.