Sociedad Miércoles, 12 de septiembre de 2018

Confirmado: Luján comprará el Próvolo e instalará allí su Parque Cívico

El Concejo Deliberante aprobó la compra por casi 153 millones de pesos, a abonar en 5 partes (4 dolarizadas). Enojo de las víctimas.

Por Ignacio de la Rosa - idelarosa@losandes.com.ar

Tal como se especulaba, finalmente el Concejo Deliberante de Luján aprobó esta mañana el proyecto enviado por el oficialismo municipal y con él, la compra del edificio del instituto religioso Antonio Próvolo (Carrodilla), cerrado desde noviembre del 2016 y donde se investiga la comisión de abusos sexuales a chicos sordos

Por el inmueble se abonarán casi 153 millones de pesos; divididos en un pago inicial que se concretará en breve de 60.500.000 pesos, y 4 cuotas anuales de casi 638.000 dólares (a pagar en 2019, 2020, 2021 y 2022).

 

El inmueble será comprado a la asociación Obra San José -hasta hoy dueños del predio y quien lo había puesto a disposición del instituto para chicos sordos-, y la votación en el Concejo obtuvo 8 votos a favor frente a 2 en contra.

La flamante ordenanza es la 13.252/18 establece en sus considerandos "que existe una concreta oportunidad de adquirir un inmueble de características únicas con la finalidad de darle un destino de fin público" y "que la adquisición del mismo no sólo redundaría en la disminución de costos fijos para el Municipio, sino que -junto con su capitalización- se lograría un manifiesto beneficio para la comunidad y los servicios que pueden pfrecerse a todos los lujaninos".

"Atendiendo a los diversos informes de las áreas comunales, la posibilidad se presenta como única y conveniente, sin entorpecer la gestión municipal en su operatividad ni en aspectos financieros". sintetiza. Además, autoriza al Ejecutivo a efectuar las modificaciones presupuestarias necesarias, destinadas a la contabilización de la adquisición y puesta en funcionamiento del inmueble.

Según trascendió, la intención municipal no es sólo trasladar el edificio municipal al predio (de casi 7 hectáreas en total); sino instalar todo el centro cívico lujanino al lugar (ubicado en Boedo 385). Esto implicaría no sólo el edificio municipal, sino también las dependencias de Rentas y otras oficinas.

El proyecto aprobado -en el cual se basará la ordenanza- es el acuerdo de venta entre la asociación y la Municipalidad; y el compromiso es que continúe “prestando servicio a la comunidad”.

“La falta de fondos a partir de la clausura de las actividades que se desarrollaban en el establecimiento ha producido un daño inconmensurable, llevándola al borde del quebranto por no contar con ningún tipo de asistencia de ayuda económica de índole estatal provincial p nacional, como  así tampoco de ningún otro origen”, puede leerse en un extracto del acuerdo homologado. Además, se destaca que el dinero que reciba la Obra San José podrá destinarse a hacerle frente a futuros reclamos judiciales de las víctimas de los abusos, así como también a los reclamos laborales de los ex trabajadores del establecimiento (ya en proceso).

Según el acuerdo, los fondos provenientes de la transacción se constituirán en un fideicomiso con el que “la parte vendedora deberá garantizar que los mismos quedarán afectados al pago de los reclamos presentes y futuros de la Asociación obra San José”.

Malestar

El proyecto se trató de forma express en el concejo deliberante y a poco más de 2 horas de haber sido presentado, obtuvo la aprobación.

La concejala opositora, Paloma Scalco (Unión Ciudadana) cuestionó de hecho la forma en que se trató. “Planteé la necesidad de que se diera tiempo y se hiciera un estudio mayor, teniendo en cuenta que se planteaba la idea de mudar la Municipalidad. No se ha hecho el estudio de impacto ambiental en la zona, ni se ha tenido como afectará el incremento de tránsito, entre otras cosas”, resumió la edil, quien agregó que el expediente iniciado entre ambas partes tiene fecha del 30 de agosto.

Además, Scalco destacó que planteó que se tenga en cuenta a las víctimas y los futuros reclamos. “Si bien establece la constitución de un fideicomiso, pedimos que se cree un Tribunal Arbitral ‘ad-hoc’, a efectos de que éste determine el monto de las reparaciones para las víctimas involucradas en el caso, como sucedió en el caso ‘Penitenciarías Mendoza’ que llego al Sistema Interamericano”, sintetizó.

El mismo pedido realizaron los abogados Leandro Rodríguez Pons y Juan Manuel Lavado, quienes ya han presentado demandas civiles contra el Arzobispado y la Asociación Orden San José.

 

“Se quiere hacer un negocio inmobiliario a costa de los derechos de las víctimas. Se empezó a concretar lo que antes era un rumor y no se ha tomado ninguna medida tendiente a proteger la solvencia de la asociación. Esto afectaría a un hipotético resarcimiento de las víctimas”, destacó Rodríguez Pons.