La Municipalidad de San Martín y un particular están en conflicto por la instalación de una escombrera, potencial basural a cielo abierto, en el terreno cercano a varios barrios.
Conflicto entre la comuna de San Martín y un particular por 47 hectáreas que amenazan contaminar el norte del departamento (Los Andes)
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La Cámara de Senadores, con 21 votos positivos contra 13 negativos, dio sanción definitiva a un proyecto del Poder Ejecutivo que declara de utilidad pública y sujeta a expropiación un terreno baldío ubicado en el departamento de San Martín, para que sea utilizado como escombrera municipal, reemplazando a la existente en Palmira, cerca del Río Mendoza.
Sin embargo, ese terreno de 47 hectáreas está en litigio y con fallos a favor de su dueño original, que planea la ilegitimidad de la expropiación y cuestiona la falta de estudios para ubicar allí un vertedero. Con la expropiación la comuna evitaría pagar un saneamiento millonario del lugar.
“Lo realmente grave es el daño ambiental que están provocando y que afecta toda esa zona”, dijo el médico cirujano Diego Martínez, dueño del predio.
Las 47 hectáreas están ubicadas, calle de por medio, un barrio donde viven 250 familias. A 600 metros está el barrio privado Las Carmelinas y a 700 el complejo privado Pueblo Nuevo, además del barrio del Procrear Néstor Kirchner. A 400 metros está el barrio Antártida Argentina 1 y a casi la misma distancia el Oratorio de Alto Salvador, construido en 1851 y declarado monumento histórico nacional en 1986.
El doctor Martínez compró esas 47 hectáreas del distrito de Alto Salvador en 1994 y el conflicto atravesó todas las gestiones municipales.
“Al poco tiempo de la compra, detecté que el terreno estaba siendo utilizado por la Municipalidad de San Martín como escombrera, hecho por el cual inicié una acción judicial”, contó.
Esto derivó en un juicio que se extendió entre 1997 y el año 2000 y que terminó con una sentencia a favor del médico.
En 2007 la Municipalidad propuso realizar un relleno sanitario en una parte del terreno con niveles bajos. El procedimiento consistía en abrir zanjas de gran tamaño (ocho en total, de 90 metros de largo, 20 metros de ancho y 8 metros de profundidad) para rellenarlas con basura domiciliaria clasificada orgánica. Posteriormente, cada zanja sería cubierta con la tierra. El acuerdo prosperó y se enterraron allí 40.000 metros cúbicos.
En 2016 comienza a operar la planta de tratamiento en Rivadavia, que comienza a recibir los residuos de toda la zona después de su selección en cada departamento. También para ese tiempo la comuna comienza a utilizar un predio en Palmira, sobre ruta 7, entre el PASIP y la planta Derivados Vínicos, para arrojar allí escombros y residuos vegetales, aunque después se terminaron descargando también residuos comunes. Entonces, la Municipalidad de San Martín abandona el predio de Alto Salvador “dejando las zanjas sin cubrir y con la basura expuesta al aire libre. A pesar de múltiples reclamos, no hubo respuesta oficial. Esta situación me llevo a iniciar una nueva acción legal, esta vez por daños y perjuicios”, recordó el dueño del lugar.
El 22 de agosto de 2022 el juez Corradini falló nuevamente a favor del propietario, obligando al municipio a realizar las acciones para regresar el terreno a su estado original.
Tras la falta de acuerdo, la causa fue elevada al Tribunal de Gestión Asociada en lo Civil y el 7 de mayo de 2024, la Cámara de Segunda Instancia ratificó el fallo anterior, desestimando el argumento de la Municipalidad que sostenía la existencia de “cosa. juzgada”. La comuna acudió a la Corte, insistiendo en el argumento de cosa juzgada. La Procuraduría aconsejó desestimar el recurso presentado, por entender que el planteo no tenía fundamento. Igualmente la causa quedó en La Corte, a la espera de ser analizada.
Entre tanto, la Municipalidad utilizó otra estrategia, buscando la expropiación del terreno. Después de que el Concejo Deliberante aprobaba, con negativa de la oposición, la propuesta del Ejecutivo Municipal, el 7 de noviembre de 2024 se publicó en el Boletín Oficial un pedido de expropiación del terreno.
Finalmente, el miércoles de la semana pasada el proyecto fue tratado y aprobado por la Cámara de Senadores, “sin haber pasado por comisión, sin estudios de impacto ambiental, sin planificación urbana y sin consenso social ni comunitario”, advirtió el doctor Diego Martínez, propietario del predio.
La declaración de utilidad pública y sujeto a expropiación del predio, logrado con votos oficialistas (positivos 21contra 13 negativos) fue sostenida con el hecho de que la comuna necesita otro terreno para disponer los escombros, debido a que el de Palmira está colapsado.
Lo que sostiene el dueño del lugar y la oposición en San Martín, es que la comuna intenta evitar el costo de remediar el terreno.
Martínez sostiene que, tanto los peritajes y los estudios de impacto ambiental indican claramente que ese espacio debe ser saneado para evitar daños mayores, ya que la zona es potencialmente urbana y ya cuenta con barrios muy cercanos, además de la existencia de sitios históricos que podrían dañarse. Esto, sin contar con que el médico es dueño legítimo de la propiedad y que por ella continuará litigando.