La gestión de Javier Milei busca desprenderse, a través de subasta pública, de un terreno en calle Allayme 865 en más de 940.000 dólares.
Terreno localizado en la calle Allayme 865 en Guaymallén
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Prensa Municipalidad de Guaymallén Terreno localizado en la calle Allayme 865 en Guaymallén
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Prensa Municipalidad de Guaymallén Terreno localizado en la calle Allayme 865 en Guaymallén
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Prensa Municipalidad de Guaymallén El Gobierno de Javier Milei anunció este martes, la subasta pública para la venta de un inmueble ubicado en Guaymallén. A través de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), el Ejecutivo nacional pretende vender el terreno localizado en la calle Allayme 865. Su cotización inicial es de 942.883,80 dólares.
A través de la resolución 41, publicada en el Boletín Oficial, la subasta está programada para el lunes 26 de mayo a las 14. La participación será exclusivamente a través del sistema de contrataciones públicas digitales del Gobierno nacional (https://comprar.gob.ar), donde los interesados también podrán acceder al pliego de bases y condiciones.
El inmueble posee una superficie total de 9.172,10 metros cuadrados, aunque la superficie a transmitir, sujeta a mensura, es de 8.459,14 metros cuadrados. Se trata de un lote con ubicación estratégica dentro del departamento de Guaymallén, y cuenta con aptitud para distintos desarrollos inmobiliarios en función de su zonificación.
El terreno estaba bajo la jurisdicción del Ministerio de Defensa y del Ministerio de Justicia y albergaba antiguamente edificaciones que fueron utilizadas como galpones o depósitos. En unos de los informes técnicos entregados por la ABBE, el inmueble se encuentra en estado de abandono y ruinas.
De concretarse la venta de este bien, será la segunda de la gestión libertaria en la Provincia. A finales de febrero de este año, la ABBE vendió en 466.500 dólares, un terreno ubicado en Necochea 230, en pleno centro de la Ciudad de Mendoza. En ese momento, el organismo nacional recibió una única oferta por parte de Luis Facundo Alba, un contador público e inversor mendocino.
La puesta en venta de estos terrenos forma parte de un plan del Gobierno nacional en el que busca desprenderse de más de 300 bienes estatales en todo el país. En esa lista, se encuentran seis bienes que están en Mendoza. Estos son:
Según el análisis técnico del Tribunal de Tasaciones de la Nación, el inmueble presenta una capacidad constructiva máxima de 42.500 m² y se encuentra zonificado como EU-3, es decir, un área urbana con frente a calles comerciales.
Esto permite usos diversos y un potencial constructivo significativo: FOT (Factor de Ocupación Total) máximo de 4, FOS (Factor de Ocupación del Suelo) máximo de 0,7 y una altura total permitida de hasta 25 metros.
El valor base de la subasta fue fijado en USD 942.883,80, cifra que surge de la tasación oficial realizada en enero de 2025, a un tipo de cambio de referencia del Banco Nación. Además, la agencia estatal cobrará una comisión del 2% sobre el valor de tasación, en concepto de servicios administrativos.
En el organismo que conduce Nicolás Pakgojz, el objetivo de la venta de bienes del Estado es para "promover el uso eficiente del patrimonio público", evitando que inmuebles en desuso continúen generando costos de mantenimiento sin aportar valor social o económico.
La subasta estará abierta a personas físicas y jurídicas que cumplan con los requisitos legales, fiscales y registrales establecidos. Para participar, es necesario completar el proceso de inscripción en la plataforma SUBAST.AR hasta el 19 de mayo de 2025 a las 12:00 horas, presentar la documentación correspondiente y abonar una garantía de cumplimiento equivalente al 1,5% del valor base, es decir, USD 14.143.
Entre los documentos exigidos se encuentran: constancia de CUIT, DNI o estatuto social según el caso, declaraciones juradas sobre el origen lícito de los fondos, sobre posibles conflictos de intereses, y sobre la condición de persona expuesta políticamente. Las personas jurídicas también deberán acreditar la existencia de un programa de integridad en los términos de la Ley 27.401.
El comprador que resulte adjudicatario deberá cumplir con un cargo de construcción obligatorio: iniciar una obra de al menos el 25% de la capacidad constructiva total en un plazo máximo de 36 meses desde la inscripción del dominio, y finalizarla dentro de los 96 meses. De no cumplir con estos plazos, el adquirente podría enfrentar sanciones y la ejecución de la garantía depositada.
Además, si el inmueble obtiene permisos o mejoras urbanísticas que aumenten su edificabilidad más allá del 3% previsto originalmente, el nuevo titular deberá abonar a la AABE el 50% del valor de ese incremento, conforme a una nueva tasación.