A través de un decreto firmado por el gobernador Alfredo Cornejo, el Ejecutivo invirtió 1.447 millones de pesos para la compra de cámaras para 200 patrulleros.
La millonaria cifra que destinó el Gobierno para la compra de un sistema de videovigilancia Foto: Gobierno de Mendoza.
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El Ministerio de Seguridad y Justicia oficializó la adjudicación de una licitación pública para la adquisición de sistemas de videovigilancia móvil destinados a equipar 200 patrulleros de la provincia. La empresa seleccionada fue Plettac Electronics Argentina S.A.
La decisión fue tomada mediante el Decreto 706 del 9 de abril de 2025, firmado por el gobernador Alfredo Cornejo y la ministra Mercedes Rus, y publicada en el Boletín Oficial este martes. La operación total es de USD 1.348.000, lo que equivale a $1.447.078.000 al tipo de cambio oficial del 31 de enero de 2025.
El proceso licitatorio, identificado como Licitación Pública 4/2025-116, había sido autorizado previamente por el Decreto14 del 7 de enero del mismo año. Durante la convocatoria se recibieron dos ofertas: una de la empresa Exanet S.A. y otra de Plettac Electronics Argentina S.A.
Un informe técnico de la Subsecretaría de Tecnología Aplicada a la Seguridad evaluó las propuestas y concluyó que las presentaciones de Exanet S.A., tanto la oferta básica como la alternativa, no cumplían con los requisitos técnicos exigidos en el pliego.
Entre las omisiones señaladas se encuentran la falta de especificaciones sobre la compatibilidad con la solución actual, funcionalidades del software, detalles de instalación, servicio técnico y capacitación.
Por su parte, la oferta alternativa de Plettac Electronics fue evaluada positivamente por cumplir con los requerimientos técnicos, ofrecer mejoras tecnológicas y presentar un presupuesto inferior al oficial.
La Comisión de Preadjudicación recomendó adjudicar el contrato a esta empresa, ya que la consideró “técnicamente superadora y más conveniente en términos económicos”, lo cual fue respaldado por la Dirección de Asesoría Letrada y la Fiscalía de Estado.
El gasto será imputado al presupuesto vigente de la cartera de Seguridad. Además, se autorizó a los servicios administrativos a aplicar ajustes contables y reconocer diferencias de cambio entre el valor del dólar al momento de la apertura y el de la fecha de pago.
Los proveedores que participaron del proceso tienen un plazo de 15 días hábiles para interponer recursos administrativos en caso de disconformidad con la adjudicación.