El Gobernador Alfredo Cornejo decretó la licitación para el tratamiento de vehículos retenidos a una unión transitoria de empresas.
Avanzan los trabajos de compactación de vehículos oficiales en la Playa de San Martín.
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Prensa Gobierno de Mendoza El Gobierno de Alfredo Cornejo anunció este martes la adjudicación de un contrato por más de 13.260 millones de pesos para la prestación del servicio de gestión integral y descontaminación de playas de secuestro vehicular. Los adjudicatarios es la Unión Transitoria de Empresas conformada por Red Coen S.A. y Ecur S.A, con convenio asociativo con Acindar Metálica Acmet S.A.
La iniciativa tendrá una duración de diez años y forma parte de un plan estratégico del Ministerio de Seguridad y Justicia, a cargo de Mercedes Rus, para resolver la acumulación histórica de vehículos retenidos en la provincia.
Después de concretar en enero pasado el vaciamiento de la Playa San Agustín de Ciudad, donde se acumulaban más de 28.000 vehículos achatarrados, Seguridad apuesta a lograr lo mismo con otras cinco playas de secuestros que tiene el Estado provincial en San Martín, Tupungato, San Rafael, General Alvear y Malargüe, que alojan en total más de 35 mil vehículos.
Según pudo saber Los Andes, el ministerio acordó mediante resolución que la empresa comience los trabajos de compactación en la Playa Marcelo Vignaud de San Martín, en la cual se acumulan aproximadamente 15.000 vehículos.
Es decir, se inició el proceso para la compactación de unos 400 vehículos que son propiedad del Estado y la empresa ya redujo 165 unidades en 68 cubos. Ahora, a través de esta adjudicación se podrá avanzar en el resto de vehículos particulares y judicializados que tiene la playa.
Desde Seguridad informaron que el próximo paso será la compactación de unos 350 montículos (entre vehículos y chatarra) que fueron incinerados en el incendio producido el pasado 7 de abril.
El contrato fue adjudicado mediante el Decreto 707, publicado en el Boletín Oficial el 15 de abril, tras un proceso licitatorio autorizado por el Decreto 1989/2024. La propuesta seleccionada establece una retribución mensual del 3% sobre la recaudación estimada por los trabajos realizados, sin requerir una inversión patrimonial directa por parte del Estado.
La contratación tiene su origen en un problema que se remonta a varias décadas: la acumulación de vehículos incautados tanto por infracciones de tránsito como por causas judiciales. Estos vehículos, almacenados en diferentes playas de secuestro, han generado complicaciones operativas, ambientales y económicas para la administración pública.
Según datos del Ministerio, el mantenimiento y la custodia de estos predios demanda actualmente más de $1.700 millones anuales solo en recurso humano policial, sin incluir otros costos logísticos como grúas, traslados, alquileres y mantenimiento.
El proyecto contempla no solo la gestión de vehículos secuestrados bajo la Ley de Seguridad Vial 9024, sino también aquellos comprendidos por la Ley 6816 y autos abandonados en la vía pública. También se incluye el tratamiento de rodados retenidos bajo la nueva Ley 9556, que regula la compra y venta de bienes muebles usados.
La adjudicación fue aprobada luego de recibir dictámenes técnicos, legales y financieros favorables, incluyendo los de Fiscalía de Estado y la Dirección de Asesoría Letrada.
De acuerdo con el pliego de condiciones, el Ministerio percibirá la recaudación generada por el servicio, de la cual se deducirá el porcentaje correspondiente a la retribución de la empresa adjudicataria.
El cálculo de ingresos del proyecto se basó en estimaciones de flujo mensual de vehículos proporcionados por la Dirección de Seguridad Vial y en los valores previstos en la Ley Impositiva 2025.
Según datos del Ejecutivo, se proyecta un beneficio económico anual para el Estado provincial de más de $1.880 millones de pesos, únicamente en ahorro de personal policial, sin contemplar el impacto ambiental positivo asociado a la descontaminación de los predios.
La ejecución del contrato comenzará una vez formalizada la notificación a la empresa adjudicataria, que deberá iniciar los servicios según lo estipulado en los pliegos.
Los trabajos incluirán acarreo, compactación, disposición final y subasta de los vehículos retenidos. Además, está prevista la celebración de convenios específicos con la Suprema Corte de Justicia para intervenir en los casos judiciales correspondientes.