El acuerdo firmado por Alfredo Cornejo con la UNCuyo tiene una duración de un año y un valor de 280.000 dólares. Qué pasará con los empleados públicos.
La Provincia y la UNCuyo firmaron un convenio para auditar el empleo público.
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El Gobierno de Alfredo Cornejo firmó un convenio específico con la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) para llevar adelante un diagnóstico integral de los empleados públicos en la provincia. La iniciativa quedó formalizada mediante el Decreto 2761, publicado este miércoles en el Boletín Oficial, y contempla un trabajo técnico que será desarrollado durante un año, con posibilidad de prórroga.
El convenio establece una contraprestación total de USD 280.000, que serán abonados en cuatro etapas. El primer desembolso, correspondiente al 25% del monto total (USD 70.000), ya fue autorizado por el Ejecutivo como anticipo.
El objetivo central es analizar la situación actual de los agentes públicos del Poder Ejecutivo, evaluar estructuras, funciones, normativa y condiciones laborales, y elaborar propuestas de mejora.
De acuerdo al decreto y al anexo del convenio, la casa de estudios llevará adelante una serie de tareas que apuntan a ordenar y optimizar la estructura del empleo público en la provincia. El convenio autoriza a la UNCuyo a ejecutar estas acciones directamente o mediante terceros con experiencia en la materia.
Respecto al monto del convenio, fue calculado al tipo de cambio vendedor del Banco Nación del 28 de noviembre de 2024, fijado en $1.009 por dólar, lo que equivale a 70.630.000 de pesos. Los fondos serán transferidos a la Fundación Universidad Nacional de Cuyo (FUNC). El decreto también prevé que los pagos correspondientes a los ejercicios 2025 y sucesivos serán atendidos con partidas presupuestarias específicas.
Además, se autoriza a los Servicios Administrativos del Ejecutivo a imputar, liquidar y abonar eventuales diferencias cambiarias entre el tipo de cambio establecido y el vigente al momento de la facturación. El acuerdo fue suscripto el 1 de noviembre de 2024 entre el Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, encabezado por Natalio Mema, y la rectora de la UNCuyo, Esther Sánchez.
El ministro de Gobierno, Natalio Mema, dialogó con Los Andes y dio precisiones acerca de cómo surgió la idea de este convenio y los motivos por los cuales el Ejecutivo eligió a la UNCuyo para llevar adelante la auditoría.
En concreto, la gestión de Cornejo apunta a un reordenamiento interno en materia laboral dentro de la administración pública. El Ejecutivo busca establecer un nuevo régimen de incentivos para los trabajadores, así como también una política clara en torno a sumarios y sanciones.
“Nuestra expectativa es ordenar el costo del recurso humano respecto al peso que tiene dentro del presupuesto de la Provincia. Hemos podido reducir las deficiencias en materia de gastos y ahora apuntamos a generar un mejor clima de trabajo”, afirmó el funcionario.
Si bien el convenio se firmó en noviembre del año pasado, el Gobierno ya ha recibido los primeros informes de la UNCuyo sobre algunas áreas del Estado provincial. Estas entregas continuarán durante el transcurso del año y los datos serán revelados una vez que la casa de estudios finalice la auditoría.
“Nuestra idea es hacer un análisis profundo del empleo público, área por área, para lograr que en cada régimen se premie a quienes más trabajan y son más productivos. Por eso buscamos diseñar una estructura salarial que, sin reducir sueldos, contemple incentivos para quienes tengan un mejor desempeño”, manifestó Mema.
En la misma línea, el funcionario añadió que esta auditoría le permitirá al Gobierno diseñar una política clara en materia de sumarios y sanciones. Según Mema, esto generará un “reordenamiento interno”, y por ese motivo eligieron a la UNCuyo, “porque cuenta con muchos profesionales que nos pueden ayudar con esto”.
Por último, el extitular de Servicios Públicos se mostró optimista y consideró que el proceso “va a beneficiar a los trabajadores”, por lo que no espera oposición por parte de los gremios estatales.
“No creo que los gremios se opongan. En caso de que necesitemos avanzar en cambios que tengan que ver con las condiciones laborales, vamos a pedir su participación”, finalizó Mema.
Las acciones previstas se organizan en dos ejes principales:
La implementación de estas acciones estará sujeta a un cronograma y metodología de trabajo acordada entre las partes. Para ello, se establecerá un acta de inicio que determinará con precisión el alcance del relevamiento, las áreas involucradas y los procedimientos a seguir.
El convenio incluye una cláusula de confidencialidad que establece que toda la información suministrada por el Gobierno, así como la que se genere durante la ejecución del trabajo, será tratada como confidencial. Queda prohibida su divulgación, transmisión o uso, salvo que exista autorización expresa o sea necesaria para el cumplimiento del convenio.
Esta obligación se ajusta a lo previsto por la Ley Nacional N° 25.326 de Protección de Datos Personales y otras normativas aplicables en la materia.
El convenio tiene una duración inicial de un año desde la fecha de su última firma, con posibilidad de prórroga por un año adicional mediante acuerdo expreso entre las partes, siempre que haya una evaluación positiva de los resultados obtenidos. También podrá ser rescindido de forma anticipada, sin necesidad de invocar causa, con una notificación fehaciente realizada con treinta días de antelación.
El texto señala que el Gobierno facilitará a la Universidad toda la información necesaria para llevar a cabo el análisis, y se compromete a colaborar mediante reuniones y entrevistas con funcionarios y responsables de cada área.
