La jueza también enfrentará cargos por el incumplimiento de los deberes de funcionario público y prevaricato en relación con la marcha de los jubilados.
La jueza Karina Andrade liberó a los detenidos por los incidentes frente al Congreso
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El próximo lunes, el Gobierno interpondrá una denuncia penal contra la jueza Karina Andrade, quien ya había sido objeto de críticas por parte del Ministerio de Seguridad después de haber dejado en libertad, a las pocas horas, a los 114 manifestantes detenidos durante la marcha de los jubilados frente al Congreso el miércoles pasado.
Fuentes de la cartera dirigida por Patricia Bullrich anunciaron que la acusación contra la jueza no solo será por el “incumplimiento de los deberes de funcionario público” y “prevaricato”, sino también por haber sido “deliberadamente funcional al delito de sedición y atentado al orden público”.
Esta acción contra Andrade se produce después de que el Gobierno solicitara su apartamiento del caso y de la denuncia presentada el viernes por el Ministerio de Seguridad contra “grupos organizados de barrabravas” de más de 20 clubes de fútbol, por los delitos de sedición, atentado al orden público y asociación ilícita agravada.
En esta denuncia, el Ministerio de Seguridad ya había adelantado su estrategia al precisar que estaba evaluando presentar una denuncia penal contra Andrade por los cargos de prevaricato y violación de los deberes de funcionario público, y que solicitaría que el caso fuera investigado por el Consejo de la Magistratura.
Desde el Ministerio que lidera Bullrich, acusan a la jueza Andrade, quien se encuentra al frente del Juzgado N° 15 del fuero Penal, Contravencional y de Faltas de la Ciudad, de “no haber aplicado la Ley” al momento de liberar a los 114 detenidos durante la marcha de los jubilados.
El principal reproche hacia la jueza es que emitió un fallo en la madrugada en el que dejó en libertad a los detenidos “en menos de ocho horas” tras ser arrestados por la Policía de la Ciudad y las fuerzas federales, “sin haber revisado las pruebas ni verificado si existían antecedentes penales”. En su defensa, Andrade argumentó que su decisión se basó en la falta de información por parte de las autoridades sobre los motivos de las detenciones y el derecho constitucional a manifestarse.
Poco después, la jueza añadió otro argumento que no había sido incluido en su resolución de la madrugada. “Algo que no puse en la resolución, porque la escribí a las dos de la mañana, a las cuatro de la mañana la firmé, más allá de que lo decidí a las 12 de la noche, que los jueces de la Ciudad lo sabemos muy bien, tiene que ver con el problema de alojamiento de personas detenidas. ¿Dónde iban a quedar alojadas esas personas? Eso tampoco estaba siendo informado. Son datos básicos que como jueza a cargo del control de la detención tengo que tener de forma inmediata”, explicó este sábado en una entrevista con Radio 10.
Por su parte, el director de legales del Ministerio de Bullrich, el abogado Fernando Soto, explicó: “La decisión no fue judicial, fue política. Fue deliberadamente funcional para que se sostengan todos los hechos ocurridos. Es una jueza que no observó la Ley. No solo es negligente, sino que fue deliberadamente funcional a la sedición y al delito de atentado al orden constitucional”.