El Ministerio de Seguridad tiene preparada la resolución para aplicar la restricción de Concurrencia Administrativa a todos los eventos deportivos, luego de los destrozos en la marcha de los jubilados.
El Gobierno aplicará derecho de admisión a 26 hinchas tras los destrozos en la marcha de los jubilados.
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EFE/ Juan Ignacio Roncoroni El Gobierno implementará el derecho de admisión para 26 hinchas involucrados en los daños ocurridos durante la marcha de los jubilados. Estos individuos son parte de los detenidos por las fuerzas federales tras los enfrentamientos y altercados en la plaza del Congreso.
El Ministerio de Seguridad, bajo la dirección de Patricia Bullrich, ya tiene preparada la resolución que impondrá la restricción de Concurrencia Administrativa a todos los eventos deportivos. Según información de TN, el oficialismo excluyó a dos extranjeros y a dos menores de esta medida.
El Ejecutivo revisó las grabaciones de las cámaras de seguridad que registraron los incidentes y analizó los vínculos de los detenidos para determinar su posible conexión con las barras bravas. Desde el Gobierno Nacional afirman que están evaluando ampliar la medida a aquellos detenidos por la Policía de la Ciudad de Buenos Aires.
Fuentes cercanas al jefe de gobierno porteño, Jorge Macri, aseguran que se aplicará el derecho de admisión a los detenidos una vez que sean formalmente imputados por la Justicia. Estos manifestantes, un total de 94, fueron en parte liberados por la jueza Karina Andrade, titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas N° 15.
A su vez, el Gobierno presentó una denuncia penal contra los barras y militantes detenidos luego del enfrentamiento en el Congreso, acusándolos de los delitos de asociación ilícita, sedición y atentado contra el orden constitucional y la democracia. Además, solicitó que se declare la incompetencia de la jueza que ordenó su liberación.
El Ejecutivo presentó evidencia que sugiere concentraciones previas a la marcha en los municipios de los intendentes Federico Otermín (Lomas de Zamora) y Fernando Espinoza (La Matanza). También se señaló a Leandro Capriotti, integrante de una agrupación de hinchas de Chacarita, vinculado al dirigente sindical Luis Barrionuevo.
La Casa Rosada anunció que en los próximos días enviará al Congreso un proyecto de ley para clasificar a las barras bravas como organizaciones criminales. La propuesta establece penas de entre dos y cuatro años de prisión para quienes transporten armas o revendan entradas de protocolo.
Además, el proyecto contempla sanciones de hasta seis años de prisión para los responsables de clubes que entreguen entradas a las barras. La iniciativa tiene como objetivo desmantelar los negocios ilegales vinculados al fútbol, como el control de estacionamientos por parte de los "trapitos" en las cercanías de los estadios.