El fiscal federal Franco Picardi le pidió al Ministerio de Seguridad que incorpore evidencia relativa. El Gobierno asegura que "la violencia fue premeditada y organizada”.
Un hombre observa la marcha el pasado miércoles, cerca al Congreso de la Nación.
Foto:
EFE/ Juan Ignacio Roncoroni El fiscal federal Franco Picardi inició una investigación sobre los incidentes ocurridos durante la marcha de jubilados en el Congreso y solicitó este miércoles al Ministerio de Seguridad que aporte evidencia importante para esclarecer los hechos y respectivas acusaciones.
Entre los elementos requeridos, pidió registros de llamadas a la línea 134, donde se habrían denunciado la presencia de barrabravas en la manifestación. Además, todo tipo de documentación y/o información disponible que ayude a la causa.
La investigación fue iniciada por una denuncia presentada por el funcionario Fernando Soto, en representación de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. El fiscal Picardi ordenó la recolección de pruebas que respalden las acusaciones luego de que el juez Sebastián Casanello delegara la causa.
La denuncia es por sedición, atentado al orden constitucional y la vida democrática y asociación ilícita agravada, informó Noticias Argentinas.
En ese sentido, en un dictamen firmado este viernes, el fiscal requirió al Ministerio que aporte diferentes elementos de prueba. Según se menciona en la denuncia Picardi requirió los "registros completos" de las llamadas recibidas a la Línea 134, perteneciente al Ministerio de Seguridad Nacional.
En esas comunicaciones "se habrían receptado denuncias de personas que, en base a medios televisivos, comunicaron que habrían reconocido a integrantes de "barras bravas de diversos clubes" ejerciendo violencia y/o asistiendo con armas a la manifestación mencionada".
Además solicitó que el Ministerio de Seguridad aporte "informaciones y/o documentaciones correspondientes, referidas a los "supuestos grupos movilizados que nada tenían que ver con una convocatoria de personas mayores de edad jubiladas", como se menciona en la denuncia.
En concreto aquellas evidencias " en las que se hayan registrado las aludidas agresiones a las fuerzas policiales, mediante empujones, golpes, piedras, armas blancas y armas de fuego".
La fiscalía reclama además "registros y/o informaciones que posea en torno a las afirmaciones realizadas respecto de que el "principal organizador de la violenta movilización del día miércoles pasado habría sido Leandro Capriotti".
También toda otra documentación y/o información disponible en torno a los siguientes postulados expuestos: "Los principales grupos de barrabravas partieron desde las Municipalidades de La Matanza y Lomas de Zamora, provincia de Buenos Aires".
Picardi pidió al Ministerio la documentación y/o información que posea sobre la actuación de esos grupos y los "actos de violencia de extrema gravedad" por los cuales se los denuncia.
En la presentación del Gobierno se asegura que "la violencia ejercida fue premeditada y organizada, puesto que los agresores ya arribaron a la movilización munidos de instrumentos contundentes (palos, fierros), armas blancas (facas, cuchillos), armas de fuego, clavos de tipo "miguelito" para pinchar las gomas de las ruedas de los ciclomotores y los patrulleros de las Fuerzas de Seguridad y elementos para iniciar incendios, entre otros objetos inequívocamente destinados a agredir, causando daños y lesiones".
"Me refiero, en concreto, a que se aporten los diversos materiales que se afirman como disponibles en la denuncia presentada, que darían cuenta de tales hechos, a los fines de evaluar la plataforma fáctica denunciada conforme las cualidades del caso", concluyó la fiscalía al librar oficio al Ministerio de Seguridad.
El Director Nacional de Normativa y Relaciones con los Poderes Judiciales y los Ministerios Públicos del Ministerio, Fernando Soto, denunció ayer que en el marco de la manifestación de jubilados en reclamo de aumento de sus haberes realizada en los alrededores del Congreso de la Nación, hubo hechos de violencia premeditados.