El fiscal federal Dante Vega explica por qué a su criterio no se puede judicializar la actividad de las organizaciones armadas y habla de la desclasificación de documentos militares de la dictadura.
Retrato del fiscal Federal Dante Vega en su despacho de Tribunales Federales Foto: Ignacio Blanco / Los Andes
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La cruzada del gobierno de Javier Milei a favor de la "memoria completa" torna relevante el diálogo con el fiscal federal Dante Vega, protagonista de todos los juicios de la región y otros puntos del país contra los responsables de los crímenes de la dictadura militar.
En esta entrevista brindada a Radio Jornada, Vega explica por qué no cree posible juzgar a las organizaciones armadas que cometieron graves delitos en aquella época y habla también de la desclasificación de documentos militares que ordenó el Presidente.
-¿Cuál es su opinión respecto del anuncio de la desclasificación de documentos sobre el accionar de las Fuerzas Armadas?
-Es una buena noticia. Que se abra todo archivo que esté en cualquier dependencia del Estado para reconstruir el pasado terrorista en Argentina, es algo encomiable. Dicho esto, hay problemas con este anuncio. El primero que le veo es la falta de gente que se dedique a desclasificar archivos. Hay gente especializada en esto y tengo entendido que el Gobierno Nacional ha directamente prescindido, echado, a gente que se dedicaba a esto en el ámbito del propio Estado. Entonces está esta paradoja de ordenar la desclasificación o el desarchivo de documentos y después no tener quién los lea.
Ya ha existido una desclasificación importante hace diez años atrás. A partir de 2010, 2011, 2012, y ahí sí hablo con conocimiento de causa porque, por ejemplo, en el juicio de Trelew, en el que intervine como fiscal, yo accedí a muchos documentos de la Armada que se habían obtenido por una orden. Más que desarchivo, era búsqueda, porque esos documentos estaban escondidos. Y hay otros documentos también a los que he accedido, ya referidos a Mendoza, que también vienen de esa época. Entonces, cuando leí este anuncio, bueno, me alegró, por supuesto, como fiscal, pero hay que ver qué se va a agregar, porque es mucho lo que se ha exhumado. Las investigaciones del terrorismo de Estado, me animo a decir, tienen mucho material documental, se ha detectado mucho al día de hoy. Pero bueno, siempre hay un sótano nuevo para encontrar documentación. Eso nos pasó en San Juan, donde logramos detectar en una habitación olvidada de la Policía, documentación muy importante del D2.
-En la comunicación oficial, el Gobierno dice que esto es dar cumplimiento al decreto 4 del año 2010, que nunca se implementó completamente.
-No sé por qué esa afirmación oficial. Tampoco estamos en condiciones de decir cuánto se cumplió, porque la masa documental permanece también en la clandestinidad. La orden existió, eso es un hecho. Que dependencias del Poder Ejecutivo se dedicaron a rastrear documentación, eso ocurrió. Más allá de esa afirmación, el marco del decreto es correcto. Y bueno, en el marco de ese decreto, se seguirá buscando. Me parece muy bien, aparte de eso mantiene la atención sobre el pasado terrorista.
La primera fuente de conocimiento que hemos tenido en los juicios ha sido el testimonio. Como fuente de convicción, ha sido la principal. Pero esos testimonios se han apoyado en la reconstrucción del terrorismo de Estado. Entonces ahí fuimos a la prueba documental, a la conocida y a la que accedimos, a expedientes judiciales que estaban empolvados y que los desempolvamos y que los trajimos al juicio; pedidos de informes, todo lo que hace que también sea una fuente importante de convicción. El marco, sin duda, lo hemos reconstruido a partir de la documentación, el contexto, porque no hay ningún acto terrorista estatal que sea al azar. Generalmente responden a un patrón sistemático, a un operativo, a una zona liberada.
-¿Cuánto queda por esclarecer judicialmente o por someter a proceso de la época de la dictadura?
-Depende de los lugares. Yo puedo contestar con autoridad de acá, de Mendoza y Cuyo, que son los juicios en los que he actuado. Siempre quedan episodios, parcelas y sectores con decisión de la fuerza, operativos por descubrir y por llevar a juicio. Pero me animo a decir que se ha juzgado en esta jurisdicción lo esencial, lo que pudimos conocer. Los grandes operativos desarrollados en Cuyo los hemos descubierto a todos, hemos llevado sus responsables a juicio y hemos logrado condenas. En este momento está en juicio el accionar del principal centro clandestino en Mendoza, que era el D2, pero esa investigación ya la hicimos. Nos quedan investigaciones importantes en materia de niños y niñas que sufrieron el terrorismo de Estado en carne propia. Por ejemplo, niños dejados en los baños mientras secuestraban a los padres, niños amordazados, niños interrogados.
-¿Qué opinión le genera cuando desde el Gobierno Nacional se equipara el accionar del Estado frente a las denominadas organizaciones guerrilleras?
-Esta postura de equiparar fue la base de la denominada teoría de los dos demonios, que fue esgrimida y que tuvo mucho éxito en la transición democrática ¿En qué se basa? En tratar de equiparar la respuesta armada y legal de las organizaciones subversivas con el accionar terrorista estatal. Esto es falso, desde todo punto de vista, hasta moral, pero jurídico seguro. Porque, a ver, sentido común: frente a las organizaciones armadas y los delitos que cometían estaba el Estado. El deber ser, el Estado, la Justicia. El juicio justo y el debido proceso. Frente al terrorismo de Estado no queda nada. No hay ninguna instancia a la cual acudir, salvo la internacional, pero la internacional va a llegar tarde o no va a llegar. Ese es el drama del terrorismo de Estado. Frente al terrorismo de Estado no hay sitio o lugar donde refugiarse. Y sobre todo, como se ha probado, cuando la Justicia era cómplice del terrorismo de Estado. Esta asimetría, siempre se destacó. Eso no hay que perderlo de vista porque es la base que tenemos para apreciar lo que se ha dicho del 24 de marzo.
Ahora, ¿qué giro se está intentando introducir? Ya no se habla de dos demonios. Eso ya no tiene sentido, ya está clausurada esa discusión. Entonces, se habla ahora de un demonio ¿Cuál es el demonio que se ha perdido de vista según el nuevo discurso que se pretende instalar? El demonio de la subversión, el demonio del terrorismo. Ese demonio que se ha perdido de vista, se ha tapado y se debe significar. No se animan a hablar de guerra y hablan de la guerra revolucionaria. El concepto de guerra revolucionaria es un libro que escribió un general de la resistencia vietnamita. Y acá en Argentina no hubo guerra y tampoco hubo guerra revolucionaria. O sea, se quiere instalar el concepto de guerra, otro concepto que está superado, para tratar de introducir la revolución. Y unido a esto, lo de la memoria completa. Esto es un reclamo que ya lleva algunos años. Bueno, postula una memoria incompleta.
-En referencia a lo que se plantea, ¿tiene sustento que existan hechos delictivos de organizaciones armadas que no se hayan investigado?
-A ver, no existe una memoria incompleta y una memoria completa. Existe una memoria. La memoria es un proceso colectivo y se basa en los hechos que ocurrieron, no en los que no ocurrieron. Entonces, cuando se utiliza este concepto para decir que se ha construido una memoria incompleta en la Argentina, la memoria completa tiene que abarcar también el accionar de las organizaciones armadas. Tiene que haber un juicio no solamente para los responsables de la respuesta del Estado, sino también para los que la originaron, los jefes subversivos. Bueno, esto es imposible fácticamente y jurídicamente. Fácticamente porque el Estado argentino, en vez de perseguir legalmente a los responsables de estos delitos, en vez de someterlos a juicio, los secuestró y los hizo desaparecer. Entonces están desaparecidos. Y entonces no se puede hacer un juicio contra personas que están desaparecidas porque el Estado, en vez de articular una persecución legal, se dedicó a cazarlos, a secuestrarlos y a desaparecerlos.
Por otro lado, también es imposible jurídicamente, porque está ya instalada en la comunidad jurídica internacional la diferencia entre los delitos de lesa humanidad y los delitos que no son de lesa humanidad, que está unido a esto. El Estado, en su momento, debió perseguirlo. No lo hizo y hay una prescripción de la acción. Está muy determinada la doctrina. Por qué unos sí y por qué otros no. No es un capricho, no es una cuestión de un gobierno, es una separación jurídica que se hace. Y para que quede claro esto, esto no significa una reivindicación de las organizaciones armadas, no significa considerar los delitos que cometieron como no delitos. Los repudiamos, sí, claro, esos delitos los repudiamos. Pero una cosa es repudiarlos y otra cosa es pretender que por esos delitos se persiga a personas que el mismo Estado eliminó. Hay que clarificar esto porque si no se introduce confusión y ya no se sabe de qué estamos hablando.