El hermano de Germán Kiczka, Sebastián, recibió una pena de 12 años. Los fundamentos serán leídos dentro de 10 días hábiles.
Condenaron al exdiputado de Misiones Germán Kiczka a 14 años de prisión.
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Norte Misionero El exdiputado provincial Germán Kiczka fue condenado a 14 años de prisión por tenencia y facilitación de material de abuso sexual infantil (MASI). Su hermano, Sebastián, recibió una pena de 12 años, de acuerdo a lo resuelto este miércoles por el Tribunal Penal N°1 de Posadas, Misiones.
La acusación en el juicio estuvo bajo la responsabilidad de los fiscales Martín Alejandro Rau y Antonio Glinka, quienes habían pedido 15 años de cárcel para el exlegislador y 12 para su cómplice. Por otra parte, el abogado Gonzalo de Paula se encargó de la representación del exdiputado, mientras que Eduardo Paredes y María Laura Alvarenga patrocinaron a Sebastián Kiczka. Los jueces Gustavo Bernie, Viviana Cukla y César Antonio Yaya (subrogante) conforman el Tribunal Penal.
La audiencia inició con el alegato acusatorio, con fundamentos principales como el material encontrado en dos computadoras y un pendrive y las contradicciones en las que incurrió Germán Kiczka durante sus distintas declaraciones. Al respecto, el fiscal Rau destacó que se trató de un juicio “histórico”.
Tras cuatro horas de exposición de argumentos y de interpretación de pruebas, Rau pidió para el exdiputado una pena de 15 años mientras que para su hermano solicitó 12 años. Para graduar las penas, la acusación se basó en el tipo y la gran cantidad de material encontrado en poder de los Kiczka.
De esta manera, la Fiscalía marcó que en la apertura habían advertido que las defensas intentarían confundir al Tribunal. Esto se sustentaría en dos factores. El primero, la compulsión de Sebastián y su incapacidad de controlarse, por lo que sería el único responsable y que llevaría a una internación y no a una condena. El segundo, que Germán es un perseguido político. “Es un sacrificio cínico”, consideró el fiscal Rau, y agregó: “Esto se fue corroborando durante las audiencias”.
Luego, Glinka detalló: “Sebastián es el chivo expiatorio de la familia”. Y cuestionó el planteo del el exdiputado de que la causa tenía connotaciones políticas. “Nunca hubo persecución política. Hubo ganas de zafar de una persona que comete delitos”. En otro momento, Rau reforzó el argumento, recordando que se llegó a los Kiczka a partir de una investigación internacional que identificó datos y metadatos de la conexión a la web que resultó vinculada a ellos.
En ese orden, el fiscal aseveró que las defensas torcieron los hechos para sostener su teoría del caso, apelando a informes “truchos”. Incluso, apuntó que los acusados cambiaron sus declaraciones indagatorias para ajustarlas a esta maniobra. Por otro lado, pidió que se acuse de falso testimonio al diputado provincial Pedro Puerta (quien respondió por escrito las preguntas) y a Leonardo Kiczka, padre de los acusados, por haber incurrido en supuestas falsedades en su declaración.
La mayoría de las audiencias del juicio a los hermanos Kiczka se realizaron a puertas cerradas y sin público. Esta medida se tomó en resguardo a la intimidad de las víctimas. La investigación que los involucra comenzó el 16 de enero de 2024. Fue a partir de un correo electrónico enviado a la Unidad Fiscal Especializada en Delitos y Contravenciones Informáticas (Ufedyci) por Tom Farrel, director de Innovación de la Coalición de Rescate Infantil (Child Rescue Coalition - CRC).
Farrel contó que en coordinación con el Centro Internacional para Personas Desaparecidas y Niños Explotados (IMEC, por sus siglas en inglés), CRC estaba trabajando en la operación denominada “Guardianes de la Niñez”. Como objetivo se plantó identificar a víctimas de abuso sexual en línea y presuntos agresores que comparten material de este tipo. Se adjuntaron las direcciones IP involucradas en los hechos ubicadas en la Argentina. De esta manera llegaron hasta el domicilio del ahora exdiputado misionero y a su hermano.
En la causa se reveló que entre el 2 de diciembre de 2023 y el 10 de enero del 24, el entonces legislador de Misiones habría descargado y compartido 603 archivos de videos y fotos de explotación sexual infantil. También se comprobó que distribuyó “imágenes de prácticas zoofílicas” que involucran a menores de 13 años.