La denuncia contra Viviana Canosa fue presentada por el abogado Santiago Dupuy de Lome luego de que la conductora contó cómo ayudó a Lizy Tagliani tras la muerte de su madre.
Viviana Canosa fue denunciada.
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Viviana Canosa quedó en el centro de una causa judicial tras una confesión que hizo al aire en su programa. La periodista fue denunciada por el delito de tráfico de influencias luego de haber revelado que, en 2011, habría recurrido a un funcionario del Gobierno nacional para resolver un trámite relacionado con la muerte de la madre de Lizy Tagliani.
La denuncia fue presentada por el abogado Santiago Dupuy de Lome y quedó radicada en el Juzgado Criminal y Correccional Federal N°12, a cargo del juez Ariel Lijo, con intervención del fiscal Carlos Stornelli. El expediente fue registrado con el número CFP 1560/2025, según se informó a través del portal oficial del Centro de Información Judicial (CIJ), y el sorteo de la causa se realizó el lunes 14 de abril.
Según detalló Canosa en su ciclo “Viviana con Vos”, que se emite por El Trece, la humorista la llamó desesperada tras el fallecimiento de su madre, Rosa Gallardo, porque no tenía el certificado de defunción y el cuerpo estaba retenido en una cochería. Fue entonces que la conductora aseguró haber llamado a una persona de confianza que la ayudó a resolver la situación. “Lizy podía ir presa. Logré que llevaran a la señora nuevamente a su casa, firmaran los papeles y la devolvieran a la cochería”, relató en vivo.
Si bien Canosa no dio nombres en ese momento, más tarde trascendió que la persona a la que recurrió fue Aníbal Fernández, quien en aquel momento ocupaba el cargo de ministro de Seguridad de la Nación.
La historia que reavivó la polémica no es nueva. En 2017, Lizy Tagliani había contado un episodio similar en el programa radial “La Negra Pop” (Pop Radio 101.5), aunque sin mencionar a Canosa. En esa ocasión, la conductora dijo que una amiga la había ayudado en un momento de desesperación. “Se simuló una emergencia médica y luego un profesional firmó el acta correspondiente”, explicó entonces, sin dar mayores detalles.
Para el abogado denunciante, los dichos de Canosa podrían constituir una maniobra irregular que se encuadra en el delito de tráfico de influencias, ya que habría utilizado contactos políticos para agilizar un trámite que, en condiciones normales, requiere otros procedimientos. Según argumentó, esta conducta vulneraría el principio de igualdad ante la ley y podría implicar una intervención indebida en un procedimiento administrativo.
La presentación judicial también involucra al propio Aníbal Fernández, a quien Canosa habría contactado para facilitar la obtención del certificado en cuestión. Ahora, el juez Ariel Lijo y el fiscal Carlos Stornelli deberán evaluar la información disponible y determinar si existen elementos para iniciar una investigación formal.