La justicia federal ordenó que Nicolás Bazán y el ex uniformado Dino Rossignoli sigan presos hasta que sean juzgados en abril próximo por asociación ilícita, cohechos activo y pasivo y lavado de activos. Los doce imputados habrían comprado y vendido dólares de forma ilegal y amasaron una fortuna durante la pandemia de Covid- 19.
Foto:
El Tribunal Oral federal Nº 1 ordenó que uno de los líderes de una presunta organización delictiva procesada por coimas, lavados de activos y asociación ilícita, y un comisario de la Policía Federal que habría protegido a la organización, deberán continuar detenidos hasta que finalice el juicio oral y público que se realizará en abril.
El viernes pasado los jueces Alberto Daniel Carelli, Alejandro Waldo Piña, y María Paula Marisi, ordenaron que Nicolás Ernesto Bazán Sánchez (27) y el ex uniformado Dino Enzo Rossignoli Pérez (52) sigan detenidos, al extender la prisión preventiva que pasa sobre ambos. La extensión de la preventiva es por el termino de 6 meses o bien hasta que termine el juicio que se realizará desde el 22 de abril próximo. En estos casos se tuvo en cuenta la pena que podrían recibir y el peligro de fuga, ya que podrían contar con medios económicos para ello.
Los magistrados, por otra parte, ordenaron la libertad de otros dos acusados: Andrés Francisco Bauco Sevilla y Ernesto Esteban Bazán Canella (padre de Nicolás), quienes también se encontraban detenidos. Para ello se consideró que la pena que podría recibir ya habría sido cumplida con el tiempo que llevan detenidos y además se tuvo en cuenta la edad.
Se trata de una investigación que comenzó en 2022, a cargo del el fiscal Federal Fernando Alcaraz y juez federal Marcelo Garnica, titular del Juzgado Federal Nº3 de Mendoza, quien luego procesó a esta presunta bandas que habría logrado amasar una considerable fortuna durante la pandemia de Covid-19 y que a cambio de protección, habría pagado coimas mensuales al ex jefe de la División Operativa de la Policía Federal Argentina en Mendoza.
Según la acusación del Ministerio Público Fiscal, “entre 2020 y 2022, habría funcionado una asociación ilícita integrada por Nicolás Bazán, Renzo González, Ernesto Bazán, Dino Rossignoli, Andrés Bauco, Félix Masera, Juan Manuel Moral, Alejandro Agustín Moral, María José Degregorio (contadora), Marcelo Salcedo (ex policía), Ángel Fava (ex policía) y Roberto Bustos (ex militar), que tuvo por objeto la comisión de distintos delitos, principalmente operar en el mercado de cambio de divisas sin la correspondiente autorización del Banco Central de la República Argentina”.
Estas actividades se habrían realizado en locales donde supuestamente funcionaban joyerías pero donde la actividad era la comercialización de divisas. Cuatro joyerías llevaban el nombre “Stefano Canella”, ubicadas en San Martín 1173 (interior de la Galería Tonsa), Catamarca 49, Las Heras 260 y Rivadavia 98; dos de nombre “Vía Roma”, ubicadas en Espejo 95 y 9 de julio 1215; y una joyería de nombre “La Casa del Tesoro”, ubicada en calle San Juan 1163.
En relación a los delitos de cohechos activo y pasivo, los investigadores habría determinado que “entre 2021 y 2022, Dino Enzo Rossignoli, en su calidad de Comisario Jefe de la División Unidad Operativa Federal Mendoza de la Policía Federal Argentina, habría recibido el pago de sobornos por parte de Nicolás Bazán, Ernesto Bazán, Andrés Bauco y Eduardo Ezequiel Fernández, en este último caso, por orden de Nicolás Bazán, “para dejar de hacer “algo” relativo a sus funciones, esto es, no actuar ante la comisión de un delito y/o poner en conocimiento de las autoridades judiciales la posible comisión de un delito del que tenía conocimiento, con el objeto de brindar cobertura y protección a la asociación ilícita de la que formaría parte, permitiendo que esta llevara a cabo la actividad de cambio de ilegal de divisas, advirtiéndoles sobre la realización de allanamientos, inspecciones municipales u otro tipo de procedimientos a realizarse en la zona por la fuerza policial a su cargo".
Por otra parte, relacionado a las supuestas maniobras de lavado de activos, la imputación sostiene que Nicolás Bazán, Renzo González, Ernesto Bazán , Andrés Bauco, Félix Masera, María José Degregorio, Juan Manuel Moral y Alejandro Agustín Moral, habrían puesto en circulación en el mercado económico formal bienes provenientes de un ilícito penal, con la finalidad de darles a estos, una falsa apariencia de origen lícito, superando ampliamente estos actos, en su conjunto, la suma de $300.000 prevista por el art. 303 del Código Penal.
Durante la pandemia de Covid 19, los dos jóvenes líderes (Bazán y González) habrían incrementaron notablemente su patrimonio, adquiriendo vehículos y abrieron nuevos comercios bajo las engañosas fachadas, en la zona del microcentro.
Uno de estos comercios fue un bar llamado “La rosa club”, ubicado en Catamarca 53 de Ciudad y dos locales bailables que servirían para el “blanqueo de divisas”, uno con el mismo nombre de bar, ubicado en Ruta 82, km 26 de Luján de Cuyo y otro conocido como “Praga”, en Godoy Cruz 318 de Ciudad.
Por último, el requerimiento fiscal, apunta a Renzo González por tenencia de estupefacientes ya que el 6 de julio de 2022 cuando se allanaron las casas de los sospechosos se decomisó en su casa ubicada en le barrio privado “Los Carolinos”, en Luján de Cuyo, “85 gramos de marihuana, 3 gramos de cocaína y 10 gamos de MDMA-Éxtasis.