La Municipalidad de Luján de Cuyo, flamante propietaria del predio y edificio donde funcionaba el instituto religioso para chicos sordos Antonio Próvolo -y donde se investiga la presunta comisión de abusos sexuales contra los ex estudiantes- no podrá realizar "modificaciones sustanciales" en el lugar; al menos no sin antes comunicárselo al Ministerio Público Fiscal. Así lo dispuso el fiscal Gustavo Stroppiana, considerando que dichas acciones "pueden llegar a afectar el curso de la investigación".
Si bien la disposición se encontraba vigente desde fines de febrero -cuando finalizó la intervención judicial y el fiscal devolvió el edificio a la Asociación Obra San José (ex dueños) con esta aclaración-, a pedido de la querella Stroppiana reiteró este pedido, ahora con el agregado de tener que notificar a la comuna lujanina.
De acuerdo al escrito actual presentado por el abogado Oscar Barrera, la reiteración del pedido -presentado inicialmente en febrero- se hace "fundado en la complejidad de la causa, la existencia de víctimas que aún no habían -ni lo han hecho hasta la actualidad- denunciado los abusos sexuales padecidos, y la posibilidad de realización de un futuro juicio oral".
De hecho, la querella toma como referencia una nota de Los Andes comparando cómo estaba el Próvolo en mayo de este año y cómo se lo vio el miércoles último, cuando el intendente de Luján, Omar De Marchi lo reabrió y lo mostró a los medios. "Se han publicado imágenes que dan cuenta de cambios en el edificio y predio en el que se emplaza. Ante ello, solicitamos arbitre las medidas pertinentes a los efectos de constatar el estado del inmueble, ordenando una inspección ocular, con allanamiento en caso de ser necesario, a los efectos de constatar si se ha realizado alguna modificación violatoria de las condiciones de entrega", destaca.
En tanto, desde la Municipalidad indicaron que hasta el momento no recibieron ninguna notificación al respecto.
Decomiso
Sergio Salinas, otro de los abogados querellantes, también presentó en las últimas horas dos pedidos.
El primero de ellos, en sintonía con Barrera, es el de "no innovar" en el bien en cuestión, lo que también impedirá que la comuna realice obras en el lugar.
El segundo de ellos, en tanto, tiene que ver con el decomiso del inmueble (similar al que ya había realizado en octubre del año pasado). El pedido fue dirigido tanto a Stroppiana como a la jueza de Garantías, Alejandra Alonso.
"Llama la atención que se haya concretado esta compra, más teniendo en cuenta que el Estado compra un bien cuyo devenir natural es el decomiso para que quede en el mismo Estado, además de para el resarcimiento de las víctimas", sintetizó Salinas.
