El Gobierno Provincial lanzó el miércoles una aplicación para la detección de coronavirus pero, además de tener fallas técnicas referidas a geolocalización, comete faltas que atraviesan lo jurídico. Al parecer la aplicación estaría violando derechos constitucionales y acuerdos internacionales a los que adhiere Argentina en materia de protección de datos. El primer disparador fue un escrito que elaboró la doctora Bárbara Peñaloza, abogada y Máster en Abogacía Digital y Nuevas Tecnologías, al que se le sumó un pedido de informes elevado a la cámara de Senadores, por el legislador Bartolomé Robles, del partido Justicialista.
Desde el Ministerio de Gobierno, responsable de el lanzamiento de la aplicación, se reusaron a dar respuesta aduciendo que no era un tema inherente a la función del ministro.
Para empezar la aplicación no pertenece al gobierno de la provincia, sino que fue desarrollada por efectores privados. Además no solicita expresamente el consentimiento de aceptación de los términos y condiciones en los que los datos del usuario serán utilizados, requisito indispensable en todo programa o aplicación que se descargue en celulares o computadoras. "Tenemos un principio básico, preliminar, medular que establece el consentimiento explícito de los datos. El artículo 5 de la ley (25.326) dice que el tratamiento de datos que no sea dado luego del consentimiento libre, informado y expreso de manera escrita del titular, es ilícito", explica Peñaloza. Para que la app sea legal el usuario tiene que leer cómo van a ser usados sus datos y aceptarlo fehacientemente, cosa que no ocurre con CoTrack.
"Hoy la tecnología y el entrecruzamiento de datos permiten que se identifique a la persona. Entonces, aquel que sea responsable de esos datos (desarrollador de la app) tiene que procurar que estén disociados y anonimizados, porque tiene una base de datos que puede ser ciber atacada y el que acceda tiene el nombre completo, edad, fecha de nacimiento, documento, domicilio y qué enfermedades tiene la persona, porque pregunta si la persona es paciente oncológico, si tiene HIV, si es diabético", señala Peñaloza.
"También dice que ellos no guardan los datos sino que todo queda en dispositivo móvil pero, leyendo los términos y condiciones, dice que 'pueden llegar a guardar algunos datos' pero no lo expresa claramente dónde ni para qué".
Otra cuestión importante que señala la abogada tiene que ver con la posibilidad de cambiar esos términos y condiciones, según lo sugiere la misma aplicación. "Hay una cláusula que dice que el grupo de empresas (dueños de la app) pueden cambiar los términos y condiciones parcial o totalmente, cuando les parezca conveniente y que se presume que el usuario está aceptando que eso puede ser posible, otra vez sin ser informado y sin el consentimiento efectivo".
Por último Peñaloza destacó que "La provincia no puede avalar el uso de una app que esté violando una ley nacional".
Por su parte, el legislador justicialista Bartolomé Robles elevó ayer un pedido de informes a la cámara de Senadores de la provincia para conocer los motivos por los cuales el gobierno lanzó esta aplicación cuando desde la Nación ya hay una similar funcionando: "Nos parece innecesario el uso de una segunda app, en estos tiempos en los que estamos sobrepasados de información. Hubiera sido más fácil que la provincia pidiera acceso a la base de comando de esa aplicación para conocer o ver los casos en Mendoza", opinó
Peñaloza y Robles explicaron que la Justicia no puede actuar de oficio, ya que solamente se pueden "borrar" los datos que la persona haya ingresado mediante una acción de Habeas Data. Es decir que se necesita una presentación formal de cada ciudadano ante la Justicia para solicitarlo.
