La inseguridad en la ciudad de Rosario fue en los últimos años una realidad traumática y motivo de lógica angustia para los habitantes de esa pujante ciudad santafesina.
La influencia del narcotráfico en la tremenda ola delictiva resultó la causa de una crisis sin final a la vista, agravada por la incapacidad de la política, fundamentalmente, y de la justicia para encontrar la solución a tal flagelo.
Sin embargo, desde el Ministerio de Seguridad de la Nación informaron recientemente que se cumplió un mes sin asesinatos, 30 días seguidos, lo cual comparado con el pasado reciente es mucho.
Una gran noticia atribuida oficialmente a la aplicación del denominado Plan Bandera, operativo conjunto llevado a cabo desde enero entre las fuerzas de seguridad de la Nación y las de la provincia santafesina.
El dato es significativo, ya que es la primera vez que no hay víctimas fatales desde que existen registros de estadística criminal en esa ciudad, a partir de 2013.
Este mecanismo fue especialmente diseñado desde la Nación, a poco de asumir la actual gestión, para combatir las peleas entre bandas de narcos que habitualmente se disputan la preponderancia territorial, situación que conduce a enfrentamientos sangrientos y, en muchísimas oportunidades, a perjudicar a impotentes ciudadanos sorprendidos por los crueles asaltos y tiroteos.
Como señalamos al comienzo de este artículo editorial, la crisis santafesina, con epicentro en Rosario, condujo a una verdadera tragedia: se llegó a 400 asesinatos por año.
Ahora, en cambio, hay una significativa reducción.
Por otra parte, también decayó en forma notable la denominada violencia callejera y la criminalidad en general, que mucho se ampararon en el flagelo narco para poder ejecutar sus acciones.
El trabajo en materia de seguridad incluye un estricto control de personas en la vía pública, como también entre conductores de automotores, con el propósito de verificar si el ciudadano indagado tiene deudas con la justicia.
Una leve incomodidad, es cierto, pero que la gente en general valora a cambio de tener tranquilidad y seguridad en su diario vivir.
A la decidida acción encarada desde el Ministerio de Seguridad de la Nación hay que sumar la convicción del actual gobierno santafesino para encarar una acción concreta y aceptar el aporte de la logística federal.
Hasta el gobernador Pullaro fue destinatario de amenazas concretas.
De todos modos, nadie debe cantar victoria con estos números sobre la mesa.
Se trata, indudablemente, de una demostración muy clara de que cuando el peso del Estado es puesto a combatir el delito con mecanismos legales es posible neutralizar los efectos de la criminalidad más dramática, como la que generan los delincuentes narcos aquí y en otros países.
Lo hecho hasta ahora en Santa Fe debería servir como ejemplo para gobernantes de otras provincias del país.
Se sabe que la organización de los narcotraficantes se expande con facilidad cuando las estrategias oficiales son neutras.
Y ha quedado demostrada, por otra parte, la habilidad de los delincuentes arrestados para influir, incluso, desde las cárceles en las que cumplen sus penas.
La inseguridad sigue siendo, junto con la situación económica y el desempleo, uno de los motivos de mayor preocupación de la ciudadanía, generalmente en los núcleos urbanos más populosos. Motivo más que suficiente para que las autoridades de turno no se confíen.
