La región: tensiones en seguridad y política

En México, a un año de la próxima elección presidencial, el tema de la inseguridad empieza a ser prioritario en el discurso de los candidatos, como ha sucedido en las últimas décadas. El oficialismo tiene más chances de ganar, sostenido en la imagen del presidente Andrés López Obrador, que sigue siendo buena en la población, y en la solidez de su estructura política, MORENA. Uno de sus dos candidatos con más posibilidades es su ex canciller Marcelo Ebrard, quien ha presentado un plan para contener y disminuir la violencia criminal usando para ello las tecnologías más avanzadas en seguridad, incluyendo el uso de inteligencia artificial. Cabe señalar que la inseguridad es la primera demanda que expresa la sociedad en los sondeos de opinión. El plan se denomina “Ángel”, acrónimo de Avanzadas Normas de Geolocalización y Seguridad. El candidato dice que incluye también las tecnologías de reconocimiento facial, el identificador de disparos, los detectores de armas y el reconocimiento morfológico de los delincuentes. También incluye el uso de drones, los que se usarían para localizar, rastrear y seguir vehículos en vivo y en directo. Propone el uso de cámaras inteligentes para la Guardia Nacional, las que aportarían otra fuente de información en tiempo real y se sumarían a las ya establecidas en lugares fijos. Aparece así un modelo de seguridad alternativo al que se está generalizando en América Central a partir de la experiencia del presidente Nayib Bukele en El Salvador, que consiste en quitar a la delincuencia el control interno de los penales.

En Perú, los movimientos sociales que protagonizaron las protestas violentas contra el gobierno de Dina Boluarte, preparan una nueva marcha sobre Lima, la capital del país. Exigen la renuncia de la presidenta -que sigue teniendo un nivel de popularidad muy bajo- y de todos los legisladores, de manera que se realice una elección general cuanto antes y que las actuales autoridades no continúen en el poder hasta el final del mandato. La protesta se ha denominado “Tercera toma de Lima” y tendrá como epicentro el 19 de julio. Las manifestaciones se extenderán en diferentes regiones. De acuerdo con la Central Única Nacional de Rondas Campesinas del Perú (Cunarc), hay cerca de dos millones de ronderos y ronderas -así se denomina a los participantes de las protestas- en veintidós regiones del país, quienes están agrupados en federaciones y centros regionales. Se estima que marcharán sobre Lima treinta mil de ellos y al mismo tiempo las protestas se multiplicarían en las distintas ciudades del país. Los sindicatos, nucleados en la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP) también participarán de las manifestaciones en las veintiséis regiones donde están organizados. El gobernador de Cuzco, Werner Salcedo Álvarez, que apoya las protestas, pero convoca a no realizar actos de violencia en las mismas, advirtió a la Presidenta y la policía nacional que “esta vez no vamos a tolerar que saquen las armas. Basta de sacar las armas para quitar la vida de sus propios compatriotas”. Cabe recordar que entre diciembre y febrero murieron sesenta manifestantes en la represión de las protestas. Por su parte, el ministro del Interior, Vicente Romero, señaló que están previstas medidas para contener las movilizaciones, que se estima serán menores que en los dos casos anteriores.

En Venezuela, la oposición ratificó su apoyo para que compitan en las primarias del 22 de octubre todas las candidaturas que fueron presentadas antes del 24 de junio. La oposición, reunida en Plataforma Unitaria, ha seguido adelante con este proceso, pese a las inhabilitaciones dictadas por el gobierno de Nicolás Maduro contra algunos candidatos como Corina Machado, quien es la que tiene más intención de voto para las primarias y mayor capacidad de enfrentar electoralmente al oficialismo. El empresario disidente del chavismo, Luis Ratti -que es funcional al mismo- anunció que el Tribunal Supremo de Justicia designó un magistrado para analizar la posibilidad de disolver la Comisión Nacional de Primaria, que lleva adelante las primarias de la oposición. Por su parte, el ex candidato presidencial opositor, Henrique Capriles, ratificó que participará de las primarias, pero advirtió que el chavismo podría avanzar con más proscripciones. Expresó también su voluntad de competir en la elección presidencial del año próximo, pese a que está vigente una inhabilitación para ejercer cargos públicos durante quince años, dictada por Maduro. Exhortó a la oposición a convocar los candidatos inscriptos para debatir las inhabilitaciones y amenazas que está planteando el Gobierno. Se teme al mismo tiempo que sean inhabilitados candidatos a legisladores como Juan Guaidó, quien presidió el gobierno delegado que fracasó en promover un cambio de régimen. El escenario hacia adelante no es fácil. Los ocho candidatos opositores han ratificado que seguirán adelante con el proceso sin aceptar las exclusiones impuestas por el régimen de Maduro. A su vez, éste decidió rechazar la participación de observadores internacionales en la elección presidencial de 2024.

Un plan tecnológico para combatir la inseguridad en México, una protesta social y política que vuelve a amenazar al gobierno peruano, y el avance del autoritarismo venezolano contra la oposición, son manifestaciones de la situación política que vive la región al promediar 2023.

*El autor es director del Centro de Estudios Unión para la Nueva Mayoría