El sistema acusatorio, como también el juicio por jurados para emitir dictamen, son aspectos que el propio presidente resaltó en su mensaje en el Congreso. Son anuncios que generan alguna expectativa con respecto al correcto y necesario buen funcionamiento del Poder Judicial, pilar de la estructura republicana.
Los pros y los contras de los juicios por jurados, bajo la lupa de especialistas.
Foto:
La atención que merece la Justicia Federal por parte de la política parece haber llegado. En su discurso reciente ante la Asamblea Legislativa, para inaugurar un nuevo periodo anual de sesiones, el presidente de la Nación anunció que enviará al Senado los pliegos para todos los cargos vacantes de jueces y también para la Procuración General de la Nación.
Fue, sin ninguna duda, e l mejor anuncio de Javier Milei en lo que se refiere a la justicia, ya que esa anomalía generada por las vacancias en numerosos juzgados del país sigue generando demoras ante la falta de magistrados, o porque la designación de jueces subrogantes opera como una frazada corta y no hace otra cosa que agravar el desborde que ya tienen muchos de los jueces en funciones.
Hay actualmente en el Poder Ejecutivo más de 150 ternas de candidatos a jueces ya seleccionados por el Consejo de la Magistratura y al presidente le corresponde elegir a uno por cada cargo vacante para luego enviar la nominación, o pliego, al Senado de la Nación. Ya se trata de una cuenta pendiente del actual gobierno, que había prometido normalizar esta falencia el año pasado, pero nunca lo hizo.
Es una seria falencia que subsiste desde hace varios años y no se puede entender cómo la dirigencia en general, tanto del Ejecutivo como del Legislativo, no advirtió que un Poder Judicial parcialmente inválido en cuanto a su estructura difícilmente pueda llegar a cumplir las metas que presupuestariamente y en cuanto a la implementación de medidas se le fijan anualmente.
Como complemento de este importante anuncio, el presidente también anticipó algo que posteriormente confirmaron desde el Ministerio de Justicia de la Nación. Se basa en la llegada a los tribunales federales de Comodoro Py, el distrito de la justicia penal más importante del país, de la implementación del sistema acusatorio, que tiene entre sus características la quita de poder de investigación a los jueces para trasladarlo a los fiscales federales.
Esta modificación, según se informó posteriormente, comenzará a regir el 11 de agosto próximo a raíz de la aplicación del nuevo Código Procesal Penal. El propósito, según las autoridades nacionales, es “cambiar la Justicia argentina” en lo referente a la injerencia política que ha sufrido durante décadas. Este sistema, vale recordarlo, hasta ahora rige sólo en algunas provincias, entre ellas Mendoza.
El sistema acusatorio, como también el juicio por jurados para emitir dictamen, son aspectos que el propio presidente resaltó en su mensaje en el Congreso. Puso como ejemplo de efectividad del mecanismo de investigación encabezado por fiscales los resultados obtenidos en Santa Fe para encarar casos contra el narcotráfico con condenas “en un mes, cuando antes tardaban más de tres años”, según lo que señaló Milei.
En síntesis, anuncios que generan alguna expectativa con respecto al correcto y necesario buen funcionamiento del Poder Judicial, pilar de la estructura republicana cuando se cumple con su necesaria equidistancia de los dos restantes poderes, necesariamente políticos. Con más razón en medio del bochornoso proceso, aún pendiente de una resolución definitiva, para el nombramiento del juez Lijo y el académico García-Mansilla como miembros de la Corte Suprema de la Nación.