“Mendoza no se puede dar el lujo de perder al INA”, expresó hace días el doctor Santiago Ruiz Freites, subgerente del Centro Regional Andino del Instituto Nacional del Agua (INA).
El Estado nacional debe rever la intención de cerrar el Centro Regional Andino del Instituto Nacional del Agua (INA), como se viene insinuando desde el área de desregulación del gabinete nacional. Mendoza no puede perder un instituto como el INA, directamente vinculado con el desarrollo y el crecimiento de la provincia.
“Mendoza no se puede dar el lujo de perder al INA”, expresó hace días el doctor Santiago Ruiz Freites, subgerente del Centro Regional Andino del Instituto Nacional del Agua (INA).
El gobierno nacional estaría procurando disminuir la capacidad de acción de este organismo, y, es más, no faltan quienes previenen que la idea final es disolver este organismo científico.
Si esto ocurriera sería desconocer la labor de un organismo de indudable proyección para Mendoza, directamente involucrado en los cambios que se puedan suceder de la matriz productiva, de determinadas actividades como la minería y otras actividades.
En todo caso, lo que habría que hacer es fortalecer, no debilitar, una organización científica que se encarga de evaluar la importancia del agua en un medio semidesértico como el nuestro, que pone el acento en la investigación de los factores ambientales y la crisis hídrica que se mantiene a lo largo del tiempo.
Las máximas autoridades ejecutivas deben rever cualquier posibilidad de limitar al INA, o lo que es lo mismo al Centro Regional Andino, por donde han pasado prohombres del agua, como Pedro Fernández, Armando Bertranou, Jorge Chambouleyron, Amilcar Álvarez, Armando Llop, José Morábito, Jorge Maza, Adrián Vargas Aranibar (y su estudio del recurso hídrico subterráneo), Graciela Fasciolo, S. Salatino, y tantos otros, incluyendo también a las nuevas generaciones que los sucedieron.
Toda la regulación que ha hecho la provincia del área del piedemonte tiene su fundamento a partir de los informes técnicos realizados por el INA durante los últimos años, responsable además de la red meteorológica, habilitada hace varias décadas, que indica cada vez que llueve, a través de sus pluviómetros, el riesgo que se puede esperar en el Área Metropolitana.
Debe tenerse muy en cuenta la extensa y prestigiosa trayectoria del INA en la región, y particularmente en Mendoza.
Es muy significativo el aporte consecuente que ha tenido, desde el punto de vista científico-técnico en relación al estudio de los recursos hídricos. Baste como ejemplo mencionar al monitoreo y medición del agua subterráneas, que ha servido para que la provincia legisle y gestione su administración, a partir de los datos que arroja el análisis de las mismas.
El INA, a través de los dos centros que tuvo en Mendoza, el Centro Regional Andino (CRA) y el CELA (Economía y Legislación del Agua), adoptó y difundió los nuevos principios en la gestión y administración del agua, la llamada GIRH (gestión integrada), incorporando a todos los actores del agua, y el aporte hacia los nuevos paradigmas como la participación ciudadana y el acceso a la información.
También debe considerarse el aporte a la formación de capacidades en varias generaciones de técnicos, científicos y gestores del agua, que han contribuido al desarrollo de los recursos hídricos en Mendoza y en el país.
Otro aspecto a tener en cuenta es que el INA en Mendoza fue fundador, junto con la UNCuyo, de la maestría en gestión integrada de los recursos hídricos (GIRH), que hoy se imparte en varios puntos de país.
Por último, hay que destacar el trabajo conjunto entre los organismos científicos presentes en la región, situación que no se conoce plenamente, pero que es fundamental en el desarrollo de proyectos de investigación. El INA hoy tiene proyectos compartidos con INTA, Conicet, CNEA, Conae, INV, y diversas universidades y centros académicos.
La comunidad científica, pero también la comunidad en general, verá con agrado que el Ejecutivo nacional quite a esta institución de sus planes de desregulación y transformación del Estado, que puede servir en otras áreas, pero no en este campo de la ciencia.