En una reciente publicación de Los Andes con motivo del aniversario de San Rafael, se hizo una amplia reproducción de una nota informativa y de opinión de este diario sobre el uso del agua en el departamento sureño publicada en marzo de 1887, cuando nuestro medio aun no cumplía tres años. Fue la primera crónica que abordó problemáticas de aquella zona de la provincia.
El artículo de referencia tuvo la virtud periodística de valorar al territorio sureño por el solo hecho de formar parte de Mendoza y, dentro de esa cualidad, reclamarle al gobierno provincial de turno, conducido en ese tiempo por Tiburcio Benegas, elaborar un plan para que el uso del agua del río Diamante tuviera una correcta distribución a fin de que no se dilapidara el recurso en manos irresponsables.
Se advertía en aquel momento cómo la falta de una política decidida y concreta permitía que lo que ya se había constituido en áreas de cultivos prósperos surgidos de “la mano del hombre” se volvían a transformar en lagunas o ciénagas, que de nada servían para pensar en una Mendoza que desafiara al desierto en cualquier punto de su geografía. El descuido, seguramente, era importante, pues ya existía la Ley General de Aguas de la Provincia, sancionada a fines de 1884.
Y reparaba nuestro diario en ese momento que el único “remedio” que se le podía oponer a los abusos que existían era “el gobierno, mandando enérgicamente que el agua del Diamante sea distribuida a cada agricultor, con arreglo a lo que tiene labrado…”, entre otras enérgicas consideraciones.
Aquella impronta rectora de nuestro diario busca mantenerse en estos tiempos. Los Andes lo refleja seguidamente en sus soportes, digital e impreso. Pensar la Mendoza del futuro es uno de los lemas. Prioridades y adaptaciones a un mundo exigente y cada vez más conectado. Necesidad de debatir a fondo sobre cómo pensar en una matriz productiva más acorde con los desafíos actuales y que vendrán. Cómo no ceder ante el lógico interés de la actividad minera preservando la calidad del agua de los mendocinos, asunto de permanente y lógico debate.
Por lo tanto, cuesta imaginar una Mendoza venidera sin consideración por su agua. Nuestra geografía semidesértica siempre será un desafío. Y la necesidad de irrigación de áreas cultivadas no perderá vigencia nunca, porque la raíz agrícola de nuestra economía no cederá ante una demanda internacional de alimentos creciente como la que se registra. Y el vino, esa especie de nave insignia que nos distingue, requiere de más calidad y exigencia.
La actual política en materia de agua ha significado también un desafío para el gobierno provincial de turno. La imposibilidad de avanzar con Portezuelo del Viento condujo a una atinada derivación a otras obras y emprendimientos que la economía mendocina necesita para optimizar la utilización del recurso hídrico.
Coincidentemente, el primer destino de una parte de aquellos recursos recibidos como resarcimiento por la Nación fue San Rafael, departamento al que la gestión de Alfredo Cornejo ya le asignó ocho obras por 107 millones de dólares. Entre ellas, tres directamente vinculadas con el agua y la producción mediante la prevista impermeabilización de canales de riego en las cuencas del Atuel y el Diamante. El gesto gubernamental fue importante: los primeros recursos a reasignar fueron para la región de la provincia que debía contener a la megaobra que finalmente no pudo realizarse.
Está pendiente el debate por la adaptación de la legislación sobre el agua a los actuales desafíos. Seguramente primará en él la conciencia mendocina que reconoce en el agua un bien insustituible.
