Aunque el gobierno provincial había fijado precios de referencia para las distintas variedades de uva, según destino y zona, los establecimientos elaboradores están ofreciendo ahora uno bastante inferior. También han comenzado a extender los plazos de pago. Esto ha generado descontento por parte de los productores, quienes plantean que son la variable de ajuste de la cadena y que, por la pérdida de rentabilidad, se va a seguir acentuando la concentración.
Quien abrió la discusión por este tema fue Mario Leiva, presidente de la Sociedad Rural Valle de Uco, al señalar que, pese a que se había fijado un valor de $65 para el kilo de uva malbec proveniente de esa zona, hoy se está pagando $50. Presentó un cálculo que ilustra cómo el productor se queda sin margen: si se paga $50 el kilo por una uva malbec de buena calidad y el rendimiento es de 8 mil kilos por hectárea, significa que recibe $400 mil por hectárea. Al restar los costos de producción, el remanente es de $100 mil, pagado en un plazo de 7 u 8 meses, en un contexto de un 50% de inflación anual.
Leiva planteó la necesidad de que ese precio de referencia figure en los contratos de venta, tanto de uva como de vino, antes de entregar el producto, ya que, de lo contrario, el riesgo empresario recae solamente en el productor, que financia al bodeguero. En este sentido, destacó que hay bodegas que venden la botella de vino a $27 mil y cada vez hay más productores fundidos. “Si el kilo de uva del Valle de Uco no se paga a $65, a 90 días, el quebranto de muchos productores está garantizado”, lanzó.
El presidente de la Cámara de Agricultura, Industria y Comercio de Tupungato, Sebastián Lafalla, añadió que incluso hay elaboradores muy importantes que están ofreciendo $38. Consideró que fue muy apresurado anunciar los precios de referencia en febrero, porque los termina fijando el mercado, en función de un buen número de variables. Ahora, que los productores tomaron ese valor como el que se iba a pagar, están muy descontentos con lo que se está ofreciendo. Se debe recordar que el gobierno consideró justo un valor de $40 el kilo de malbec de las zonas Norte y Este, $50 para la zona Centro y $65 para el Valle de Uco.
Lafalla comentó que las bodegas ejercen, de manera histórica, una coerción sobre el productor. Si bien pueden hablar de un precio cuando reciben el producto, al momento de empezar a pagar, lo bajan y cambian las condiciones. “Si amagás a quejarte, te amenazan con que no te compran más la uva”, sumó. Además, el cambio se produce en junio o julio, cuando la uva ya está convertida en vino, cuando se entregó la uva en marzo. A esto se debe sumar la pérdida adicional vinculada a una inflación de 4% mensual en promedio.
Indicó que, con los valores que hoy se están pagando, en el mejor de los casos se cubren los costos y en varios otros, se va a pérdida. El año pasado, añadió, el consumo de vino en el mercado interno y las exportaciones crecieron porque la materia prima era muy barata: tenía el mismo precio desde 2017, en pesos. En cambio, ahora, que la uva aumentó sustancialmente -aunque aún no lo suficiente para el productor-, es de esperar que las ventas se resientan.
Gabriela Lizana, presidente de la Asociación de Productores del Oasis Este de Mendoza (Aproem), manifestó que, si bien algunos elaboradores han cumplido con lo pactado, otros están extendiendo un par de meses los plazos de pago. Como se trata de establecimientos grandes, el resto lo hace después. En su opinión, esto es fruto de no tener acordadas pautas de comercio leal, como sucede en Europa, en donde este tipo de prácticas están penadas. “Como se ha dejado librado al acuerdo de voluntades entre gigantes y pequeños, el abuso de la posición dominante es moneda corriente”, planteó.
En cuanto a la registración de los contratos –una herramienta que debía evitar que este tipo de situaciones se produjera-, esa misma posición dominante, que es producto de la concentración económica, favorece situaciones en las que la bodega compra la uva al productor, pero le exige que figure como que le elabora el vino.
Lizana indicó que este cambio en las condiciones no es producto de que haya habido una cosecha mayor a la esperada, ya que existen mecanismos para evitar un sobrestock, como el recientemente creado Banco de Vinos. Más bien consideró que se trata de una costumbre y que, si no se establece un acuerdo social, en el que se tome conciencia de las consecuencias del comercio desleal, los productores vitivinícolas seguirán buscando nuevas actividades a las cuales dedicarse, como ya está sucediendo.
En Aproem habían llegado a un precio mínimo sugerido, en función de un estudio de costos que realizó el INTA y, desde el inicio, no se alcanzaron esos valores. Además, se extendieron los plazos de pago.
Por su parte, Eduardo Córdoba, presidente de la Asociación de Viñateros de Mendoza, comentó que el anuncio de los precios de referencia generó mucha expectativa, pero el precio final se fija en el mercado y generalmente se ajusta a la baja. En este sentido, recordó que, cuando se dio la devaluación, el productor ya había acordado un valor para la uva y la diferencia se la ganó el exportador.
Manifestó su apoyo a la protesta por parte de los productores del Valle de Uco, para hacerse valer, y que si bien los $60 podía ser un poco alto, no deberían aceptar una baja marcada, porque toda la cadena de distribución gana a costa de los productores primarios, que son los que se arriesgan a las inclemencias del clima, a las dificultades de la cosecha y al costo laboral. “Somos la variable de ajuste y por eso cada vez hay menos productores y aumenta la superficie promedio, porque las grandes bodegas hacen plantaciones y los viñedos pequeños van desapareciendo”, lanzó.
Córdoba comentó que tanto en el Este como en Norte provincial no se ha cumplido con las expectativas de los productores, aunque no se habían fijado precios altos. Sobre esto, señaló que se había anticipado una merma en la producción, por lo que las bodegas salieron a ofrecer valores considerables, para asegurarse la materia prima. Pero al cierre de la cosecha se superó ampliamente el pronóstico. Además, tanto el consumo interno como las exportaciones han caído respecto de 2020.
Pese a eso, señaló que el costo de los insumos ha seguido subiendo, que la energía eléctrica ha aumentado mucho, por lo que va a ser difícil utilizar los pozos de riego este año, y los agroquímicos también han trepado.
Esto es lo que provoca, señaló, que se vayan abandonando fincas, y si bien cuando la producción es poca y el precio sube hay quienes se deciden a plantar, cada vez se dan más años seguidos de precios bajos, por lo que se desalienta ese ciclo de inversión; en especial porque se debe esperar como mínimo tres años antes de empezar a recuperar lo invertido.
