Quedate en casa y después

Aunque todavía lejana, la próxima encrucijada electoral aflige a Cristina Kirchner, tal vez como nunca antes. En algún momento del 2020 -por azarosa fatalidad- la pandemia llegó a configurar la burbuja ideal de su modelo político. Disciplina social absoluta, legitimada por el confinamiento voluntario; economía de redistribución centralizada, asistida hasta el límite del pulmotor estatal. Siempre supo que esa ficción era insostenible. Su problema es que la sociedad reconoció de un modo inesperado que ese modelo ideal -hegemonía hasta la unanimidad, economía de la simple distribución- no es otra cosa más que una ficción. A la salida del mantra “quedate en casa”, el país se encontró con todas y cada una de las más previsibles calamidades. El mismo azote del virus, pero sin vacunas. El desempleo detonado por la recesión inducida. La pobreza golpeando la puerta de uno de cada dos. Y sobre la misma canasta alimentaria de antes, la inflación agazapada. Sin vías de solución. La suma confirma un clima social impredecible. Donde la norma ante el contagio es la desobediencia; la frustración por las vacunas mentidas galopa del miedo a la ira; y el voto castigo de 2019 anda buscando rostros nuevos para asestar cachetazos.

El único dato positivo relevante es que -a diferencia de otros escenarios políticos de la región- Argentina todavía espera las urnas para procesar su conflicto. La preocupación de Cristina somete al Gobierno nacional a los matices más conocidos de su estilo de conducción. Siempre personal y por lo general caótico. El Presidente y su ministro de economía fueron enviados a Europa a juntar voluntades periféricas para evitar una inminente cesación de pagos con el Club de París.

El 30 de mayo vencen pagos ahí por más 2.400 millones de dólares. Corren luego 60 días de gracia antes de un nuevo default, el primer día de julio próximo. Alemania y Japón son en esa mesa los principales acreedores. Martín Guzmán aplicó la receta del almacenero urgido: pidió al filo del viernes que le pisen el cheque hasta el clearing del lunes. Le respondieron que es posible. Que convenza de sus buenas intenciones al auditor conocido, el Fondo Monetario Internacional. A esa gestión la encaró Alberto Fernández con Kristalina Georgieva. Georgieva respondió con una consigna en espejo: “Vamos viendo”.

Pero con esos resultados, el oficialismo se imaginó aquí una caja de campaña millonaria. Compuesta por dos aportes: el refuerzo de derechos especiales de giro que prevé el FMI por la pandemia y el excedente de renta derivado del alto precio estacional de la soja. Unos 10 mil millones de dólares.

Los economistas más severos objetan la fungible audacia de esos cálculos. En el Instituto Patria ya cuentan como recurso propio la emisión monetaria a cuenta de esa recomposición de reservas. Tan febriles y avanzados están esos números que el franciscano Juan Grabois sinceró el pensamiento oficialista. Salió a atacar a Alberto Fernández, en desacuerdo con la nueva distribución de ayuda social mediante tarjetas. “Sabíamos que estaban por romper el chanchito”, explicó, guiñando un ojo. La pregunta es obvia. ¿Cuál chanchito? Su existencia fáctica debe ser una convicción de Cristina, porque Máximo Kirchner también salió a reclamar más subsidios sobre las tarifas, en este caso del gas. ¿A Guzmán le pisan el cheque hasta el lunes y con esa promesa endeble, el cristinismo ya salió a gastar a cuenta?

La conclusión es evidente: en el alambique social donde fermenta la nueva pobreza se está gestando un voto al que Cristina le teme. Tanto que ha decidido amontonar para el breve plazo entre noviembre y febrero: dólar reprimido durante un año, tarifas atrasadas y vencimientos de deuda por 20 mil millones de dólares.

Martín Guzmán le advierte, pero parece inaudito: con la inflación a los niveles actuales, el salario real y la ayuda social se diluyen a mayor velocidad. Si el Gobierno se apresta a emitir con tanta audacia, los actores de la economía se anticipan. El plazo hasta las urnas es largo para correr todo el tiempo de atrás. Sobre toda esta escena se dibuja una novedad. El Gobierno dejó atrás toda esperanza de disputar la elección con las vacunas. Tarde descubrió que la vacuna era un medio, no un fin. Y que no estuvo cuando tenía que estar. El plan de vacunación más grande de la historia resultó un fracaso irremontable. En noviembre, el pleito del día será emisión contra inflación.

Es improbable que ese cálculo político haya guiado el sincericidio oligárquico de Carlos Zannini. Su alarde de vacunado ilegal es sólo una comprobación marxista. De Groucho Marx: es mejor permanecer callado y parecer tonto, que hablar y despejar las dudas. Con todo, es Zannini todavía quien monitorea el diseño de la nueva avanzada leguleya oficial para aumentar los desbordes del estado de excepción. El proyecto de nuevos poderes delegados enviado por Alberto Fernández al Congreso tiene el destino de una inversión incierta: si tropieza, sumará otro aplazo en su cuaderno Vicentín. Si consigue la sanción, nacerá con el sello inconstitucional que anticipó el reciente fallo de la Corte Suprema. Peor todavía: nacerá con la indiferencia de una sociedad que ya comprobó las pérdidas insalvables de la emergencia sanitaria. Y las cargó, con amarga desobediencia, en ejercicio vencido.