Informe: en Gran Mendoza, 23% de los hogares aseguran que hay venta de drogas en su barrio

La venta y tráfico de drogas es un fenómeno que parece ir en aumento y, de hecho, en Mendoza las últimas semanas se ha avanzado en el desmantelamiento de los llamados “quioscos”.

Al menos es lo que advierte la Universidad Católica Argentina (UCA) tras realizar un relevamiento sobre el tema. En el informe sostuvo que cada vez más gente percibe que en su barrio se da este fenómeno y advirtió sobre un incremento sostenido los últimos años. Una encuesta realizada por la institución, mostró que en Gran Mendoza, 23% de los encuestados dijo percibir que tal cosa sucede en su barrio. Con los datos obtenidos, la universidad mostró que aumenta a medida que desciende el nivel socioeconómico y la presencia policial.

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Mendoza quedó por debajo de la media nacional. En el país, se observa un aumento sostenido entre 2021 y 2023. El porcentaje de hogares particulares que dijo observar esto pasó de 22,8% en 2021 a 26,5% en 2022 y 31,3% en 2023. Es decir que en 3 de cada 10 hogares respondieron de manera afirmativa.

“El aumento del narcomenudeo, del narcotráfico y del consumo de sustancias es evidente y notable en la sociedad”, señaló al tiempo que advirtió sobre un importante período de silencio de datos nacionales desde el Sedronar y el Observatorio Argentino de Drogas.

Los resultados se desprenden de la Encuesta de la Deuda Social Argentina administrada anualmente por el Observatorio de la Deuda Social Argentina. Se informó además que se tomó información de una muestra representativa de hogares particulares de la Argentina urbana.

En Gran Mendoza, muestra además que en barrios con vigilancia policial es de 17,3% y en aquellos que no la tienen asciende a 31%.

El Ministerio de Seguridad y Justicia de la provincia ha realizado varios operativos importantes las últimas semanas. Sin embargo, desde el área señalaron que no advierten un incremento de esta actividad.

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“No hemos tenido un aumento, sí un pedido ante la reunión que hubo en el Consejo de Seguridad del Interior, que se hizo en Buenos Aires, en donde la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, le pidió a todos los ministros nacionales que se pusieran de cabeza, a raíz de lo que pasaba en Santa Fe, que estaba siguiendo de cerca el tema. Sí se han aumentado los operativos y los allanamientos pero no porque se esté viendo un aumento, sino porque hay un compromiso que Nación les exigió a todas las provincias de trabajar en estos temas”, apuntó una fuente de la cartera. Agregaron que además se trata de una política de la gestión y que el apuntalamiento de la estrategia responde a un trabajo coordinado de Seguridad con el Ministerio Público Fiscal que además ha favorecido una comunicación fluida con la Justicia Federal lo que permite agilizar los procedimientos.

Por otra parte, en el Ministerio advierten que lo que han encontrado en la provincia son lo que llaman “quiosquitos”, es decir pequeños lugares de venta o narcomenudeo, pero negaron que existan redes importantes como en Rosario.

En tanto, la UCA señaló que la ausencia de vigilancia policial incrementa el riesgo de venta y/o tráfico de drogas en los barrios a un 41,5%. No obstante, en barrios que perciben presencia de vigilancia policial solo reduce el riesgo a un 25,6%. “La percepción de venta de drogas sube al 62% en villas de emergencia y al 70,5% en barrios de viviendas sociales en el año 2023″, detalla.

Contexto

La UCA se refirió en duros términos al escenario que se presenta. “Como sociedad nos encontramos ante un grave problema que debe ser atendido de manera prioritaria: la drogadicción y el riesgo de convertirnos en un ‘narcoestado’, advirtió.

Hizo hincapié en que el consumo problemático de sustancias representa una situación fundamental de salud pública y de seguridad en la sociedad e hizo referencia a la ausencia comprometida y eficaz del Estado ante esta situación.

Califica la situación como una verdadera “epidemia” que debe ser atendida de manera urgente.

Además, remarcó que afecta principalmente a la población joven y económicamente activa, que destruye la base productiva de la Nación y que afecta a todo el grupo familiar, y no solo al usuario de las drogas.

“No obstante, vemos cómo la sociedad realiza acciones que perpetúan e incrementan el uso de sustancias, como la altísima rentabilidad del negocio de las drogas, los medios de difusión que lo presentan como algo inocuo y el marketing positivo en una sociedad de consumo que privilegia éxitos rápidos y la drogadicción como un estimulante para alcanzar el éxito u olvidar el fracaso. Esto conduce a la normalización del consumo de sustancias en la sociedad, dificultando cada vez más la lucha contra esta problemática”. En este sentido, se menciona el consumo como un proceso de identidad o expresión cultural-sobre todo en clases medias- a partir de prácticas recreativas hedonistas, aceptadas como normales en los círculos recreativos de los jóvenes. Agrega factores psicológicos, como el estrés, la ansiedad, la depresión o la baja autoestima, que conducen a los jóvenes a buscar el alivio temporal que ofrecen las drogas.

Por eso, desde el Observatorio consideran que es necesario tomar medidas urgentes que requieren un abordaje interdisciplinario, recursos económicos, apoyo social y familiar. Pero sobre todo, decisión política para enfrentarlo para reducir la demanda y el consumo.

Dos caras

Entre las variables que inciden en este contexto la UCA señala: “Esta problemática aparece en el marco de una crisis socioeconómica, de aumento del trabajo informal y frente a la debilidad o ausencia tanto de políticas preventivas hacia el consumo, como represivas hacia el narcomenudeo y el tráfico de drogas. En un contexto de marcada ausencia, impericia o desidia gubernamental-cuando no complicidad- con acciones de intervención que pongan un límite al flagelo del narcotráfico, el narcomenudeo y el consumo adictivo-tres diferentes dimensiones de un mismo problema-”.

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La universidad analiza las dos caras de la problemática. Por un lado, la oferta de naturaleza político-económica informal, aunque fuertemente estructurada a nivel internacional como nacional.

Considera que cuenta con “un apoyo logístico-cuando no mafioso- para su distribución y comercialización en los mercados de consumo popular. Esto involucra a las propias fuerzas de seguridad, a los referentes políticos, así como también a los micronegocios, que aparecen como estrategias de subsistencia de familias en situación de exclusión o marginalidad”.

Por otra parte, la demanda, que considera en expansión creciente. Es entonces que resalta que “captura” principalmente a los jóvenes de sectores populares, aunque destaca que es transversal a los diferentes estratos sociales.

Tal cual vienen advirtiendo otros estudios, el consumo de sustancias inicia a edades cada vez más tempranas, en las que la persona se encuentra aún en pleno desarrollo biológico, psicológico, neurológico y social. Las consecuencias sobre sus vidas apuntan en diversas aristas como el desempeño en actividades sociales, escolares y laborales, pudiendo conducir a situaciones de marginalidad, violencia, maltrato, desnutrición, exclusión escolar.

Entornos

Desde el Ministerio explicaron que para definir las zonas donde se realizan los operativos se toman en cuenta denuncias anónimas que reciben a un 0-800 a partir de lo cual se realiza un seguimiento.

La UCA concluye que se triplica el riesgo de vivir en un barrio con presencia de drogas en niveles socioeconómicos muy bajos. Aumenta también el riesgo en condiciones de pobreza e indigencia y ante la ausencia de vigilancia policial pero considera que la presencia del tráfico de drogas no parecería estar vinculada a cuestiones geográficas.

“No es solo el nivel socioeconómico, sino también las características del barrio en el que se vive. En villas, en asentamientos precarios, en casas con monoblock donde hay mucha cantidad de gente en poco espacio, es donde la vulnerabilidad socioeconómica es muy alta porque la gente que tiene menos poder adquisitivo es la que está viviendo en espacios socio-residenciales más vulnerables, es donde la instancia de ver la venta y comercialización de droga en espacios comunes es más frecuente o incluso constante”, explicó Solange Rodríguez Espínola, coordinadora del Observatorio.