El Indec difundió el informe sobre condiciones de vida. El estudio que hace referencia al segundo semestre del 2023 hace mención a que la mitad de los argentinos no tienen acceso a agua, cloacas y gas. Casi la mitad de la gente no tiene cobertura de obra social.
Ese es el porcentaje del salario promedio privado, público e informal que necesitan para abonar las boletas de luz, agua y gas, y el boleto del transporte público.
El gobernador Martín Llaryora anunció que el banco provincial le brindará esta posibilidad a los usuarios residenciales y a las Pymes.
Se trata de una estimación privada, que toma datos de valorización de la Canasta Básica Energética, que presentó la Secretaría de Energía en la audiencia pública del mes pasado.
A partir del 1 de febrero se aplicó el segundo de cuatro aumentos que el Gobierno provincial le autorizó a Aysam. El próximo se empezará a aplicar el 1 de abril.
En esta nota revisamos los resultados de la experiencia privatizadora llevada a cabo en el país en la década de los 90. Para pensar.
El Gobierno inició la reglamentación de la Ley 9447, que entrará en vigencia plena en poco más de un mes. Con un software, un catálogo e investigaciones centralizadas en un fiscal buscarán desactivar el mercado negro de metales, que deja sin servicios a miles de usuarios y genera pérdidas millonarias.
El organismo internacional dio a conocer las pautas que firmó Argentina en la última revisión. Fuerte ajuste al bolsillo.
En las facturas de estos servicios públicos se aplican diversas tasas e impuestos, que son de carácter nacional, provincial y municipal, y que generan diferencias importantes entre localidades y en comparación con otras provincias.
Habrá suba estimada del 33% en los próximos meses. Luego, para la tarifa, se tomarán en cuenta los ingresos del grupo conviviente y se establecerá una “canasta energética básica”.
La audiencia pública para la revisión transitoria de las tarifas, convocada por el Enargas, se realizará el 8 de enero. La empresa propone, además, un cambio en la facturación.
Villarroel en un contador que presentó un proyecto para mejorar la operatividad de los pequeños prestadores del servicio público de agua potable en la zona rural. Fusionar operadores o una administración conjunta entre operadores para reducir costos, es parte de la propuesta. Se abre el panorama para que los departamentos puedan cumplir el rol de Aysam.
El Gobierno confirmó que se irán eliminando. Por otra parte, aún no hay precisiones de qué efecto tendrá la suba del dólar en el precio de estos servicios.
El ministro Luis Caputo explicó cómo será la quita del subsidio, pero también dio detalles del plan para quienes más lo necesitan.
Por la segmentación energética algunos usuarios ya pagan tarifa plena, pero otros mantienen un importante beneficio por parte del Estado. Este aporte estatal se eliminará en enero.
Debido al viento del fin de semana, varias zonas de Mendoza quedaron sin servicio eléctrico. Vecinos de los departamentos afectados piden que reconecten el servicio.
El directorio de la empresa votó un nuevo estatuto que fue aprobado por el Gobernador. A partir de ahora, la empresa podrá comercializar tecnología propia, dar consultoría construir líneas eléctricas hasta 132 kilovoltios y plantas de generación de energías renovables.
Después de varios “amagues” del lanzamiento, las bicicletas estarán disponibles pero el pago no será con SUBE, como se había proyectado. Dónde funcionará y cuánto costará el servicio.
El incremento de julio rondó el 35%, con lo cual, ya supera el 80% de suba en lo que va del año. Es el municipio que más elevó lo que cobra por los servicios. También se ordenaron incrementos en Capital y Maipú, aunque más bajos. Otras comunas analizan hacer un “retoque”.
En dos de estos servicios públicos se aplicaron ajustes desde el primero de mayo, pero podría haber nuevos en 2023, y en otro ya se definió la suba, pero no la fecha de aplicación.
Abierto un nuevo tramo de la arteria, se ejecutará la construcción de las veredas pero sin afectar el paso vehicular. Entre Córdoba y San Luis, Aysam inició el recambio de cañerías de saneamiento.
El fallo contra el Estado argentino por la reestatización de YPF es de pura lógica: el Estado argentino no respetó la ley y generó un cuadro de inseguridad jurídica. Irracionalidad política que terminaremos pagando todos los argentinos.
