La entrega de tierras mendocinas a una comunidad sin personería demuestra el desconocimiento acerca de la riqueza de esta Argentina invisible. Este error podría ser subsanado con una entrega de escrituras a puesteros malargüinos arraigados.
Así se desprende de un informe del Ministerio de Economía de la provincia. Estudian la actividad de otros 27 pozos petroleros en Malargüe.
“La falta de reconocimiento de la presencia o descendencia indígena en Mendoza es fruto de una operación cultural de larga data” señala el autor.
El controvertido otorgamiento de tierras a comunidades mapuches es una suerte de imposición de límitres por parte de la Nación en pleno territorio provincial. Toda suspicacia es válida, sin ningún lugar a dudas. Con intenciones o no, se pone en aprietos a la administración de Juntos por el Cambio más importante en el país después de la Capital Federal.
El gobernador indicó que allí “se está desarrollando una inversión millonaria para actividades de exploración y producción por parte de YPF”. Cuáles serán los recursos que presentará la Provincia.
El Ejecutivo provincial entiende que la Ley 26.100, que permitió la cesión de tierras, fue prorrogada de forma inconstitucional por el presidente y de esa forma buscarán anular las tres resoluciones del INAI.
Custodiado por Gendarmería, el líder de la RAM fue llevado al penal después de tres días de huelga de hambre.
El gobernador denunció que las 4 mil hectáreas reconocidas a la comunidad Lof Limay Kurref en Los Molles, Malargüe, son tierras privadas y afectan el camino a Las Leñas y la Laguna de la Niña Encantada. También hay activos petroleros en la zona. En la misma sintonía se expresó Alfredo Cornejo.
Se encuentran en la localidad de Los Molles y fueron otorgadas al Lof Limay Kurref. A diferencia de las otras dos cesiones, los beneficiados cuentan con personería jurídica inscripta el Registro Nacional de Comunidades Indígenas (ReNaCI).
El jefe del bloque de senadores, Lucas Ilardo, se quejó de que no hayan sido informados los intendentes de San Rafael y Malargüe. Además sostuvo que es “llamativa” la cantidad de hectáreas entregadas.
El diputado nacional Omar De Marchi presentó un proyecto de resolución para que funcionarios del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas den explicaciones. En caso de no hacerlo, pedirá que sean removidos de sus cargos.
Su caso pasó a la Justicia Federal. Organizaciones mapuches hablaron de una “persecución política”.
El gobernador realizó tajantes declaraciones contra la cesión de tierras en el Sur provincial. Sobre los pozos de petróleo afectados, comentó que “siempre se buscan tierras de valor”.
Así lo precisó el director de Hidrocarburos de la provincia, tras cruzar las coordenadas de la resolución del INAI con los mapas que localizan las áreas concesionadas en la provincia.
El juzgado chileno que lleva la causa revisará el caso el jueves que viene. El proceso es complejo y podría demorarse.
El senador nacional se quejó de la entrega de “activos provinciales” y expresó que la Nación violó derechos porque los terrenos “tienen propietarios”.
El vicepresidente del organismo, Luis Alberto Pilquimán, sostuvo que “es un reconocimiento a la ocupación que vienen haciendo las comunidades de tiempos inmemorables”.
Desde la Cámara de Comercio de San Rafael emitieron un comunicado en el que rechazaron de plano la asignación de tierras a mapuches en El Sosneado. Consideran que el Gobierno Nacional actuó con autoritarismo y avasalla la propiedad privada.
El intendente de San Rafael cuestionó la entrega de tierras y luego el frente oficialista salió a presionar a su partido para que se exprese en el mismo sentido. En la Legislatura presentaron proyectos de repudio y acompañamiento al gobernador Rodolfo Suárez.
Los legisladores radicales Pamela Verasay, Jimena Latorre, Lisandro Nieri y Julio Cobos presentaron un pedido de informes en la Cámara Baja del Congreso.
El ministro de Seguridad defendió el trabajo de las fuerzas de seguridad para detener al líder de la RAM y cuestionó a la oposición.
El intendente peronista de San Rafael se despegó de la Nación en el conflicto que hay por 21 mil hectáreas en El Sosneado.
