El reconocimiento de tierras a mapuches en San Rafael afecta a 16 pozos activos de petróleo

Así se desprende de un informe del Ministerio de Economía de la provincia. Estudian la actividad de otros 27 pozos petroleros en Malargüe.

Petróleo
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Las tierras que fueron reconocidas por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) a comunidades mapuches en San Rafael y Malargüe afectaron directamente a la industria petrolera de la provincia. Es que entre los polígonos otorgados en ambos departamentos se encuentran nada menos que 88 pozos.

Particularmente en el distrito sanrafaelino El Sosneado, donde fue reconocida la comunidad Lof El Sosneado, son 61 los pozos detectados por el gobierno provincial. Así fue anticipado por el diario Los Andes el pasado martes. Y de ese número efectivamente se encuentran: 16 activos, en plena producción; otros 34 que podrían ser activados y 11 en estado de abandono definitivo.

En tanto, desde el Ejecutivo estudian la actividad de otros 27 pozos ubicados en las hectáreas de Los Molles (Malargüe), cedidas el último viernes por el INAI al Lof Limay Kurref.

Según un informe de la Dirección de Hidrocarburos, perteneciente al Ministerio de Economía, la mayoría de los pozos activos afectados en San Rafael corresponden al yacimiento Loma de la Mina, que es operado por la empresa estatal Emesa y un consorcio privado.

Son 13 los pozos en “extracción efectiva de petróleo” allí. Y también hay 12 parados, en “reserva para recuperación secundaria”. Es decir que podrían activarse. Otros siete se encuentran en situación de “abandono definitivo” y uno está parado por “alta relación agua petróleo”.

Cabe destacar que este yacimiento fue operado por YPF hasta el año 2021, cuando completó tareas de abandono y remediación ambiental. Luego, Emesa recibió el área y realizó un concurso para seleccionar un socio operador. Fue adjudicado entonces el consorcio asociativo entre Velitec SA y Alianza Petrolera Argentina SA.

Desde enero de 2022 llevan adelante la explotación del área, que tiene una capacidad de producción de 35 m3 diarios, con el objetivo de llegar a 40 m3 a mitad de este año y entonces llamar a una nueva licitación para seleccionar un operador definitivo. La inversión en marcha en estos trabajos es de $150 millones de pesos.

Los otros tres pozos que se encuentran en plena producción en “zona mapuche” pertenecen al yacimiento El Sosneado, que es operado por Petroquímica Comodoro Rivadavia. El año pasado realizaron actividades de perforación, reparación y adecuación de instalaciones. Esta empresa ha comprometido inversiones por casi 19 millones de dólares de aquí a 2035.

La empresa El Trébol (Phoenix) también vio afectadas sus concesiones en las áreas Mina Cerro del Alquitrán y La Paloma. En el primer yacimiento se encuentran 19 pozos “parados en estudio”. En tanto que en el segundo, hay dos pozos también bajo estudio y otros dos abandonados.

Para completar, hay dos pozos en estado de abandono definitivo, en las áreas Los Parlamentos y Río Atuel, también dentro del polígono otorgado al Lof El Sosneado.

Temen por las inversiones en Malargüe

Este viernes el INAI le otorgó dos nuevos polígonos de 4.477 hectáreas en total a otra comunidad mapuche en el distrito Los Molles de Malargüe. El enojo del gobernador Rodolfo Suárez no se hizo esperar y en las redes sociales dijo que en la zona “se está desarrollando una inversión millonaria para actividades de exploración y producción por parte de YPF

Lo cierto es que el yacimiento Puesto Rojas forma parte de la formación Vaca Muerta, pero está muy lejos de la zona donde YPF lleva adelante las pruebas piloto de petróleo no convencional. Hay aproximadamente 200 km de distancia de hecho, con las áreas hidrocarburíferas CN-VII A y Paso de las Bardas Norte donde se realizan las primeras perforaciones. Esto se encuentra en el límite con Neuquén y el polígono otorgado a los mapuches está en el norte del departamento.

El secretario de Ambiente y Ordenamiento Territorial, Humberto Mingorance, aclaró que las resoluciones “no afectan” esos trabajos pero advierte que con la seguidilla de ocupaciones de tierras autorizadas “empieza a haber un riesgo empresario mucho más alto”, que podría producir desinversiones en el sur provincial.

“Hay que fijarse lo que pasa en Río Negro con los mapuches. Cortan la ruta, no dan acceso y no permiten la explotación. Empieza a haber un riesgo y si esto se hace extensivo, después negocian y cobran un peaje para las empresas. Y si se oponen, incendian cosas. No es una cuestión discursiva, es lo que ha pasado con los mapuches en la Patagonia en los últimos diez años”, disparó el funcionario.

Particularmente en el Puesto Rojas son 27 los pozos afectados, según informó el secretario de Ambiente, y el concesionario es El Trébol. Allí se realizaron las primeras operaciones hidráulicas de no convencional en 2018, pero la producción no prosperó. También hay convencional. El gobierno analiza la actividad actual en esta área.

Siguiendo con sus críticas al INAI, Mingorance afirmó lo que vienen diciendo todos los funcionarios del gobierno y dirigentes del radicalismo: “En Mendoza nunca hubo asentamientos mapuches. Eso está comprobado científicamente. Los historiadores lo demuestran. Desde ese error no podemos permitir que eso pase”.

“Siguen avanzando sin consultas desde lo técnico y lo político. No se puede asignar tierras a pueblos originarios que no estén reconocidos fehacientemente”, enfatizó.

Por otro lado, comentó que el reconocimiento del otro polígono ubicado sobre la Ruta 222 hacia el Oeste pone en riesgo el acceso a zonas turísticas: “El segundo polígono está justo en frente de la Laguna de la Niña Encantada, sobre la Ruta 222. O sea que ante un conflicto, por ejemplo un corte de ruta en invierno, quedarían sin acceso Las Leñas o Los Molles, que es otro complejo turístico importantísimo donde hay aguas termales y un importante hotel”.

Y también señaló que el reconocimiento de las ocupaciones en propiedades privadas, en este caso, de los propietarios de Las Leñas “lo próximo que sigue es que el Estado nacional o el provincial tenga que expropiarle la tierra inconstitucionalmente a un privado para otorgársela a otro privado que serían los mapuches. Y ahí sí, ellos empezarían a cobrar un alquiler para poder seguir haciendo la explotación petrolera”.

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