Es cierto que las demoras supieron ser mucho mayores. Pero en tiempos de suba de costos internos (con tarifas a la cabeza) y en tren de recuperar competitividad en el exterior, al sector vitivinícola no le resulta indiferente que el Tesoro nacional mantenga sin cancelar parte de los reintegros del 6% equivalentes del último quinquenio.
Sobre todo cuando se concentra también en la gestión ante el Gobierno para concretar, después de dos años, la promesa de elevar el beneficio a casi 8% con la condición de darle un destino: promoción externa del vino.
En realidad, para la industria la situación muestra alguna disparidad. Es que los pagos correspondientes a 2018 están al día, pero existe un saldo pendiente del año pasado y no pocos períodos, según los exportadores, pendientes del período 2012-2017.
No llega a ser preocupante, dicen en la industria, para la totalidad de las casi 480 bodegas exportadoras que actualmente perciben las liquidaciones corrientes en un plazo de entre 2 y 3 meses.
Pero se convirtió en una acreencia importante para las que están en el Top 20, al menos desde que en noviembre de 2017 se flexibilizó la normativa luego de casi un lustro: de la obligación de ingresar divisas en no más de 90 días como condición para cobrar los reintegros, a poder hacerlo en hasta 5 años, lo que generó un "bache".
En la última reunión de Comisión Tributaria de Bodegas de Argentina, integrada por 35 bodegas, la mayoría coincidió en una suerte de dispersión. Mientras algunas recibieron parte desde marzo, otros esperan y algunos incluso arrastran acreencias más antiguas.
"El tema se judicializó con Afip, pero tenemos el compromiso de que se regularizará en los próximos meses", aseveró Walter Bressia, titular de BA.
Esperar o compensar tributos
Aunque se congratulan por poder volver a sintonizar plazos de pago con los clientes, los grandes exportadores admiten un mix agridulce.
Según Cecilia Razquin, de grupo Catena, "el cambio de normativa fue una noticia positiva, porque antes era difícil descontar una factura y se dejó de tener que explicarles a los clientes determinados plazos, ajustándonos a la condición de pago real. Pero hay por cobrar períodos de bastante antigüedad, que generaron una masa abundante sin motivos demasiado claros".
Entre los grupos con mayor volumen de ventas al exterior, Peñaflor ostenta una de las grandes acreencias con el fisco: más de u$s 7 millones, que llevó a sus referentes a plantear la situación en el ámbito oficial, en simultáneo al pedido de suba de los reintegros.
“Somos un gran exportador que no tiene atrasos con lo actual, sí un stock previo a noviembre. Pero desde que se planteó en la Mesa Vitivinícola se han destrabado algunos fondos previos a noviembre”, detalló Francisco Do Pico, responsable de Relaciones Institucionales del grupo y un referente en las gestiones por parte de Bodegas de Argentina.
Pese a que no hay un stock total de deuda con la vitivinicultura, se calcula que el Gobierno nacional mantiene sin cancelar más de u$s 250 millones a distintos sectores exportadores del país. Una situación de la que las pymes no son ajenas.
Pablo Silvestre, de Viñas Las Perdices, coincide en que “si bien las operaciones nuevas se cobran desde los 60 días a 90 días, hay un nimbo desde el año pasado”.
Para Silvestre, la opción actual es esperar que corra el plazo hasta la “libre disponibilidad” para tener liquidez o compensar “con otros tributos, como Ingresos Brutos o cargas sociales a través del 931. Depende de la necesidad de caja. Para eso hay que tener todo en regla en concepto de obligaciones”.
La firma lujanina, con todo, tiene expectativa de mayores ventas este año (5%) con Brasil y EEUU al frente, además de Reino Unido, en la franja de u$s 15 en góndola.
Suba: propuesta bajo la lupa
Paralelamente, el sector insiste más que nunca en una mejora de la alícuota, que partió de una composición mixta pero debió modificarse sobre la marcha.
En la semana, Acovi expuso el requerimiento de la industria por un urgente aumento. Formalmente, las entidades habían llevado a la Mesa de Competitividad la propuesta de, con una eventual suba de 3 puntos (del actual 6% a 9%, unos $ 500 millones), destinar al menos 1,8% a reforzar el presupuesto de WofA (Wines of Argentina), para promoción genérica.
Por eso, las entidades presentaron la torta de reparto de los tres puntos de incremento solicitado. De ese total, el equivalente al 1,8% debería ir a acciones promocionales para el vino argentino en el mundo, lo que recorta la devolución neta al restante 1,2%.
Pero la pretensión final asoma más modesta que la que se le elevó por primera vez al ex ministro de Agroindustria Ricardo Buryaille, en la Vendimia 2016. Con la premisa de conceder sin comprometer los números del Tesoro, su sucesor, Luis Etchevehere, puso límites sin dar certidumbre.
Es que en época del “me too” para las economías regionales, el mensaje de la Nación ante cualquier requerimiento es el mismo: será siempre y cuando no implique mayor lastre fiscal.
De ahí que la devolución del diferencial sólo puede involucrar dos tipos de impuestos (cheques y combustibles) que inciden en el proceso productivo pero no estaban contemplados hasta ahora en el 6% y reducirían el aumento de la alícuota.
Mario Giordano, gerente de Wines of Argentina (WofA), estima que el eventual ajuste “equivaldría a unos 14 millones de dólares, el presupuesto que maneja cualquier país productor entre los líderes, como Australia. Lo que hay que definir es cómo se canalizará, dado que actualmente se concentra en las veinte principales bodegas exportadoras”.
El directivo compara status promocional. “Europa reparte 88 millones de euros, nosotros, con 3 millones de dólares en total, hacemos maravillas”.
Hoy, el presupuesto para promoción externa se nutre del aporte de bodegas en un 65%, en tanto que el de la Coviar bajó del 50 al 25%.
Excepcionalmente, Wines of Argentina cuenta con un refuerzo de la Agencia Nacional de Promoción y Cancillería, habitualmente destinado a contratar espacios en ferias internacionales.
A criterio de Do Pico, “el 72% del vino que se consume en el mundo está debajo de los 10 dólares. Así como el desafío chileno es premiumizar su mercado, para Argentina es despremiumizarlo, y en ese sentido hay que trabajar”.
Por su parte, Razquin no duda en afirmar que “con el incremento de fondos puede hacerse más ruido en manos de WofA que dividido entre 400 bodegas. La realidad es que se gasta muy poco frente a los competidores; la clave es usarlos en forma eficiente y con otra cabeza”.
Otros exportadores, en cambio, no están tan de acuerdo, por considerar que WofA no representa al 100% de las bodegas abiertas al mundo. La historia continuará en una próxima reunión comprometida, por ahora sin fecha.
El Estado también se podría beneficiar
Un estudio elaborado por Coviar para defender la suba de reintegros en la Mesa Vitivinícola muestra que, si se ajusta sólo a la masa de impuestos generados durante la exportación, la suba no podría superar el 1,8%.
En el “paquete” se incluye a combustibles, Sellos, Ingresos Brutos y el impuesto al Cheque (Créditos y Débitos bancarios). De ese modo, si la Nación da el visto bueno, la vitivinicultura podría empezar a recuperar 7,8% de lo facturado en el exterior, contra el 6% actual.
Como una señal para descomprimir a la espera de una definición, Afip-Aduanas habilita a poder gestionar el cobro desde el momento mismo de acreditar la operación, sin contar la flexibilidad para declarar divisas: de ese modo, el flujo de una operación concretada hoy puede terminar de ingresarse en el año 2023.
Fraccionado o a granel
“La alternativa original era destinar 3 puntos adicionales a promoción. El recálculo dio 1,8% por esos ítems, al no incluirse la totalidad de los tributos, aunque con la salvedad de que el diferencial es variable según se destine a la promoción del vino fraccionado o a granel”, explicó el gerente general de Coviar, Carlos Fiocchetta.
El estudio toma un precio promedio de u$s 4 por botella; el 1,8% de incremento de reintegros redondearía unos u$s 14 millones. Para vino sin fraccionar (u$s 1,5/litro), se reintegrarían 5 puntos a la alícuota actual (5,5%).
De acuerdo a Fiocchetta, “el margen es mayor dado que ha sido el producto sostén del comercio exterior en los últimos años. Y el de mayor carga impositiva por cada litro elaborado, por lo que los fondos deberían incluir acciones de comercialización”.
Desde Coviar, con las cifras en la mano, argumentan que, en medio de la política de reducción de déficit, para el Gobierno el costo fiscal no es alto. “Además, por cada litro de vino 30% son impuestos. Eso implica que el Estado se beneficia con mayor recaudación”.
