La causa judicial por el abuso sexual y corrupción de al menos 26 chicos sordomudos e hipoacúsicos denunciados en el instituto religioso Antonio Próvolo, de Luján -episodios que se habrían repetido desde 2005- avanza en Tribunales.
El caso tiene a 5 imputados (los curas Nicola Corradi y Horacio Corbacho, y los administrativos Jorge Bordón, Armando Gómez y José Luis Ojeda), todos cumpliendo prisión preventiva. A excepción de Corradi (82) -prisión domiciliaria-, los otros se encuentran detenidos en la cárcel de Boulogne Sur Mer.
Durante los últimos días surgieron algunas novedades. Según precisaron fuentes judiciales, varias víctimas que ya habían aportado su declaración están empezando a recordar más detalles de los episodios que denunciaron, todo a raíz de la asistencia y tratamientos psicológicos que reciben por parte del Estado. De esta manera, los denunciantes han solicitado al fiscal de la causa, Gustavo Stroppiana, la posibilidad de ampliar su testimonial. “Es como que han tomado fuerza y se han animado”, indicó una fuente de la investigación.
Por otra parte, durante la mañana de hoy tendrá lugar una nueva audiencia en el Séptimo Juzgado de Garantías para definir si finalmente la Defensoría de personas con discapacidad puede ser querellante en dicha causa. Esta solicitud fue rechazada en primera instancia al considerar que si bien la Defensoría tiene que velar por los intereses de las víctimas, también tiene que hacerlo por los de 2 de los imputados (Ojeda y Gómez presentan discapacidad).
Esa incompatibilidad es la que motivó el primer rechazo, aunque esto fue apelado y se resolverá hoy. Además, la semana que viene tendría lugar una nueva audiencia, esta vez para definir la apelación a la prisión preventiva presentada por la defensa de los imputados.
Pedido de informes al Arzobispado
El abogado Carlos Lombardi, en representación de la asociación civil Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) presentó durante la mañana de ayer un pedido de informes al Arzobispado de Mendoza. En el mismo solicita que se haga pública la información que dicha institución manifestó oportunamente haber solicitado tanto a la sede central del Próvolo (Verona, Italia) como al Vaticano.
El pedido surge a raíz de que el propio Arzobispado (mediante 2 comunicados) manifestó haber informado lo ocurrido a las autoridades del Instituto “quienes deberán iniciar el debido proceso canónico establecido por la Iglesia para estos delitos denunciados”.
En el segundo comunicado además el Arzobispado dijo haber sido informado que la Santa Sede había tomado conocimiento de la situación, iniciando el proceso canónico correspondiente. Además, destacó que “en comunicación telefónica”, los superiores de la Congregación del Instituto Próvolo manifestaron la decisión de iniciar el proceso canónico que a ellos les corresponde.
“Hemos constituido una 'Comisión de seguimiento y acompañamiento pastoral' para abordar esta dolorosa situación. Dicha comisión es interdisciplinar para afrontar los aspectos pastorales, educativos, psicológicos, jurídicos y comunicacionales. Buscamos con ello favorecer un abordaje transparente, integral y transversal que esta compleja causa requiere”, destacaba el Arzobispado mendocino en dicho comunicado.
Ante esto, Lombardi solicitó que se haga pública la fecha en que el Arzobispado mendocino informó a las autoridades del Próvolo italiano los abusos sexuales denunciados en Mendoza, y por qué medios lo hizo.
Además, pidió que se consigne la fecha de inicio del proceso canónico contra los sacerdotes imputados informado por las autoridades italianas mediante comunicación telefónica, así como también la fecha en que el Arzobispado tomó conocimiento del proceso canónico que la Santa Sede inició contra los sacerdotes involucrados.
La cantidad de procedimientos canónicos en trámite contra los sacerdotes involucrados y el estado procesal de estos es otro de los datos que se pidió al Arzobispado, al igual que la confirmación de que haya aplicado las “Líneas - Guía de Actuación sobre los casos de abuso sexual".
El vocero del Arzobispado, Marcelo De Benedectis, destacó que “lo que dijimos se ha hecho, y seguimos trabajando en el tema”.