En el Palacio Judicial de San Martín este jueves se concretó una audiencia que determinó la prisión preventiva para Julio Abel Mendoza (32), acusado de haber asesinado a la empresaria Ivana Milio, con quien convivía.
Así lo señaló el juez Darío Dal Dosso al término de la reunión, con la presencia del imputado y su defensa, familiares de la víctima y el fiscal. La audiencia se extendió por algo más de una hora.
En la sala 4 del primer piso, el magistrado escuchó los argumentos del fiscal departamental Martín Scattareggi y del fiscal Oscar Sívori y, al final, terminó compartiendo. En especial la posibilidad cierta de que, si Mendoza recuperara su libertad, existe riesgo real de fuga. De hecho, el obrero metalúrgico permaneció prófugo unas 24 horas luego del 28 de octubre pasado, cuando ocurrió el hecho que se le imputa.
También fueron presentadas algunas pruebas que comprometen a Julio Mendoza, entre ellas, los mensajes de textos que la pareja cruzó en horas previas al crimen.
En el otro extremo estuvieron los argumentos del abogado Facundo de Oro, quien señaló que "no hay ninguna prueba ni testigo" que acredite que su defendido estuvo en la casa de Ivana "después de las 19.30", hora en la que se calcula que se cometió el crimen.
Tras ello, De Oro le propuso al magistrado la prisión domiciliaria, destacando que su defendido "tiene a sus padres, también una hija y un trabajo estable" y tiene fuerte arraigo en la provincia. Pero ese reclamo fue rechazado de plano por la fiscalía y por los hijos de Ivana: Lucas (el mayor), Renata (la menor, de 13 años, que fue quien encontró a su madre ensangrentada y en el piso) y por Cristian Milio, hermano de la mujer asesinada.
Dura imputación
La empresaria Ivana Milio fue asesinada a golpes el pasado 28 de octubre en San Martín. Julio Mendoza, quien era la pareja de la víctima, fue imputado por el fiscal Oscar Sívori, a cargo de la investigación, por homicidio doblemente agravado por la situación de convivencia y por mediar violencia de género.
Así las cosas, Mendoza deberá continuar alojado en la cárcel de Boulogne Sur Mer hasta el día del juicio oral y público. Aunque la defensa, con nuevos argumentos, podría intentar un nuevo pedido, pero ya ante un Tribunal.
Según la Policía, que llegó hasta la casa en el barrio Solares del Centro, la mujer murió como consecuencia de los golpes recibidos.
Inmediatamente las sospechas apuntaron a Mendoza, quien después de abandonar la escena utilizando el auto de la víctima, terminó entregándose a las autoridades. Luego se descubrió que tenía rasguños en los brazos y lesiones en los nudillos de sus manos.
El acusado se mostró cabizbajo, no levantó la vista prácticamente en lo que duró la audiencia donde se definió que continuará tras las rejas. Cuando se presentaban las pruebas en su contra, Mendoza se limitó a hacer pequeños movimientos con la cabeza negando los hechos.
“Si se animó a matar a mi hermana, puede matar a mis sobrinos”
Durante la audiencia de prisión preventiva de Julio Mendoza, el juez autorizó a la famailia de Ivana Milio a opinar. En la sala 4 del Palacio Judicial de San Martín estaban Cristian Milio, hermanode la víctima, y dos de los hijos de la mujer: Renata y Lucas.
"El trabajo de los fiscales estuvo a la altura de lo esperábamos. Nos preocupó el pedido de prisión domiciliaria de la defensa porque se ponía en riesgo la seguridad de mis sobrinos y de mi familia. Por más que tenga domiciliaria, la puede violar. Si esta persona se animó a matar a mi hermana puede llegar a matar incluso a mis sobrinos por una represalia", confió a radio Libertad de San Martín el hermano de Ivana.
"Creemos que están dadas las condiciones y que el peligro de fuga es demasiado alto como para que pueda ser neutralizado con la modalidad domiciliaria. Además no tiene ningún problema de salud, o una edad que implique un riesgo para cumplir una medida cautelar solicitada por el Ministerio Público en el servicio penitenciario", opinó en consonancia el fiscal Oscar Sívori.
Finalmente, el juez Darío Dal Dosso le dio la razón. "Comparto con la fiscalía; el peso probatorio de la prueba recogida y la elevada probabilidad de que en el presente caso recaiga una sentencia de condena es sustento suficiente para el peligro procesal de fuga", sentenció el magistrado.
