La Suprema Corte de Justicia de Mendoza ratificó la suspensión de la matrícula como abogado de José Luis Ramón, actual diputado provincial y ex diputado nacional entre 2017 y 2021, tras una investigación llevada a cabo en 2004 por el Tribunal de Ética y Disciplina del Colegio de Abogados y Procuradores de Mendoza.
La decisión se basa en una suspensión emitida previamente por el Tribunal de Ética y Disciplina del Colegio de Abogados y Procuradores de Mendoza en donde se acusa a Ramón de haber cobrado honorarios por demás. De acuerdo al Tribunal de Ética, eran mayores que los que debería haber percibido. La sanción es por percibir más del 20% establecido en juicios laborales.
Ramón estará impedido de ejercer su profesión de abogado por menos de un mes: desde el 1 de febrero, día en que el Poder Judicial retoma las actividades luego de la feria judicial y por 20 días, según lo dictaminado por la SCJM.
El proceso fue largo para que la sanción quedara firme. En primer lugar, el Tribunal de Ética le impuso la sanción disciplinaria al diputado de Protectora que es cercano al peronismo local.
Luego, Ramón apeló la decisión ante la Federación de Colegios de Abogados, la cual confirmó la sanción dispuesta por el Tribunal.
El líder de Protectora no se quedó de brazos cruzados y llevó el reclamo ante la Suprema Corte de Justicia de Mendoza. La Sala Tercera confirmó la decisión del Tribunal y de la Federación.
Entonces, interpuso una acción procesal administrativa ante el máximo tribunal para poder realizar una presentación ante la Corte Suprema de la Nación, la cual fue aceptado.
No obstante, al llegar al máximo tribunal nacional, ésta le falló en contra. La Corte hace un año rechazó su planteo pero se dio a conocer recién este año, y fue comunicado por la Secretaria Legal y Técnica de la Superintendencia de la Suprema Corte de Justicia.
Cómo se defiende José Luis Ramón
Consultado por Los Andes, Ramón explicó que es necesario contextualizar. Durante la época de la causa, específicamente en el año 2004, señaló que “existía una intensa disputa con los abogados que representaban a las entidades financieras. Estos armaban causas contra aquellos que defendían los intereses de los ahorristas estafados por los bancos”.
En relación con el periodo iniciado a partir del 2001, relató que enfrentó “18 causas abiertas para investigar nuestra actuación en el recupero de ahorros”. Sin embargo, nunca lograron encontrar evidencia alguna, resultando absueltos en 17 de esas causas. “Siempre actuamos correctamente”, se defendió.
La causa que, según Ramón, permaneció abierta se origina en una presentación realizada por una ex clienta, de nombre Blanca Elena Riveros en el Colegio de Abogados. Según su relato, todo ocurrió después de que Riveros lo denunciara por quedarse con un monto superior al convenido.
El diputado se defiende y dice que apenas me enteró, “convoqué a Blanca y nos pusimos de acuerdo en que los números eran correctos y ambas partes suscribimos el acuerdo frente a una escribana”.
Este documento, en el cual supuestamente Riveros se retracta y afirma haber sido “convencida” por el personal de la Fiscalía de Estado, de acuerdo a Ramón, “desapareció”. Según sus dichos, del expediente N° 971 del Colegio de Abogados, del cual trata este asunto, solo existe una copia en posesión de él. No hay más copias.
“Nada de esto importó y no me pude defender”, contó Ramón. El Colegio de Abogados continuó el procedimiento y resolvió sancionarlo. “Sin importar, que todo lo que dio inicio a esto, había sido un malentendido que se resolvió, y se aportó las pruebas de descargo”, expresó.
