PAMI no cumple con la medida cautelar dictada por el juez Pablo Quirós y los abogados pedirán la ejecución de la sanción, que es de 300.000 pesos por día.
El juez Quirós extendió el amparo a los afiliados al PAMI de Tucumán.
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El PAMI acumula más de 7 millones de pesos en multas por no aplicar la medida cautelar que dictó la Justicia Federal de Mendoza el 26 de diciembre pasado y que le ordenaba a la obra social de los jubilados restituir la entrega de medicamentos gratuitos, beneficio que restringió a comienzos del último mes de 2024.
La multa fijada por la propia Justicia era de 100.000 pesos por día hasta fines de febrero. Entonces, por el incumplimiento, fue elevada por el juez federal Pablo Quirós a 300.000 pesos diarios. Se trata de esta manera, según los denunciantes, de 2,4 millones de pesos en la primera etapa y 5,1 millones en la segunda. Unos 7,5 millones de pesos en total.
En la Justicia Federal aclaran que las multas no pueden ser ejecutadas de oficio por el juez, sino que esto depende de que la organización que planteó la medida cautelar, Jubypen, haga el reclamo correspondiente. "Las sanciones conminatorias son progresivas, pero son ejecutables en el momento en que las pide el demandante y se inicia entonces un trámite de ejecución". explicaron en tribunales federales.
Recién en ese momento, la Justicia Federal establece el monto definitivo y este es ejecutado, aclararon las fuentes judiciales. Si se hiciera este reclamo, los fondos terminarían en poder de Jubypen, la organización local patrocinada por los abogados del PJ Marisa Uceda y Carlos Blanco, indicaron también en la Justicia.
El expediente de la causa de los medicamentos no tiene novedades desde hace varios días, pero desde Jubypen prometieron que van a ejecutar la multa, además de hacer "todo lo que haga falta para que PAMI cumpla".
Durante todo este tiempo, la obra social se ocupó de apelar y buscar la suspensión de la cautelar, una acción colectiva que tiene efecto sobre todos los afiliados al PAMI de Mendoza.
Sin embargo, no sólo el juez Quirós, sino también los magistrados Marcelo Garnica y Susana Pravata, quienes subrogaron a Quirós durante la feria judicial, confirmaron la suspensión del recorte. Además, a lo largo de lo que va del proceso, quedó a la vista que el incumplimiento podría tener consecuencias penales para las autoridades del PAMI.
La apelación de la obra social contra la cautelar ya fue elevada a la Cámara Federal de Mendoza, que es la que deberá resolver la cuestión de fondo. Pero mientras tanto, deberían primar los efectos del fallo inicial de Quirós, que frenó provisoriamente el recorte de medicamentos por los posibles efectos en la salud de los jubilados.
La resolución del PAMI suspendida disponía que el beneficio de los remedios gratuitos tuviera como condición que los ingresos de los favorecidos fueran inferiores a una jubilación mínima y media, entre otros requisitos.
"En la cautelar se analiza la posibilidad de que en forma sorpresiva el jubilado se encuentre con la interrupción del tratamiento. No es una sentencia que anule la resolución, sólo en un primer análisis resulta desproporcionado dejar sin cobertura a los afiliados bajo un requisito que podría poner en riesgo su salud o hacerlo dejar la medicación", resaltaron fuentes de tribunales federales.
En la Justicia creen que en el último tiempo PAMI ha flexibilizado la entrega de algunos medicamentos gratuitos. Sin embargo, no hay constancia de cumplimiento de la orden judicial de diciembre y las autoridades locales de la obra social se aferran al silencio.
Los Andes tuvo un diálogo breve con el director ejecutivo en Mendoza del PAMI, David Litvinchuk, quien ha mantenido un hermetismo absoluto desde que se dictó la medida cautelar y casi nunca accede hablar con la prensa. El contacto se produjo mientras Litvinchuk, quien además es secretario administrativo del partido La Libertad Avanza Mendoza, presenciaba el sábado al mediodía el Carrusel vendimial desde una de las terrazas del hotel Hyatt.
El directivo prometió entonces que hablaría sobre este y otros temas del PAMI, pero hasta ahora no ha accedido a dar una nota.
En tanto, en la causa, la última intervención del PAMI estuvo a cargo del abogado Guido Carcedo. Fue en una audiencia de las partes en conflicto que se realizó en tribunales federales el 20 de febrero pasado.
La obra social, según lo que se puede leer en el expediente, niega una y otra vez que haya habido una modificación "arbitraria e injusta" del programa "Vivir Mejor".
No obstante, el juez Quirós resolvió tras aquella audiencia lo siguiente: "los afiliados del PAMI al día de la fecha no se encuentran en la misma situación anterior a la entrada en vigencia de las resoluciones suspendidas del día 4/12/2024, que es lo que se dispuso cautelarmente, dado que no están percibiendo el beneficio social -conforme Disposición 05/2017- (para el cual se requiere una nueva inscripción), ni tampoco están recibiendo la cobertura que les brindaba el vademécum de medicamentos esenciales (Plan Vivir Mejor), el que según la propia demandada, en su informe escrito referido ut supra, no ha sido modificado".
Después de este encuentro, el juez Quirós elevó la multa al PAMI de 100.000 a 300.000 pesos diarios.
El último capítulo judicial ocurrió el 27 de febrero pasado y fue la presentación de una denuncia penal en tribunales federales por parte de los abogados Uceda y Blanco, para que la Justicia investigue si Litvinchuk y el director ejecutivo del PAMI a nivel nacional, Esteban Leguizamo, cometieron los delitos de "desobediencia e incumplimiento de los deberes del funcionario" al no respetar la cautelar dictada por el juez Quirós.
Los letrados de Jubypen acusaron a los funcionarios nacionales en base a dos artículos del Código Penal, 238 y 248, los cuales establecen penas de prisión de hasta dos años. Esta denuncia recayó en manos de la fiscal de atención inicial de la Justicia Federal de Mendoza, Cecilia Elmelaj.
Mientras tanto, la causa iniciada en la Justicia Federal está creciendo y ya no sólo involucra a los afiliados de la obra social en Mendoza. El juez Quirós extendió los efectos de la medida cautelar que ordena restituir la entrega gratuita de remedios en Mendoza a todos los afiliados de Tucumán.
Esta novedad se produjo a fines de febrero. En Tucumán, la acción judicial fue impulsada por un diputado del PJ, Carlos Cisneros, y una organización de usuarios, según informó el diario La Gaceta.
Como el primer amparo colectivo se había producido en Mendoza, en Tucumán se declararon incompetentes para actuar y el reclamo llegó al despacho del juez Quirós, quien admitió la adhesión de los jubilados de esa provincia a la cautelar.
Los dos fallos del titular del Juzgado Federal Número 2 ya fueron apelados por la obra social.