Recortes en el fondo de financiamiento del cine nacional, cuota de pantalla eliminada y subsidios que no superen el 50% del costo total son algunas de las reformas culturales que busca la “Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos” (ley ómnibus), impulsada por el presidente Javier Milei y enviada al Congreso de la Nación para su tratamiento en el periodo de sesiones extraordinarias hasta el 31 de enero.
El paquete de leyes dedica su capítulo III al rubro de cultura, empezando por lo vinculado al cine. Actualmente, el Instituto Nacional de Cines y Artes Audiovisuales (INCAA) está gobernado y administrado por un director, subdirector, la Asamblea Federal y el Consejo Asesor. Este último tiene 11 integrantes, seis de ellos que representan a la industria (sindicatos, asociaciones de productores y sociedades de gestión, y otros cinco que son personalidades destacadas de cada región cultural. La nueva normativa establece que ocho de ellos sean designados por el director, ya propuesto antes por el Poder Ejecutivo, es decir, que concentra las decisiones, roza lo discrecional y condiciona la mayoría del Consejo Asesor desde una sola figura.
En tanto, de las funciones de la Asamblea Federal, la iniciativa suprime la de “proteger y fomentar los espacios culturales dedicados a la exhibición audiovisual y en especial a la preservación de las salas de cine”. En muchas localidades del país, son los espacios INCAA los únicos capaces de proyectar producción nacional.
Uno de los puntos más controvertidos es, sin duda, la forma de financiamiento del cine nacional. El INCAA un ente autárquico (sin asistencia del Estado) y hoy se financia con las entradas de cine, la venta de DVD/Blu-ray y las empresas que explotan el espectro radioeléctrico. Es el consumo el que incentiva la producción del mismo cine.
El Fondo de Fomento Cinematográfico (FFC, establecido en la Ley N° 24.377 de 1994), se compone de:
- Impuesto del 10% sobre el precio básico de las entradas de cine, en cualquier ámbito.
- Impuesto del 10% del precio de venta de “videogramas grabados” (DVD o Blu-ray, hoy un mercado casi inexistente en Argentina). Hace unos meses se había analizado que impactara también en las plataformas de streaming, principal forma de consumo audiovisual. Sin embargo, no prosperó.
- El 25% del total de de las sumas efectivamente percibidas por el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), a partir del impuesto a la facturación de los canales de TV y servicios de cable por usar el espectro radioeléctrico.
Pero hay modificaciones y recortes. El artículo 564 de la ley ómnibus reemplaza el artículo 21 de la Ley N° 17.741 (Fomento de la actividad cinematográfica) y sólo menciona el 10% de las entradas para financiar el FFC, quitando el grueso del 25%, su principal fuente para estimular la producción local. El resto dependerá de la partida del Ministerio de Economía.
Un cambio notorio es que el subsidio otorgado para una película en ningún caso podrá significar más del 50% del costo de producción total. En caso de acceder a apoyo financiero, la persona no podrá solicitar otro en dos años. Tampoco habrá créditos a tasa subsidiada, sino sólo las que rijan en el mercado (artículo 573 de la ley ómnibus).
También, el proyecto apunta a un recorte en los gastos operativos y de personal, que no deben superar el 25% de su presupuesto, lo que hace evidente una reducción de trabajadores del INCAA.
Si bien la iniciativa del Ejecutivo mantiene en las obligaciones del FFC el manejo de la Cinemateca Nacional y una biblioteca especializada, el artículo 565 elimina de la lista la Escuela Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica (ENERC), con sedes en varias provincias del país, dejándola a la deriva, sin fondos.
Se quita la obligatoriedad de tramitar una autorización ante el INCAA para que las empresas comercializadoras de películas las difundan a través de otros medios audiovisuales, terrestres o satelitales.
Y entre otras derogaciones varias a la Ley N° 17.741, la ley ómnibus elimina el fomento del INCAA a la producción de cortometrajes -quizá la usina de talentos más importante en la cadena cinematográfica-, la cuota de pantalla para proyectar producciones argentinas, la clasificación de salas y la obligatoriedad de que las películas subsidiadas tengan que estar habladas en castellano.
Polémica por el precio único de libros
La “Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos” propone suprimir la Ley N° 25.542 que fija un precio uniforme de venta al público (PVP) de los libros editados. Lo que en palabras sencillas se traduce a encontrar el mismo valor en papel y formato digital en cualquier librería. De esta manera, tanto grandes cadenas como las pequeñas compiten de igual manera.
En la práctica, el cambio de la normativa del Ejecutivo se traduce a una desregulación de los precios y que cada comercio coloque el valor que le convenga. Aquellos que estén posibilitados de adquirir un stock mayor, accederán seguramente a descuentos y así podrán vender los libros más baratos. No será lo mismo para librerías de barrio o independientes.
Más recortes en teatro y música
En otro orden de cuestiones relacionadas con la cultura, el proyecto de Milei propone derogar la Ley N° 24.800 (“Ley Nacional del Teatro”), sancionada en 1997 y que creó el Instituto Nacional del Teatro, además del Decreto Ley N° 1.224 de 1958 que constituyó el Fondo Nacional de las Artes. En estos dos casos, el texto oficial indica que el Poder Ejecutivo “procederá a la reasignación de los recursos humanos, presupuestarios y materiales” de estas dos entidades. Por lo tanto, eliminados.
En tanto, el Instituto Nacional de la Música (INAMU) pasará a ser un organismo descentralizado bajo la órbita de la misma cartera y se financiará con partidas asignadas por la Secretaría de Cultura en el marco del presupuesto nacional. Las sedes regionales y el Registro Único de Músicos Nacionales y Agrupaciones Musicales Nacionales, eliminados.
