El proceso judicial contra el juez federal Walter Bento dio otro paso esta semana, aunque está un poco lejos de las definiciones aún. El juez federal Eduardo Puigdéngolas cerró finalmente la etapa de instrucción y dispuso la elevación a juicio del magistrado y otros 28 imputados, quienes serán juzgados por un tribunal federal de Mendoza, dentro de algunos meses.
También se produjo otro avance. Fue sorteado el tribunal que llevará adelante el juicio, que será el Tribunal Federal Número 2. Pero apenas está resuelto en este sentido que intervendrá en el juicio el personal del tribunal, no así los magistrados, que podrían excluirse o ser recusados por nexos y vinculaciones con Bento.
El tribunal en cuestión está compuesto por los jueces Héctor Cortés, Pablo Salinas y Roberto Julio Naciff. Sin embargo, nadie asegura que sean ellos quienes juzguen a Bento. Así, en el mejor de los casos, por los trámites y pasos previos, es difícil que el juicio comience hasta 2023.
La defensa del juez actuará en esta instancia: es seguro que recusará por lo menos a Salinas, si no se excusa de intervenir en la causa Bento. La razón es que, como abogado, Salinas presentó una denuncia contra Bento en el Consejo de la Magistratura, en el marco de uno de juicios por delitos de la época de la dictadura militar.
La defensa, que insiste en la argumentación de que la causa tiene componentes políticos y de enemistad personal, en realidad considera que todos deberían que ser jueces “de afuera”, que estén “lo menos contaminados posible”.
La definición del tribunal por parte de la Cámara de Casación penal (que no está en la provincia) es una situación compleja, porque la jurisdicción es muy chica: apenas tiene 6 magistrados. Los nexos a estudiar, ya sean por amistad o enemistad, pueden ser diversos. Es probable que, de todos modos, antes de fin de año se resuelva la integración definitiva del tribunal que juzgará a Bento y el resto de los imputados. Para después de la feria quedaría el inicio de proceso, con etapas preliminares muy cargadas de rituales jurídicos. Sólo la lectura del expediente, que acumula miles de páginas, suele demorar meses en causas como esta.
En este contexto, por ahora lo único que ha quedado resuelto es que el denso expediente que comenzó a formarse el año pasado ha dejado de estar en poder del juez Puigdéngolas y el fiscal Dante Vega, principales protagonistas de la investigación que terminó con el procesamiento de Bento por asociación ilícita, enriquecimiento ilícito y lavado de activos, entre otros delitos, y numerosos pedidos de prisión preventiva.
Mejor dicho, casi toda la causa cambió de manos: ha quedado pendiente la indagatoria a uno de los tres hijo del juez. Se trata de Luciano Bento, empleado judicial, quien sería indagado por los bienes a su nombre, pero todavía no hay fecha definida para la audiencia.
Casi todos los otros miembros de la familia Bento fueron procesados en la causa original: Nahuel y la esposa del juez, Marta Boiza. Solamente el tercer hijo de la pareja, que padece una incapacidad, quedó completamente afuera de la pesquisa. Se trata del hijo cuya enfermedad Bento señaló como la razón de los constantes viajes a Estados Unidos de la familia.
También hay personas a las que en el juzgado de Puigdéngolas se les dictó falta de mérito, un beneficio frágil para los imputados porque significa que no se han despejado todas las dudas sobre ellos.
Bento, el eje
La causa desde ya involucra a buena parte del círculo familiar del juez, abogados, ex policías y civiles, todos como parte de una trama sorprendente, en la que Bento habría sido el eje: según el fiscal y el juez, solicitaba a través de una aceitada red de intermediarios, coimas a cambio de beneficios judiciales para las personas sujetas a investigación.
A pesar de la gravedad de estas acusaciones, Bento sigue ejerciendo como titular del Juzgado Federal Número 1 y como juez con competencia electoral en la provincia. Los fueros lo protegerán de la cárcel hasta que eventualmente el Jury de Enjuiciamiento lo considera culpable.
Nada de esto ha cambiado desde hace meses, a pesar de que Vega y Puigdéngolas, con el respaldo de fiscales de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), ya cerraron la investigación judicial con severos cargos en contra del juez.
Consejo de la Magistratura
Mientras tanto, este miércoles, la comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura tomó nuevos testimonios en el marco de la causa por mal desempeño, que comenzó unos meses después de la investigación judicial.
Tonelli y la consejera Jimena de la Torre consultaron a funcionarios de la Justicia Federal de Mendoza cuya declaración había solicitado la defensa de Bento. También prestó declaración el principal sospechoso del asesinato de Diego Aliaga, Diego Barrera, un controvertido testigo que está preso porque habría sido el responsable del crimen que desató la causa Bento.
La declaración fue cerrada (sin transmisión en vivo) porque la gravedad del proceso al que está sometido Barrera. “Tiró mugre para todos lados, contra el fiscal Alcaraz y contra Bento”, señaló una fuente que oyó su exposición.
En la Magistratura se desarrolla un capítulo crucial. Allí se tiene que resolver si Bento es suspendido o no del cargo de juez. Este proceso allí se sigue extendiendo, casi al límite de los mandatos de sus integrantes actuales, ya que las nuevas autoridades asumen el 20 de este mes. Entre ellos se encuentra el principal acusador del magistrado mendocino, el diputado del PRO Pablo Tonelli.
Este miércoles, además de Barrera, se expresaron en la audiencia las y los funcionarios judiciales Maria Gabriela Curri, Magali Boulet, Gabriela America del Campo, Florencia Elias y Martin Pereyra Carlomagno. Tal como esperaba la defensa, no surgió de estas exposiciones que hubieran visto irregularidades en los procesos que llevaba adelante Bento.
La defensa de Bento opera más que nada en ese ámbito por estas horas. Asegura que los consejeros de la Magistratura deberían escuchar más testimonios de los que recabaron y este jueves volverá a presentar un escrito para argumentar que la causa “está armada”. El tiempo que ganen los abogados juega a favor del magistrado acusado.
