La decisión del presidente Javier Milei de designar en comisión a Ariel Lijo y Manuel García Mansilla en la Corte Suprema por decreto, generó todo tipo de repercusiones políticas a nivel nacional, tanto a favor como en contra.
Los legisladores nacionales han sido uno de los pocos dirigentes mendocinos que se expresaron respecto a la polémica medida de Javier Milei para la Corte Suprema.
Julio Cobos y Anabel Fernández Sagasti. Imagen de Archivo
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La decisión del presidente Javier Milei de designar en comisión a Ariel Lijo y Manuel García Mansilla en la Corte Suprema por decreto, generó todo tipo de repercusiones políticas a nivel nacional, tanto a favor como en contra.
No obstante, en Mendoza hasta el momento hay pocas manifestaciones, al menos en redes sociales, respecto a la polémica decisión del mandatario nacional.
Uno de ellos fue Julio Cobos, diputado nacional, que ha sido de los más críticos respecto del nombramiento por decreto de Lijo y García Mansilla, al indicar que "una institución tan importante como la Corte Suprema de Justicia de la Nación, cabeza de otro poder del Estado, requiere toda la legalidad y legitimidad para su composición".
"El trámite correcto es tratarlo en sesión en el Senado de la Nación y someterlo a votación, esto no ha sucedido porque el oficialismo no ha convocado a esa sesión. De hecho, uno de los pliegos propuestos tiene dictamen y está listo para ser tratado", mencionó en X.
Acto seguido, manifestó que "si no se consigue los consensos suficientes, el Ejecutivo posee todas las herramientas en sus manos, tiene la posibilidad de retirar los pliegos y hacer una nueva propuesta, donde por cierto la postulación de una mujer sería muy bien recibida".
"Advertimos en su momento al presidente Macri que no era el accionar correcto, lo volvemos hacer ahora al Presidente Milei y le pedimos que siga los canales constitucionales correspondientes, sin atajos ni recursos endebles", finalizó.
Desde el peronismo, la senadora nacional Anabel Fernández Sagasti, evitó la opinión personal por el momento, pero posteó un comunicado de Unión por la Patria, con la que marcaron que "sin acuerdo del Senado, no habrá Juez de la Corte".
"El interbloque de senadores y senadoras nacionales de Unión por la Patria rechaza de forma categórica la designación de los doctores Ariel Lijo y Manuel García Mansilla para integrar la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la categoría 'en comisión' y por decreto, por tratarse de una maniobra que viola de manera tajante lo dispuesto por la Constitución Nacional y la normativa vigente", indicaron.
Y expresaron que "de esta manera, una vez más, el presidente Javier Milei vuelve a violar la Constitución y las leyes y a arrogarse facultades que le están vedadas al Poder Ejecutivo".
"Desde nuestra bancada, el pasado 26 de noviembre, ya habíamos anunciado nuestro compromiso de rechazar de plano el pliego de cualquier persona que acepte ser designado juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación 'en comisión' y por vía de decreto del Ejecutivo, dado que de esa manera se incumplirían los mecanismos de designación para miembros del Máximo Tribunal que disponen las normativas establecidas".
Indicaron que "esta forma de designación es manifiestamente inconstitucional y conforma una nueva afrenta al sistema republicano, democrático y federal establecido por la Constitución de la Nación Argentina. De esta manera, el presidente Milei comete un ejercicio arbitrario de las facultades del Poder Ejecutivo, quiebra el orden constitucional y el Estado de Derecho".
Y finalizaron: "Es evidente que el presidente Milei pretende la impunidad ante los hechos de flagrancia que son de público conocimiento".
Como era de esperar, la conducción de La Libertad Avanza defendió la decisión de Javier Milei por el nombramiento de Lijo y García Mansilla.
Para el diputado nacional Facundo Correa Llano, presidente de LLA Mendoza, esta medida "busca normalizar el funcionamiento del tribunal, que opera con solo tres ministros" y que mientras tanto, "el Ejecutivo continuará con el trámite legislativo para que el Senado otorgue los acuerdos correspondientes".
"Desde el 27 de mayo de 2024, la Cámara Alta debió tratar los pliegos, pero no avanzó en el proceso, pese a que los candidatos cumplieron con todos los requisitos", acotó.
Y finalizó: "Con esta decisión, el Gobierno garantiza el pleno funcionamiento de la Corte y la institucionalidad del sistema judicial".